Justicia creará 60 plazas de fiscales para ampliar la plantilla ante el cambio de instrucción de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal

El Ministerio de Justicia prepara el terreno para su proyecto de que sean los fiscales, y no los jueces como ocurre actualmente, quienes instruyan las investigaciones judiciales. Una medida que plantea adoptar próximamente consiste en aumentar la plantilla de fiscales.

Confidencial Digital ha consultado el “Proyecto de Real Decreto por el que se amplía la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal para adecuarla a las necesidades existentes”, que el departamento que dirige Pilar Llop prevé aprobar este año 2020.

Con este real decreto se modificará la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal, mediante la creación de 60 nuevas plazas de fiscal repartidas por distintos tribunales de toda España.

El primer objetivo del ministerio con esa ampliación del número de fiscales es “hacer frente al déficit de plazas existente en la actualidad y al desequilibrio entre los miembros de la carrera fiscal y el número de plazas de plantilla orgánica, teniendo en cuenta principalmente el número de abogados fiscales que han tenido que quedar en expectativa de destino”.

Pero Justicia también apunta otros objetivos que busca al ampliar en 60 el número total de fiscales. Así consta en la documentación que acompaña al proyecto de real decreto, que ha consultado Confidencial Digital.

Los fiscales se encargarán de investigar

El ministerio señala que pretende, con ese aumento de plantilla, “afrontar nuevas funciones atribuidas a la Fiscalía”. Explica que desde la última modificación de su plantilla en 2019, la Fiscalía ha tenido que hacer frente a nuevas funciones como consecuencia de las reformas legislativas efectuadas.

Cita el caso de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia, “que otorga al Ministerio Fiscal un importante papel en relación con las funciones tuitivas de los menores y que prevé incluso una futura modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal a los efectos de especialización de los fiscales en la materia”.

Pero hay otros motivos: “La realidad exige cada vez más una potenciación de la actividad investigadora del Fiscal que le permita desplegar su estrategia procesal con eficacia y gestionar adecuadamente el procedimiento judicial”.

Además, Justicia explicita que “la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal requiere la ampliación progresiva de la plantilla del Ministerio Fiscal, pues a semejanza de la Fiscalía Europea el camino emprendido es que la función investigadora recaiga en el fiscal, lo que supone la necesidad de una mayor dotación de medios personales”.

Por tanto, el aumento en 60 fiscales es una medida en el camino de implantar en el futuro la ‘revolución’ que consistiría en que la instrucción e investigación de los casos pase de los jueces a los fiscales.

Un plan de Campo que ha heredado Llop

Esta medida, que supondría un auténtico ‘terremoto’ en la justicia española, es un proyecto de la etapa de Juan Carlos Campo como ministro de Justicia, y que ha heredado Pilar Llop.

ECD adelantó el principal cambio en octubre de 2020, que finalmente se concretó en el anteproyecto de ley que Campo llevó al Consejo de Ministros en noviembre de ese mismo año.

La idea es transformar el proceso de instrucción judicial. De aprobarse esta reforma legal, desaparecerán los jueces de instrucción, y será un fiscal o un equipo de fiscales quienes dirijan la investigación.

El juez quedaría como una figura de garantía de los derechos, y tendría que autorizar las medidas que solicitara el fiscal cuando afectara a los derechos de los investigados: medidas cautelares, prisión provisional, órdenes de entrada y registro, intervención de las comunicaciones, secreto de la investigación, medidas de protección de las víctimas...

Sin cálculos de cuántos fiscales harán falta

El proyecto supondría “un cambio estructural e infraestructural absoluto”, concluían desde el Ministerio Fiscal. Ese cambio obligaría a aumentar la plantilla de fiscales: los 2.500 fiscales serían muy insuficientes para asumir la tarea de instrucción.

Meses después de que el anteproyecto llegara al Consejo de Ministros, ni la Fiscalía General del Estado ni el Ministerio de Justicia tenían un cálculo de cuántos fiscales más harán falta en la carrera para que la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal eche a andar, y así lo contó ECD.

Una opción que se baraja es abrir una pasarela para que jueces de instrucción pueda convertirse en fiscales, en parte de esos futuros fiscales que instruirán las causas en los tribunales.

Habrá 2.613 fiscales

Según el Real Decreto 255/2019, de 12 de abril, por el que se amplía la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal para adecuarla a las necesidades existentes, la plantilla vigente del Ministerio Fiscal es de 2.553 fiscales en total, que se distribuyen en tres categorías:

-- Primera categoría: 26 Fiscales de sala, de los que el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo tiene la consideración de presidente de sala de dicho tribunal.

-- Segunda categoría: 1.890.

-- Tercera categoría: 637.

El proyecto de nuevo real decreto de plantilla orgánica aumenta en 60 las plazas: el total de efectivos de la Carrera Fiscal queda constituido por 2.613 fiscales, distribuidos en las siguientes categorías:

-- Primera categoría: 26 Fiscales de Sala, de los que el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo tiene la consideración de Presidente de Sala de dicho Tribunal.

-- Segunda categoría: 1.942.

-- Tercera categoría: 645.

Una plaza más en la Audiencia Nacional

Entre otras, Justicia planea crear dos plazas en la Fiscalía General del Estado. Serán dos plazas de segunda categoría de fiscal adscrito al Fiscal de Sala para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores.

En la Fiscalía de la Audiencia Nacional se crearía una plaza de segunda categoría.

Madrid, Cataluña, Andalucía

El resto de las plazas corresponden a fiscalías territoriales. En Madrid se crearían “seis plazas de segunda categoría para la Fiscalía Provincial de Madrid; una plaza de segunda categoría para la Sección territorial de Alcobendas de la Fiscalía Provincial de Madrid; una plaza de segunda categoría para la Fiscalía de Área de Alcalá de Henares; una plaza de segunda categoría para la Fiscalía de Área de Getafe-Leganés y una plaza de segunda categoría para la Fiscalía de Área de Móstoles”.

También habrá un refuerzo importante en Cataluña: “Dos plazas de segunda categoría para la Fiscalía Provincial de Barcelona; una plaza de segunda categoría para la Sección Territorial de Badalona; una plaza de tercera categoría para la Fiscalía de Área de Granollers; una plaza de segunda categoría para la Fiscalía de Área de Sabadell; una plaza de tercera categoría para la Fiscalía de Área de Terrassa; una plaza de segunda categoría para la Fiscalía de Área de Villanova i la Geltrú-Gavá; una plaza de tercera categoría para la Fiscalía de Área de Mataró-Arenys de Mar; una plaza de segunda categoría para la Fiscalía Provincial de Girona; una plaza de segunda categoría para la Fiscalía Provincial de Lérida”.

Y en Andalucía, la otra comunidad donde Justicia plantea refuerzos importantes de fiscales, se creará “una plaza de segunda categoría para la Fiscalía Provincial de Granada; una plaza de segunda categoría para la Fiscalía Provincial de Almería y una plaza de tercera categoría para la Sección Territorial de El Ejido; una plaza de segunda categoría para la Fiscalía Provincial de Cádiz; tres plazas de segunda categoría para la Fiscalía Provincial de Sevilla; una plaza de segunda categoría para la Fiscalía Provincial de Málaga, una plaza de segunda categoría para la Fiscalía de área de Marbella y una plaza de segunda categoría para la Sección Territorial de Fuengirola”.

Pero también habría refuerzos en Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, Comunidad Valencia y País Vasco.