Marchena pide consejo a penalistas sobre si admite la querella contra el Gobierno por homicidio involuntario

Un total de 3.260 familiares de fallecidos por Covid-19 han presentado una querella ante el Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los 22 miembros del Consejo de Ministros, por “homicidio involuntario”. Y el juez Marchena la está estudiando.

Al ser miembros del Gobierno, y por tanto aforados, el Tribunal Supremo es el competente, y el Presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, que ha asumido el caso, está analizando personalmente si admitirla a trámite o no.

La trascendencia de esa decisión es que, si admite la querella, podría terminar sentando a todo o a parte parte del Gobierno en el banquillo de los acusados, una circunstancia que preocupa especialmente al magistrado, según ha podido saber Confidencial Digital. De ser admitida, se abriría la fase de instrucción, y los querellados revisten la condición procesal de investigados, en la que tendrían que declarar y necesitarían abogados.

Tardía adopción de medidas y negligencia

Fue el pasado lunes cuando se presentó la querella, que ya adelantó ECD el pasado mes de abril, por parte de miles de personas que han acreditado, mediante certificado de defunción, que la muerte de sus familiares se produjo a causa de la pandemia de coronavirus.

La querella ha sido preparada por un grupo de 11 abogados penalistas, con experiencia incluso en asuntos ante el Tribunal Supremo.

La escrito de acusación estima que las muertes se han debido al “vituperable comportamiento y actuaciones de los querellados” (los miembros del Gobierno), y les identifica como responsables por la “tardía adopción de las medidas adoptadas y, en su caso, de la negligencia de sus actos y omisiones para conseguir frenar, reducir y paliar” los efectos de la pandemia. 

“Preocupación” de Marchena 

“La querella le ha llegado directamente a Marchena. La quiere estudiar él”, indican a ECD fuentes del Tribunal Supremo.

La clave está en si se admite o no a trámite y, por eso, el presidente de la Sala Segunda lo está estudiando con todo detalle. 

Solo el hecho de admitirla ya supondría tomar declaración a todos los miembros del Consejo de Ministros, una imagen sin precedentes en España e incluso en el mundo.

Por eso, el juez Marchena está hablando con distintos expertos penalistas para saber las posibilidades que tiene esta denuncia de prosperar, indican fuentes cercanas al presidente de la Sala. 

El “caso Urdangarín”

Personas cercanas a Marchena explican que está “preocupado” porque es una decisión muy importante, en un escenario muy complicado como es la crisis actual. 

Sobre la posibilidad de la admisión de la querella, a pesar de que afecta a todo el Gobierno, fuentes judiciales explican a ECD: “Hace cinco años decíamos, sobre algunos temas, que no iban a llegar ningún lado, pero el cuñado del rey está donde está, por ejemplo”.

18 meses de prisión

Las penas por el delito de homicidio involuntario (reguladas en el artículo 142 del Código Penal) varían en función de si se considera una imprudencia grave o leve. 

La grave prevé de uno a cuatro años de cárcel por cada fallecido. El que el Código Penal contempla como "menos grave" conlleva hasta 18 meses de prisión por cada uno de los fallecidos que estén personados como querellantes. 

El número de querellantes puede seguir aumentando. Para ello, los abogados han habilitado una página web en la que informarse y sumarse al sumario. 

Los abogados 

La acusación ha sido presentada por los citados once abogados penalistas, procedentes de diferentes puntos de España, de manera gratuita. 

Uno de ellos abogados, José Antonio Sánchez Rubio, explicó a ECD que han buscado “hacerlo bien”, para que el Alto Tribunal no pusiera obstáculos en la admisión.

Fuentes del Supremo confirman que la acusación está jurídicamente bien argumentada, y ponerle pegas de tramitación sería difícil. Que habrá que justificarlo adecuadamente. 

Entre los penalistas que firman el escrito de acusación se encuentra Carlos Bacaicoa, abogado de la víctima de ‘La Manada’; Esteban Gómez Rovira, que también ha denunciado a Félix Tezanos; Alberto de Enrique Arnau y Tulio García, entre otros. 

Del PP a Vox 

En cuanto a José Ignacio Rubio, el abogado que más ha dado la cara en este caso, es en la actualidad presidente de Derecha Liberal Española, una formación creada en 2014 que, según sus propias definiciones, propugna el derecho a vivir, el derecho a la libertad de pensamiento y deambulación y el derecho a la propiedad privada. 

Nacido en Béjar y cacereño de adopción, con casi 75 años de edad, militó en el Partido Popular durante años, en 2012 se afilió a Vox, y en 2014 se presentó a las primarias del partido para ser candidato a las elecciones europeas. No consiguió la denominación y, a continuación, se desvinculó del partido de Abascal. 

Y todo esto, después del ‘Procés’ 

Sin haberse recuperado todavía del juicio del ‘procés’ la Sala Segunda se enfrenta a este nuevo reto. Hace apenas un año que se inició un juicio sin precedentes en la historia de España, el más mediático que la justicia recuerda, con decenas de políticos y cargos institucionales sentados en el banquillo. 

Para el presidente de la Sala, Manuel Marchena, todavía está cercano el recuerdo de la sentencia del 1-O, que desató una serie de disturbios en Cataluña. Por eso, volver a ponerse la toga para juzgar a un Gobierno es una decisión que no quiere tomar a la ligera. 

Que haya relación directa 

Fuentes jurídicas consultadas por ECD concluyen que es muy difícil que la querella contra el Gobierno por homicidio involuntario prospere. 

Explican que, para ello, habría que demostrar de modo fehaciente que alguno en concreto, al menos uno, de los fallecimientos se produjo directamente por una decisión del Consejo de Ministros, es decir, con relación inmediata causa-efecto de muerte por “esa” decisión del Ejecutivo. Algo altamente improbable de conseguir. Y en el derecho penal lo que manda sobre todo es la prueba.