Judicial

Profesores de francés llevan a los tribunales la decisión de Ayuso de añadir una hora más de educación física

Calculan que eliminar horas lectivas de la segunda lengua extranjera disminuirá un 45% el rendimiento de los alumnos y agravará su situación respecto a la privada

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photo_camera El monitor de natación David Rodriguez Vázquez, la Presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso y el Consejero de Educación Enrique Ossorio

Un grupo de profesores de francés de Madrid ha recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid la decisión de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, de introducir una hora más de educación física en secundaria en perjuicio de otras asignaturas optativas como la segunda lengua extranjera. Denuncian que la medida se ha tomado sin valorar las consecuencias para el alumnado y supone un agravio comparativo respecto a la enseñanza privada así como a otras comunidades autónomas. 

El Gobierno de Ayuso aprobó en julio añadir una tercera hora lectiva de deporte en los colegios a cambio de eliminar otra en algunas asignaturas como el francés y el alemán. El Boletín Oficial de la comunidad lo publicó el pasado 31 de julio aunque la Consejería de Educación ha dilatado su puesta en marcha hasta el curso 2021-2022 de esta medida que se justificó para reducir los niveles de obesidad y sedentarismo de la población juvenil. 

La Asociación Madrigalia, formada por profesores de francés, junto con la Asociación de Madres y Padres de Alumnos Joaquín Araújo, han presentado una demanda ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM. En extenso documento de 135 páginas, al que Confidencial Digital ha tenido acceso, se exponen los argumentos de los profesores como que no se argumentó de forma suficiente la urgencia en la aprobación de esta medida mediante Decreto, que no se ha adaptado el currículum de ninguna de las materias afectadas, que no ha llevado a cabo una consulta pública y que no respetan los acuerdos europeos de política lingüística y la legislación a nivel estatal sobre la materia.

Asimismo, se indica, que tampoco sería una medida eficaz dado que la inmensa mayoría de los centros no cuenta con suficientes instalaciones deportivas para poder implantar la tercera hora de educación física en un procedimiento judicial que defiende el abogado especialista en derecho administrativo y contencioso – administrativo, Antonio Benítez Ostos

La alteración de los horarios 

La medida del Ejecutivo de Ayuso altera la distribución de las materias del curso escolar, de manera que las segundas lenguas extranjeras pasan de tener dos horas semanales a tener una. Los demandantes han recurrido a dos expertos que han redactado sendos informes para explicar el daño que esta situación podría generar en el aprendizaje de los menores. 

Por un lado, en uno de los informes elaborado por un catedrático de segunda lengua extranjera, se explica que la reducción de esta carga lectiva en favor de la educación física, constituye una modificación curricular “de gran envergadura” que “muestra contradicciones”. 

En un cálculo realizado para el informe se estipula que la carga lectiva de estas asignaturas se reduciría en total en la ESO un 37,5%; pasando de 240 horas de oferta en los cuatro años a 150. “Pudiéndose estimar en una disminución de un 45% como mínimo, debido a la dispersión en el calendario y la disminución de la frecuencia de contacto con la materia”, explica el informe del catedrático. 

Por su parte, se analiza en el segundo dictamen que esta reforma de “calado” erradica “por completo” las segundas lenguas en la enseñanza. 

Vulneración de la normativa europea 

En la demanda se argumenta que la medida impulsada por Ayuso vulnera la normativa europea sobre educación que aboga por la construcción de un proyecto plurilingüista en el que los niños no solo se desenvuelvan con fluidez en una lengua extranjera, sino en una segunda e incluso una tercera. 

Asimismo, consideran que la aplicación de las tres horas de educación física puede ocasionar desigualdades entre la educación de los alumnos. En primer lugar, con respecto a otras comunidades autónomas que no tengan esta medida y que, luego, esto se vea reflejado en las pruebas de acceso a la Universidad de los jóvenes. 

En segundo lugar, con respecto a la enseñanza privada y, de igual modo, entre los propios alumnos por las clases sociales. Creen los recurrentes que las familias con más recursos que tengan interés en que su hijo aprenda una segunda lengua podrán apuntarlo a clases particulares en detrimento de quien no dispone de recursos económicos para estas clases de refuerzo. 

Una urgencia que no era tal 

Los demandantes expresan su disconformidad con la manera en la que el Ejecutivo regional aprobó esta medida mediante Decreto porque apuntan que no está justificada la urgencia. “La motivación empleada en la solicitud de urgencia, ni es suficiente, ni se ampara en una cuestión de interés público”, tal y como señala el escrito de demanda que firma el abogado . Además, alegan que se ha prescindido del trámite de consulta pública por lo que no han podido realizar alegaciones antes de la elaboración de la norma.

Con todo ello, los recurrentes solicitan como medida cautelar que se suspenda provisionalmente el Decreto y, en última instancia, que se decida sobre el fondo de la cuestión y el tribunal anule la norma en su totalidad. 

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