Judicial

Protección de datos sanciona una web que acusaba de corrupción judicial al exjuez y al exfiscal de ‘caso Cursach’

La Asociación de Víctimas por Arbitrariedades Judiciales deberá pagar 8.000 euros por haber publicado una grabación ilegal y por fallos en la utilización de la información personal en las ‘cookies’

Bartolomé Cursach.
photo_camera Bartolomé Cursach.

La Agencia Española de Protección de datos ha impuesto una doble multa de 8.000 euros en total a la Asociación de Víctimas por Arbitrariedades Judiciales (JAVA) por la publicación de una grabación ilegal y por una mala utilización de los datos personales en su web en la que denuncian al exjuez Juan Penalva y al exfiscal Miguel Ángel Subirán de la macrocausa ‘Cursach’ de Palma de Mallorca. 

La página web de esta asociación deja blanco sobre negro que los motivos de su existencia son “que toda la verdad sobre el ‘Caso Cursach’ salga a la luez”, así como “que investiguen al juez Penalva y al fiscal Subirán por el amplio catálogo de delitos que han cometido haciendo un claro abuso de poder”. 

Ambos están siendo investigados por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares por cómo llevaron la instrucción del caso contra el empresario de ocio nocturno de la isla, Bartolomé Cursach y sus vinculaciones con la Policía Local de Palma para perjudicar a la competencia. El magistrado del Tribunal balear acusa a Penalva y a Subirán de un delito de revelación de secretos durante la instrucción. La Fiscalía va un paso más allá y cree que Penalva y Subirán prolongaron deliberadamente el ingreso en prisión de varios investigados, demoraron diligencias para justificar los encarcelamientos o ejercieron presión sobre varios encausados para que declararan en un determinado sentido. 

Protección de datos vigila la web de las víctimas

La denuncia ante la Agencia de Protección de Datos fue interpuesta en marzo de 2019, años después de que se iniciara el ‘caso Cursach’ por dos reclamantes de quien el organismo estatal no revela la identidad. En el escrito que recoge Confidencial Digital los reclamantes alegan que la página web de la Asociación de Víctimas incluía una grabación realizada de forma “ilegal y clandestina de las diligencias de declaración de diversos testigos”. Asimismo denunciaban un mal tratamiento de los datos personales en el uso de la política de ‘cookies’. 

Después de cuatro requerimientos oficiales de información que la Asociación de Víctimas rechazó o evitó contestar -dos en abril de 2019 y dos en septiembre y octubre del mismo año- la Agencia de Protección de Datos comprobó en abril de 2020 que la grabación continuaba colgada en la web y que tienen un mecanismo de ‘cookies’ por el que se descargan automáticamente y no contempla una opción para recharzarlas como obliga la ley.  

Doble sanción  

Este es el motivo por el que la directora de la Agencia Española de Protección de datos inició en junio de 2020 este proceso sancionador. 

El motivo de la multa final es doble. Por un lado, 5.000 euros por la grabación ilegal de las diligencias judiciales que se utilizaron en Internet. Explica el escrito que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares desechó este audio como prueba en la investigación al exjuez y el exfiscal por tratarse de una grabación realizada fuera de los marcos de la ley. 

Asimismo, el organismo impone otros 3.000 euros adicionales por la Política de cookies de la web que tendrá que modificar para incluir un mecanismo que permita rechazarlas. 

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