El magistrado del Constitucional recusado once veces por los presos del ‘procés’ no se apartará voluntariamente

La Abogacía del Estado y la Fiscalía han rechazo en sus informes que Antonio Narváez tenga que renunciar a la causa. El pleno del Tribunal tendrá la última palabra

Tribunal Constitucional

El magistrado del Tribunal Constitucional, Antonio Narváez, no va a apartarse voluntariamente de los recursos sobre el ‘procés’. Debe presentar ahora un informe en el que desarrolle los motivos, después de que la Abogacía del Estado y la Fiscalía hayan emitido sus informes rechazando las 11 recusaciones que los presos independentistas han interpuesto contra él. 

También la formación Vox, que está personado en la causa, debe emitir un informe con su postura aunque, previsiblemente, rechazará la recusación. La tesis del independentismo se basa en  que Narváez perdió la apariencia de imparcialidad después de unas declaraciones en las que calificaba el ‘procés’ como “golpe de Estado encubierto” y, por este motivo, no puede intervenir en las deliberaciones que resuelvan sobre la constitucionalidad de las condenas impuestas por el Tribunal Supremo.  

El fiscal y la Abogacía del Estado se han opuesto a que se aparte a Narváez porque con sus palabras “no se refiere directa o indirectamente a los episodios de alzamiento tumultuario de 2017 y, menos aún, a su aspecto o vertiente penal”, sino que el magistrado, según la Abogacía del Estado, hablaba de “las consecuencias del proceso que relata, que afectaban a la propia soberanía y unidad de España”. 

El magistrado tiene las ponencias de Dolors Bassa y Carme Forcadell  

El origen del conflicto surge en noviembre de 2017 cuando pronunció en una conferencia en Granada las palabras del “golpe de Estado”. En el “Club de la Constitución”, el magistrado hizo alusión al independentismo y afirmó que había sido más grave que el golpe de estado que perpetró Tejero en 1981. 

Narváez no considera que estas afirmaciones supongan una razón para apartarse de la causa, según ha sabido Confidencial Digital. Fuentes del tribunal de garantías explican que también cuando el Tribunal Constitucional tuvo que pronunciarse sobre el golpe de estado de 1981 el presidente en ese momento, Manuel García-Pelayo, hizo unas afirmaciones similares a las de Narváez y, sin embargo, participó en la sentencia. 

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En este caso, el magistrado tiene las ponencias de los recursos de Dolors Bassa y Carme Forcadell. Los demás recursos de los líderes independentistas condenados han sido repartidos de dos en dos por otros miembros del alto tribunal. Se van a resolver una a una aunque con un criterio uniforme, según explican estas fuentes. 

No obstante, el hecho de que se haya admitido a trámite la recusación dilatará los tiempos de respuesta. Los magistrados estiman que hasta marzo o abril de 2021 no podrán resolverse. Por otro lado, esto supone un respiro para el alto tribunal que está a la espera de la renovación y deja así tiempo a Gobierno y oposición para que formalicen el pacto para cambiar las instituciones. 

Cabe recordar que en este momento tienen un miembro menos, después de que Fernando Valdés renunciara a causa del proceso abierto contra él por violencia de género. Si la recusación llegase a producirse -algo que ahora decidirá en última instancia el pleno del Constitucional- firmarían las sentencias solo diez de los doce miembros. Un elemento que, según las fuentes consultadas, podría ser utilizado por los presos del ‘procés’ para recurrir la sentencia ante las instancias Europeas.