La Justicia protesta: de esencial en el confinamiento a marginada en la vacunación

El decano del Colegio de Abogados de Madrid, con 77.000 colegiados, solicitó en enero a las autoridades sanitarias que al menos los letrados del turno de oficio quedaran incluidos en el grupo prioritario de vacunación. La respuesta por carta del Ministerio de Sanidad fue escueta y alegaba que no era posible, según las fuentes consultadas. Desde entonces miles de personas se han vacunado, pero nadie es prioritario en la Administración de Justicia y muchas voces críticas consideran que el Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, no ha peleado lo suficiente por el colectivo. 

La Asociación de letrados de la justicia gratuita (ALTODO) también ha enviado diferentes cartas al Ministerio de Justicia, Consejería de Sanidad y Consejería de Justicia con menos éxito que la del Colegio de Abogados porque ni siquiera han obtenido respuesta. “A nosotros durante el confinamiento no se nos dejó dejar de trabajar. No pedimos ir por delante de la policía, pero sí queremos entrar en los grupos prioritarios”, explica el director de la asociación Juanma Mayllo. 

El colectivo considera que su trabajo durante el primer estado de alarma fue muy necesario asistiendo de forma presencial a todos los detenidos en diferentes juzgados de toda España. Aclaran, además, que incluso hoy el teletrabajo en este sentido no es posible y, por tanto, tienen un alto riesgo de contagio. “Somos un vector de contagio muy importante. Estamos yendo a comisaría, vas en transporte público, luego vas a otro juzgado en muchos no hay distancia…”, dice Mayllo. 

“Yo me imagino que Sanidad no conoce el funcionamiento de la guardia del turno de oficio, pero supongo que el ministro de Justicia sí lo debe conocer”, apostilla. El Ministerio de Sanidad, consultado por ECD, argumenta que la elección de los grupos prioritarios no depende directamente de ellos, sino que se debate entre el grupo de experto que traslada la propuesta a la Comisión de Salud Pública que es quien finalmente lo aprueba. 

Hasta ahora el protocolo de vacunación se ha actualizado cinco veces y fuentes de Sanidad explican que está abierto a siguientes modificaciones. El Ministerio de Justicia, por su parte, no ha contestado a preguntas de este digital sobre si han solicitado o no la inoculación de las dosis antes para todos los trabajadores de su competencia. 

Este sentimiento de enfado se extiende entre los trabajadores del Registro Civil que han estado durante toda la pandemia de cara al público. Y lo mismo ocurre con los funcionarios de la administración. “Llevamos pidiéndolo desde noviembre”, explica Victoria Carrero delegada de Justicia del sindicato UGT. “Ellos consideran que nosotros en las oficinas judiciales si tenemos mascarillas, mampara, cita previa y controlamos el aforo no somos grupo prioritario”. 

Según fuentes sindicales el Secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero, y la directora general para el Servicio Público de Justicia les relató específicamente en una reunión que habían hecho la petición a Sanidad, pero que esta había sido rechazada. 

“Dentro del cuerpo hay unos compañeros más expuestos que otros”, explica Raul Asensio, portavoz del Sindicato de los Letrados de la Administración de Justicia. En esta línea explica que deberían revisarse determinados puestos de trabajo para que estos no fueran los últimos de la fila en tener inmunidad. “Consideramos además que ya no solo con las vacunas, sino con las pruebas”, expresa. 

Los altos tribunales 

Al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional, las dos instancias superiores en España, suelen llegar magistrados en la última fase de su etapa profesional. Por eso, la media de edad está entre los 60 y los 70 años y es justo esa etapa en la que los ciudadanos han quedado en el “limbo” después de los vaivenes de AstraZeneca. 

En el Supremo la edad máxima para jubilarse son los 72 años, por lo que no entraban en el primer grupo de riesgo. Fuentes del alto tribunal explican que algunos miembros sí que han ido vacunándose en su centro de salud, pero que el grueso de los magistrados todavía no lo está. Aunque lo cierto es que en las cinco Salas que lo componen muchos están teletrabajando y entienden que su riesgo es menor. 

En el Constitucional, por su parte, se ha dado la situación paradójica en la que el presidente del tribunal, Juan José González Rivas, no estaba vacunado pero sí todo su grupo de escoltas. En este sentido, a algunos por edad sí les ha llegado ya el turno como a Alfredo Montoya de 84 años, pero el grueso de los magistrados y trabajadores tampoco están inmunizados. 

Lo mismo ocurre con la Audiencia Nacional aunque en este complejo han surgido imprevistos en las últimas semanas por este motivo. A principios de abril se suspendió el juicio de la ‘Caja B’ cuando iba a declarar el cabecilla de la ‘Gürtel’ Francisco Correa porque al presidente del tribunal le citaron para vacunarse. Una cita como esa no puede esperar y así lo hizo también el juez Manuel García-Castellón que interrumpió hace una semana las declaraciones del exministro Miguel Sebastián en el caso de Villarejo para ir a ponerse la primera dosis.