Marlaska desoye a la Audiencia Nacional y vuelve a entregar medallas de plata a comisarios jubilados

Una sentencia de julio anuló la condecoración por no estar lo suficientemente argumentada. Un sindicato acaba de recurrir los nuevos distintivos

Fernando Grande-Marlaska.
Fernando Grande-Marlaska.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha aprobado la entrega de cuatro medallas de plata -el más alto distintivo de la Policía junto a la de oro- a cuatro comisarios principales que ya no están en activo. Algo que un juez de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ya revocó hace justo dos meses por considerar que los premios tras la jubilación no estaban justificados. Un sindicato ha recurrido estas nuevas condecoraciones. 

La orden del Ministerio del Interior en la que se conceden los méritos policiales cada año no está nunca exenta de polémicas. Este 2021, el Director Adjunto Operativo (DAO), José Ángel González, ha firmado la entrega de medallas rojas -que implica una pensión vitalicia del 10% del sueldo- a los agentes que estuvieron en Afganistán organizando el operativo hasta el final: diez miembros del Grupo Especial de Operaciones (GEO) y siete antidisturbios de la Unidad de Intervención Policial (UIP). 

Esto ha supuesto dentro del cuerpo un agravio comparativo con las medallas de plata, que incrementan un 15% la pensión, otorgadas a cuatro comisarios principales. En la orden se especifica, directamente, que dos de ellos están jubilados: el exjefe superior de Policía de Canarias José María Moreno y el exjefe de la Unidad de Asuntos Internos Francisco Javier Miguelañez, quien ha liderado las investigaciones sobre el macrocaso ‘Tándem’, como contó este digital. 

Y los otros dos son el exjefe superior de Policía de Melilla Francisco Rodríguez López y el exjefe superior de la Policía de Cantabria Héctor Moreno, que figuran como activos. Sin embargo, las fuentes consultadas indican que hay trampa. Rodríguez López deja de formar parte del cuerpo el próximo 1 de octubre (la entrega de medallas oficial será el día 2 de ese mes), mientas que Moreno se jubiló el mismo día que se publicó la Orden, el pasado 17 de septiembre. Por tanto, a efectos prácticos las medallas se entregarán a cuatro comisarios que ya no están en activo. A la indignación de parte del cuerpo se suma que Moreno tiene una condena de 1994 por la Audiencia Provincial de Madrid por torturas y detención ilegal de siete personas. El tribunal lo inhabilitó durante 48 años, pero este periodo no llegó a cumplirse porque dos años más tarde el Gobierno de José María Aznar lo indultó, como relató el diario de Cantabria. 

Para las fuentes consultadas, el hecho de que se entreguen estos distintivos cuando los policías ya no están prestando servicios indica que no se hace como reconocimiento a un trabajo particular, como sí han realizado los agentes que fueron a Afganistán, sino que es una  manera de inflar los salarios de la cúpula policial para un retiro dorado. La Ley sobre condecoraciones es clara en este sentido y explica que para merecer una medalla de plata es necesario sufrir mutilaciones o heridas graves en una accidente durante el servicio, dirigir o realizar algún servicio de especial trascendencia, etc. "¿Qué han hecho estos comisarios que no hayan hecho los agentes que fueron a Afganistán para merecer más mérito que ellos?", se preguntan estas fuentes. 

Una sentencia como precedente

Precisamente, con el argumento de que no estaban bien motivadas las medallas el pasado 12 de julio el Juzgado Central Contencioso-Administrativo número 6 de la Audiencia Nacional retiró las condecoraciones de plata a los comisarios principales Eloy Quirós, Manuel Páez y Francisco López Canedo. 

Según el juez Luis Carlos Rozas Curiel, el departamento de Grande-Marlaska no argumentó de forma individualizada las propuestas de medallas. La demanda fue interpuesta por el sindicato Unión Federal de Policía (UFP), que también acaba de recurrir de nuevo a los juzgados para impugnar las concedidas en la nueva Orden. La sentencia, que ha sido recurrida, declaró nula la resolución de Interior y obligaba a los policías a devolver el dinero cobrado.  

 

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