El magistrado del Constitucional investigado por maltrato abre la puerta a dejar el Tribunal

Preocupación. Esa es la palabra que impera en el Tribunal Constitucional esta semana a las puertas de la declaración de Fernando Valdés. El magistrado declara el jueves ante el Tribunal Supremo por un presunto delito de malos tratos a su esposa, por el que fue detenido el pasado 11 de agosto. Valdés ha puesto a disposición del presidente del Constitucional, Juan José González Rivas, su cargo si considera que el transcurso de la investigación perjudica la imagen de la institución. 

El magistrado pidió la pasada semana la baja temporal por razones de salud y ha estado hospitalizado.Valdés sufre una grave enfermedad desde hace tiempo. Los miembros del Constitucional están en permanente contacto con él, según indican fuentes, preocupados tanto por su salud como por el proceso judicial que se ha iniciado a instancias de la Fiscalía. 

Los motivos para un cese 

El cese de un magistrado, recogidos en el artículo veintitrés y veinticuatro de la Ley Orgánica del TC, se producirá inmediatamente si se declara responsable o condenado por un delito. Pero también cabe la renuncia del propio magistrado que el presidente del Tribunal debe aceptar. 

También es posible que un magistrado del Constitucional sea suspendido como medida previa en caso de procesamiento, por el tiempo “indispensable” para resolver alguna de las causas de cese. En este caso se necesitaría someterlo a votación de las tres cuartas partes de los miembros del Pleno.

Este escenario todavía no se ha contemplado. Aunque en ocasiones se ha comparado con la situación del exmagistrado Enrique López y ahora Consejero de Justicia del PP -que renunció a su cargo tras saltarse un semáforo en rojo, ir sin casco en la moto y cuadruplicar la tasa de alcoholemia una noche- , lo cierto es que fuentes del Alto Tribunal explican que no pueden medirse con la misma vara. López fue pillado cometiendo un delito, mientras que de Valdés todavía tiene que acreditarse que así fuera. 

De hecho, el magistrado de 72 años defiende su inocencia. También su esposa, que a posteriori, ha declarado que lo sucedido se enmarca en una discusión y que pudo tener algo que ver el efecto de la medicación que toma. Llevan casados 54 años y ella no quiso formalizar denuncia. Al defender que no ha cometido delito, el magistrado se ha negado a dimitir, pero con el transcurso de la investigación ha ido abriendo esta puerta.  

Si se eligiera a un nuevo magistrado, tendría que terminar de cumplir el mandato de Valdés y, posteriormente con la renovación del Tribunal, podría ser reelegido si ha estado menos de tres años. Fernando Valdés es magistrado del Constitucional desde 2012, a propuesta del PSOE y su jubilación estaba muy cercana ya que forma parte de la tanda de profesionales a los que toca renovar cuando Gobierno y oposición se pongan de acuerdo en un pacto.

La investigación en curso 

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acordó el pasado 15 de septiembre abrir una investigación al magistrado para determinar si pudo incurrir en un delito de maltrato en el ámbito familiar o si procede el archivo de las diligencias. 

Los hechos sucedieron el pasado mes de agosto, cuando dos testigos llamaron a la Guardia Civil tras haber escuchado que una mujer, la esposa de Valdés, gritaba “socorro” desde la terraza de su domicilio en Majadahonda. Los agentes detuvieron al magistrado por indicios de presunto maltrato que primero fue atendido en un hospital y más tarde puesto a disposición judicial. 

Entre las pruebas que ha solicitado la Fiscalía están los interrogatorios del magistrado y su esposa, así como los de los dos testigos que presenciaron las llamadas de socorro y un informe pericial sobre los efectos de la medicación para el magistrado. 

Al tratarse de un magistrado del Tribunal de Garantías, es el Supremo el competente para enjuiciarle y el instructor del caso es Andrés Martínez Arrieta.