Organizaciones pro-derechos humanos denuncian abusos policiales durante el estado de alarma
Han detectado bofetadas, patadas, el uso irregular del bastón y un exceso de sanciones sin motivo aparente. Están monitorizando la actividad para tomar medidas cuando acabe el confinamiento
Desde que comenzó el estado de alarma la policía y guardia civil ha detenido a 4.547 personas, según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Interior. Más de 200 solamente el pasado domingo. Una cifra muy superior a la habitual y que algunas organizaciones pro-derechos humanos califican de “excesiva”. Estas plataformas denuncian abusos policiales y han comenzado a monitorizar la actividad de los cuerpos de seguridad.
“Sobre todo se producen bofetadas. También tenemos vídeos de patadas en la cabeza, gente a la que la tiran de la moto o policías utilizando el bastón policial de manera irregular”, explica Thais Bonilla, portavoz de la asociación Defender a quien Defiende.
En esta asociación se aúnan más de diez organizaciones defensoras de derechos humanos de todo el territorio (Novact, Irídia, Institut de Drets Humans de Catalunya, Ecologistas en Acción o la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, entre otras) a las que se han unido otras como la Asociación Libre de Abogados, Red Jurídica o el Observatorio del Sistema Penal para monitorizar las acciones policiales durante el estado de alarma.
A través de redes sociales y de un correo que han habilitado, los afectados que contactan con ellos que ofrecen acompañamiento legal y asesoramiento. “Solo la primera semana ya teníamos más de 20 peticiones”. Ahora, han contabilizado más de 40 agresiones y 30 sanciones con copia de la denuncia.
⚠️ ATENCIÓN👇
— DqD (@AquienDefiende) April 9, 2020
Estamos trabajando para presentar un nuevo escrito a @interiorgob y @DefensorPuebloE donde denunciaremos las vulneraciones cometidas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, principalmente hacia personas racializadas y migrantes. #AlarmaConDerechos. pic.twitter.com/AKrV8oFzBH
“No es anecdótico, está pasando más de lo que nos gustaría”, afirma Bonilla. Por todo esto, han enviado una carta al Ministerio de Interior y otra al Defensor del Pueblo con situaciones concretas en las que detectaron violencia policial para pedir que se investigara. La cartera que lidera Fernando Grande-Marlaska les ha contestado que tratarán de depurar responsabilidades.
La violencia mínima imprescindible
“Estoy llevando algún caso de un hombre al que le han dado una paliza y muchas veces la policía alega que ha utilizado la violencia mínima imprescindible”, explica Nuria Pasanon, abogada penalista. Si no hay testigos, los abogados recomiendan siempre acudir a un centro de salud para pedir un parte de lesiones.
Atenció‼️
— IRIDIA (@centre_IRIDIA) April 9, 2020
Dilluns vam presentar denúncia per agressions i vexacions racistes realitzades per agents de @mossos a @MEzzakte davant de casa seva.
Exigim que @interiorcat investigui els fets. Seguirem treballant amb les organitzacions de @AquienDefiende per #AlarmaConDerechos pic.twitter.com/IU4CipIlof
Otro caso, sucedido en Madrid estos días, a raíz de una discusión de pareja en un domicilio: la policía se llevaba a la mujer a comisaría cuando el hombre bajó corriendo a darle una caja de insulina, alegando que la mujer era diabética. “Entre cinco agentes acabaron dándole porrazos en el suelo. Él no había cometido ningún delito, pero es que aunque lo cometiera, si el número de agentes es suficiente para inmovilizarlo todo lo demás es abuso”, defiende Pasanon. Ella es abogada del turno de oficio y explica que cada fin de semana que tiene guardia se encuentra con dos o tres situaciones de este tipo: “el problema es que muchos no quieren denunciar”.
Sanciones excesivas
Además del abuso en las acciones policiales, que podría derivar en consecuencias penales, las asociaciones se quejan de un exceso de sanciones sin motivos aparentes. Los últimos datos estiman más de 500.000 propuestas para sanción, cuando en la primera mitad de 2018, se interpusieron un total de 249.665.
Estas sanciones llevan una multa que va entre los 600 y los 300.000 euros. Desde estas asociaciones, consideran que en muchos casos podrían ser recurribles. “Hay mucha confusión en cuanto a esto, porque en los reales decretos no se especifican muchas cosas, por lo que es a criterio del agente”, cuenta Bonilla.
Además, aseguran que se está sancionando a personas sin techo o que se está produciendo arbitrariedad por el hecho de vivir en un barrio o en otro. “En Lavapiés o en Vallecas se producen más que en el barrio de San Francisco en Bilbao, entonces es arbitrario”, relata Pasanon.
Los juristas lo achacan a un efecto disuasorio
"Hay que ser rigurosos en este tema", explica el abogado penalista Juan Gonzalo Ospina. Él trabaja desde el inicio de la crisis asistiendo en comisaría y de forma telemática a mucho de los sancionados: "los propios sindicatos policiales denuncian la falta de información a la hora de realizar intervenciones en este escenario, fruto de la inseguridad jurídica y de los vacíos legales que acompañan los diversos decretos".
Además, los juristas consultados por Confidencial Digital señalan que en ocasiones este exceso de sanciones puede ser para provocar un efecto disuasorio en la gente y que no salgan por el miedo a ser penalizados.
