Judicial

La macrodemanda de la hostelería por el cierre “ilegal” durante el primer estado de alarma llegará al Supremo en septiembre

1.200 profesionales de toda España reclamarán el dinero perdido por el cese de actividad en la primavera de 2020. Se prevé que la sentencia esté lista en 2024

Terrazas con gente separadas por el covid.
photo_camera Terrazas con gente separadas por el covid.

Hace un año y medio, empresarios de la hostelería, hoteleros y de ocio nocturno se movilizaron para reclamar al Gobierno central y a cada una de las 17 comunidades autónomas las pérdidas que habían sufrido por el cierre de los negocios durante el primer estado de alarma.

Este primer estado de alarma, recogido en el Real Decreto 463/2020, implicó confinamiento domiciliario y duró desde el 14 marzo hasta el 21 junio de 2020. Finalmente, meses después, el Tribunal Constitucional debatió su legalidad y con seis votos en contra y cinco a favor, se declaró inconstitucional.

Asimismo, tres meses más tarde, en octubre de 2021, también se declaró inconstitucional el segundo estado de alarma. 

1.200 participantes en la demanda

En esta macrodemanda contra el Gobierno y las comunidades autónomas han participado un total de 1.200 empresarios de los sectores citados. El objetivo de todos es el mismo, que se les indemnice por las pérdidas que tuvieron que soportar durante el primer estado de alarma al permanecer cerrados. 

“Entre todos ellos han perdido cientos de millones de euros”, ha explicado a Confidencial Digital, Diego Solana, de Cremades & Calvo Sotelo, despacho que se encarga de llevar el caso.

Por ello, después del verano, en concreto en el mes de septiembre, dicha demanda se presentará ante el Tribunal Supremo, en la sala tercera de lo Contencioso Administrativo. 

Primero han presentado las reclamaciones ante la Administración

Pero para llegar al alto tribunal, del que esperan que dicte sentencia en 2024, han tenido que pasar por un largo proceso. Y es que, antes de interponer la demanda ante el Supremo, “la normativa exige primero reclamar las cuantías ante la Administración”, ha apuntado Diego Solana. 

Estas reclamaciones ante la Administración se han ido presentando por bloques. Las primeras 100 llegaron en el mes de febrero de 2021, pero posteriormente se iban presentando en paquetes de 100 y 200. 

Pero la Administración no ha respondido a las reclamaciones en el plazo estipulado, que es de seis meses. Por ello, tras haber presentado todas las reclamaciones y haberse mantenido silente, ahora es cuando han podido dar el siguiente paso, acudir a la sala tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo.

 

Una vez finalizado el proceso, desde Cremades & Calvo Sotelo quieren continuar presentando reclamaciones pero esta vez sobre el segundo estado de alarma.

Las demandas han sido preparadas por el despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo, especialistas en la gestión de asuntos judiciales de miles de afectados y que cuenta en su equipo con exmagistrados del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, Letrados del Consejo del Estado y Catedrático de diferentes Universidades. 

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