Judicial

La presidenta de ‘Infancia Libre’ denuncia ante el Supremo que la Policía vigiló su casa con un dron

Los agentes reconocieron en el juicio haber grabado desde el aire. Las imágenes captadas justificaron la entrada y registro del domicilio

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La presidenta de la Asociación ‘Infancia Libre’, María Sevilla Sánchez, ha presentado un recurso a su condena en el Tribunal Supremo que se centra en demostrar que la Policía vigiló su casa con un dron sin autorización judicial para justificar la entrada. La Audiencia Provincial de Madrid condenó a Sevilla Sánchez el pasado 29 de diciembre a dos años y cuatro meses de cárcel por sustracción de menores.

En el recurso, al que ha tenido acceso Confidencial Digital, la defensa alega que se vulneró el derecho a la inviolabilidad de su domicilio porque la Unidad de la Policía Judicial adscrita al Juzgado de Plaza de Castilla realizó ilegalmente un dispositivo de grabación aéreo. 

Los agentes querían comprobar si el menor estaba en el interior del domicilio y, para ello, utilizaron estos medios técnicos que esquivaron las vallas que rodeaban la parcela de la casa. Sin embargo, estas imágenes no aparecen en el atestado que consta sobre las actuaciones de la policía, donde hacen mención a una vigilancia de espera básica sin detallar la utilización de ningún medio tecnológico. 

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Fue durante el juicio cuando uno de los policías de la unidad habló sobre este asunto: 

Fiscal: ¿y eso es lo que determina que pidan ustedes un auto de entrada y registro? 

Agente: No, eso ya… bueno pues, nosotros lo que queríamos era ver a los niños y tener absolutamente la certeza de que estaban ahí dentro y eso fue un día concreto, un 29 de marzo, cuando a través de medios técnicos se observa efectivamente lo que es en el ocaso del día, ya prácticamente empazaba a anochecer cuando ya por medios técnicos se observa a los niños que salen de la parcela, a partir de ahí se solicita un mandamiento de entrada y registro 

Letrado: ¿Ha dicho usted que vieron salir a los niños con medios técnicos? 

Agente: Sí 

Letrado: ¿Qué medios técnicos utilizaron? 

Agente: Pues una cámara 

Letrado: ¿Solicitaron autorización judicial? 

Agente: la cámara eran medios técnicos, eh… medios técnicos aéreos 

La Audiencia Provincial de Madrid reconoció que las imágenes del interior de la parcela se captaron sin autorización judicial, pero justificó este hecho por considerar que la zona ajardinada de la parcela anexa a la vivienda no constituye domicilio. La defensa, sin embargo, sostiene que fueron estas imágenes las que motivaron la concesión del permiso para entrar en la vivienda y que, de acreditarse que fueron tomadas de forma ilícita, debería anularse el resto del proceso. Por su parte, fuentes de la Policía señalan que se habló con la juez previamente y que no se da ningún paso sin el permiso de ella. 

El recurso añade jurisprudencia del Tribunal Supremo, en concreto, una sentencia de marzo de 2017 en la que los magistrados explican que “el jardín circundante a un chalet debe ser considerado como parte del domicilio de su titular legítimo, en donde ejerce su intimidad, aunque la puerta de acceso al mismo esté abierta”. 

“La utilización de dispositivos electrónicos para la captación y grabación de imágenes en el domicilio de la investigada no es una prueba ordinaria más, sino que constituye un grado de invasión en la privacidad del individuo de una magnitud tal, que requiere un cuidado escrupuloso en su adopción”, explica el abogado Vicente Tovar en el recurso. 

Otra investigación por ‘Infancia Libre’

Esta Unidad de la Policía Judicial de Plaza de Castilla realizó un informe en el que explicaban que la Asociación que dirigía la condenada, ‘Infancia Libre’, actuaba como una organización criminal y vinculaban a ella a 25 personas. 

Este informe fue archivado por la Fiscalía de Madrid en enero de 2020 al no apreciar datos objetivos del funcionamiento de la red ilícita. Dos de las madres que figuraban en el informe denunciaron al exjefe de esta unidad de Policía, Pedro Agudo -quien recientemente ha ascendido a comisario- por delitos de denuncia falsa, falsedad documental y revelación de secretos. 

El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid ha abierto una investigación, tal y como contó Confidencial Digital, por estos hechos. Las denunciantes consideran que la policía les ha causado un perjuicio personal por haber recogido en un informe “datos completamente falsos” y “testimonios que faltan a la verdad”. 

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