Judicial

Los opositores inician una batalla discreta en el Congreso para frenar la ley de interinos

Se han reunido con diputados y han presentado un escrito en el que denuncian el mal funcionamiento de las bolsas de empleo de la Administración de Justicia

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La Asociación para los derechos de los opositores de la Administración de Justicia (ADOAJ) se moviliza para frenar los planes del Gobierno de Pedro Sánchez para que los interinos pasen a ser funcionarios, un proyecto que ha provocado la indignación de opositores que llevan años estudiando para conseguir una plaza en las administraciones públicas.

Confidencial Digital ha podido saber que esa asociación ha mantenido contactos con parlamentarios del Congreso de los Diputados para exponer las razones por las que consideran que no debería seguir adelante la ley de interinos que fue aprobada el pasado jueves. Para la aprobación final falta la tramitación en el Senado. Por ello, el colectivo aún ve un halo de esperanza para que no prospere.

La reunión acabó sin consenso. Los diputados del PP Juan Manuel Constenla y María de los Llanos de Luna les trasladaron que consideran la ley “inconstitucional” pero que “no pueden hacer nada porque ya está todo en marcha”.

Entre los opositores más afectados estarían los que aspiran a puestos de gestión y tramitación procesal y auxilio judicial, que son las pruebas que se rigen por un concurso-oposición. Esto quiere decir que, además de la realización de un examen, para optar a una plaza necesitan constatar una serie de méritos, entre ellos, puntos por interinidad.

Desde la Asociación para los derechos de los opositores de la Administración de Justicia denuncian que “como representantes de miles de opositores, nos sentimos abandonados por las instituciones” y acusan al Gobierno de querer reducir la temporalidad a costa de su colectivo.

Esta asociación presentó a los diputados un escrito en el que denuncia que “se está utilizando la exigencia de la Unión Europea, para la aprobación del Real Decreto Ley 14/2021 (ley de interinos)”, porque, aseguran que al Tribunal de Justicia Europeo no le corresponde pronunciarse sobre la interpretación del Derecho interno de los estados miembros, “en ningún lado propone hacer funcionarios a interinos, ya que, nuestro derecho interno dice que solo puede ser funcionario el que haya pasado un proceso de oposición”.

Además, esa asociación de opositores a la Administración de Justicia reclama la necesidad de que las bolsas de empleo de la Administración de Justicia se resuelvan, ya que hay algunas que están cerradas desde hace 10 años: “El mal funcionamiento de las bolsas de empleo de funcionarios interinos afecta negativamente a la eficacia y eficiencia de la Administración de Justicia en todo su ámbito. Uno de esos efectos negativos, el más grave, es la deformación de una herramienta: la interinidad”.

En el escrito presentado, destaca el mal funcionamiento de la bolsa de Canarias, que se resolvió por última vez en el año 2009 y la de Madrid, donde el plazo se cerró el 10 de octubre de 2018 y acaba de salir la resolución, lo que se traduce en casi 3 años de espera. Exigen que estas bolsas se abran después de la celebración de los exámenes, de forma anual o bianual.

 

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