Justicia ni siquiera ha calculado cuántos fiscales harán falta para aplicar la nueva ley de instrucción

El Ministerio Público tampoco sabe el número necesario para incrementar la plantilla. Se baraja crear un puente entre la carrera de juez y fiscal en el que se exista movilidad varias veces durante la carrera

El ministro de justicia, Juan Carlos Campo, en el acto de presentacion de la Guía para el Uso Forense del ADN.
El ministro de justicia, Juan Carlos Campo, en el acto de presentacion de la Guía para el Uso Forense del ADN.

El Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal que el Ministerio de Justicia está tramitando supone una revolución de la instrucción de los procesos penales, pero la viabilidad de su aplicación todavía está en pañales. Ni la Fiscalía General del Estado ni el Ministerio que dirige Juan Carlos Campo, preguntados por este diario, tienen un cálculo de cuántos fiscales más harán falta en la carrera para que la ley eche a andar. 

La Fiscal General Dolores Delgado lleva varias semanas de reuniones tanto con asociaciones como con los fiscales superiores de las Comunidades autónomas y los fiscales de Sala para acordar las aportaciones a la normativa. Pero fuentes fiscales ven básico comenzar por un estudio profundo de las debilidades actuales de la carrera, la carga de trabajo y, sobre todo, el cálculo de cuánto se debe incrementar la plantilla. 

Las incógnitas que sobrevuelan el cómo poner a rodar la ley son diversas. Las propuestas pasan, por ejemplo, los actuales jueces instructores se conviertan a fiscales para así engrosar la Fiscalía que actualmente cuenta con unos 2.500 trabajadores. Sin embargo, esta opción puede no ser bien recibida por los jueces. La duda transita entre sacar a concurso más plazas de fiscales, unificar las carreras desde el principio hasta el final o, incluso, hacer una opción flexible en la que una misma persona pueda ser una etapa de su vida como juez y otra como fiscal. 

Si en algo coinciden todas las fuentes consultadas es que la prioridad número uno debería haber sido realizar un estudio profundo de la carga de trabajo actual por ratio de fiscales. Un estudio que, por otro lado, debería partir del Ministerio pues es de quien depende el presupuesto. El periodo público para presentar aportaciones termina el 8 de marzo y la intención del ministro Campo es que la Ley se apruebe antes de que termine el año, aunque en el Ministerio explican que tendrá un vacatio legis’(plazo de aplicación) de seis años. 

Por eso, aparejado al inicio del Anteproyecto, fuentes fiscales indican que es indispensable hacer una reforma del Estatuto Fiscal que es de 1981. Y ya que se abre este melón, dicen estas voces, que podría aprovecharse para hacer una reforma profunda del Estatuto que organice las Fiscalías y que, además, consiga blindar a los fiscales de cualquier injerencia del Gobierno. 

Autonomía presupuestaria

Las tres asociaciones de fiscales existentes coinciden: lo más importante es la autonomía presupuestaria. Remarcan que para que el Ministerio Público pueda tener esa independencia que a veces se cuestiona debe tener su presupuesto propio para poder gestionarlo, como así ocurre con los jueces y el Consejo General del Poder Judicial.

“Si seguimos dependiendo del Ministerio de Justicia nunca seremos autosuficientes. Si nosotros no tenemos capacidad para autoreglarnos y dependemos de que cualquier reglamento que venga del Ministerio de Justicia, seguimos anclados a ellos”, explica Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera.  

Apuntan al CGPJ hace sus propias estadísticas y encuestas que publican anualmente y que da una medida de cómo está la carrera mucho más afinada que la que tiene la Fiscalía. 

La independencia del superior

La Fiscalía tiene una estructura totalmente jerárquica en la que en la cúspide está la Fiscal General del Estado que es quien concentra la mayor parte del poder. Como esta figura es colocada por el Gobierno, la apariencia de independencia es, en ocasiones, difícil de sostener. Por eso, parte de la carrera y la propia Dolores Delgado se han mostrado favorable a hacer cambios que vayan en la línea de ser más independientes. 

 

“Es un estatuto pensado para una férrea jerarquía que, a día de hoy, tiene que ser retirada”, indica Juan Antonio Frago, portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). 

La tercera de las asociaciones, la Unión Progresista de Fiscales, propone que el mandato del Fiscal General no coincida con el Ejecutivo, como actualmente, sino que tenga un periodo de cinco o seis años. De manera que cuando cese el Gobierno, no tenga que acabar necesariamente el mandato del Fiscal General como ocurre actualmente.  

Con este argumento coincide la Asociación de Fiscales, quien también reclama tener más autonomía del superior. “Hay que velar porque el fiscal que está investigando pueda hacerlo sin presiones. Tiene que tener muy claro la forma de discrepar con un superior”, relata Dexeus. En este sentido proponen crear un sistema de quejas por escrito. 

Asimismo proponen que las comunicaciones entre el Gobierno y la Fiscalía sean siempre por escrito y no como ahora, que está previsto que el Fiscal General pueda ser llamado al Consejo de Ministros. 

Algunos consideran necesario también eliminar el artículo 40 del Estatuto, por ejemplo, que indica que un Fiscal Jefe pueda trasladar a otro por "disidencias graves". "Por disidencias, no hace falta ni siquiera haber incurrido en una infracción", explica Frago. Para él esto limita mucho la autonomía que los fiscales puedan tener de sus superiores.  

Sobre el Consejo Fiscal las tres asociaciones se muestran favorables a que deje de ser un órgano consultivo -ya que es el único cuyos miembros elige la propia carrera- y sus decisiones se vuelvan vinculantes. Esto implica que los nombramientos de la cúpula fiscal, que ahora solo dependen de la fiscal general, pasen a tener el voto de los miembros del Consejo. “El Fiscal General ahora mismo tiene un poder muy relevante en la carrera fiscal porque no tiene ningún tipo de freno o contrapeso, más allá de la Junta de Fiscales de Sala”, dice Dexeus. 

Por su parte, la APIF propone "baremar" los méritos. “Es decir que si a un puesto se presentan tres personas, estos sepan ya de antemano que una tesis doctoral vale tantos puntos, conferencias impartidas valgan tantos puntos, libros o artículos valgan tantos puntos… porque ahora corresponde a criterios de amiguismo”, reivindica Frago.  

Las formación y ampliación de la plantilla

En lo relativo a la formación, la Asociación de Fiscales ha propuesto unificar la formación de jueces y fiscales después de las oposiciones. Estas son iguales para los dos, pero luego los jueces cuentan con dos años de práctica entre la Escuela Judicial y el trabajo en un juzgado, mientras que los fiscales tienen, bajo su criterio, una “escueta formación inicial”. “Resulta absolutamente extraño que una oposición que es común, luego acabe con una preparación para ser fiscal mucho más liviana”, dice Dexeus. 

Además, la Asociación de Fiscales es partidaria de hacer una correa de transmisión entre ambas carreras en la que se pudiera cambiar entre una judicatura y otra a lo largo de la vida laboral. “Con un límite máximo de posibilidades de cambios de carrera y con la consolidación máximo en el destino. Al menos un plazo de dos años, por ejemplo”. 

Una postura en la que los fiscales progresistas están de acuerdo. “Una única carrera judicial está funcionando bien en otros países. Se permite además con ciertas garantías y cautelas el trasvase, el movimiento de una carrera a otra porque puedes trabajar desde ambas perspectivas”, argumenta la presidenta de la Unión Progresista de Fiscales, Teresa Peramato. 

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