PSOE y PP negocian modificar el nombramiento del Fiscal General para prohibir que proceda de la política

El PSOE y el PP en algún momento deben sentarse a negociar varios frentes que mantienen abiertos. Todos los ojos están puestos, de momento, en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuyo pacto lleva más de dos años bloqueado, pero empiezan a asomar nuevos flecos en materia de Justicia muy relevantes en los que también hará falta un consenso como el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) o la reforma del Estatuto Fiscal. 

En este marco, el partido de Pablo Casado quiere introducir una modificación importante para prohibir que el Fiscal General del Estado pueda ser alguien que provenga de la política. Una decisión que llega después de que el Gobierno nombrara en 2018 a la recién salida ministra de Justicia, Dolores Delgado, para dirigir el Ministerio Público. 

Un nombramiento polémico y que colea hasta hoy con el recurso que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo todavía está estudiando sobre la validez del mismo. El PP no quiere que una designación así se repita y, para eso, considera necesario que con la reforma del Estatuto Fiscal se introduzca este apartado. 

La actual legislación, en el artículo 20, únicamente hace referencia que el Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno y oído previamente del Consejo General del Poder Judicial “eligiéndolo entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de profesión”. 

Estos requisitos los cumple la actual Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, cuya amplia trayectoria en la Fiscalía de la Audiencia Nacional hizo posible la elección del Ejecutivo. Sin embargo, esto no gustó a una gran parte de la carrera fiscal que entendió que este nombramiento no ayudaba a reforzar la imagen de “independencia” que también recoge el Estatuto del órgano. 

En Génova están poniendo mucho interés en introducir esta modificación después de lo sucedido, según fuentes populares, y en grupo socialista se ha mostrado favorable a que se produzca. 

Abrir el melón del Estatuto 

La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal no puede echar andar sin los cambios necesarios en el Estatuto Fiscal, según fuentes judiciales. De hecho, así lo prevé la disposición adicional segunda del Anteproyecto. Y una vez se abra este melón podrán acometerse diferentes modificaciones a una legislación que no se toca desde los años ochenta. 

En este sentido, además de que el fiscal general no pueda haber tenido un cargo político anterior, se pondrán sobre la mesa otros retoques como un sistema de contrapesos para que todo el poder no lo ostente únicamente la cabeza del ministerio público.  El órgano asesor de este, el Consejo Fiscal, podría ser vinculante en lo que a sus decisiones se refiere, no como en la actualidad, de manera que los nombramientos de la cúpula fiscal no dependerían solo de Delgado, sino que tendría que lograrse una mayoría. 

Asimismo, Delgado ha expuesto la posibilidad de que la persona que ostente el cargo de fiscal general pase a ser automáticamente fiscal de Sala, es decir, primera categoría de la carrera. Con el Estatuto actual esto no se contempla, por tanto un profesional puede estar en lo más alto de la carrera durante unos años y luego regresar a su fiscalía de origen. 

Así le ocurrió, por ejemplo, a su antecesora María José Segarra. Después de que cesara con la primera legislatura del Gobierno, Segarra volvió a la fiscalía de Sevilla hasta que, en 2020, Delgado la propuso como fiscal de Sala para la protección de las personas con discapacidad, un puesto creado para ella con el que, entonces sí, ascendió a la primera categoría. La actual Fiscal General propone por tanto que esto se cambie, lo cual sería una forma de asegurarse el ascenso de ella misma, pues tampoco pertenece al grupo de fiscales de Sala.  

Cambiar el sistema de elección para la reforma del CGPJ 

El Poder Judicial permanece bloqueado más de dos años después de que su mandato haya caducado. Son ya difíciles de contar todos los pactos frustrados que comenzaron cuando se filtró el nombre de Manuel Marchena como sustituto del actual presidente Carlos Lesmes. Con el Whatsapp del senador del PP, Ignacio Cosidó, diciendo que iban a “controlar” la Sala Segunda por “la puerta de atrás”, todo saltó por los aires. Marchena presentó su renuncia y el CGPJ quedó paralizado por primera vez. Luego vinieron los problemas con Podemos en la negociación y, más tarde, los vetos cruzados para no dar un puesto como vocal ni a la actual delegada de Gobierno contra la violencia de Género Victoria Rosell ni al juez Ricardo de Prada que participó en la sentencia de ‘Gürtel’. 

Ahora, todos los vientos soplaban a favor de realizar un pacto rápido porque la mayor parte de la negociación está terminada, según varias fuentes. Pero las declaraciones del líder de los populares no vislumbran un horizonte cercano. “Si no hay cambio en el sistema de elección del CGPJ, no hay pacto”, dijo este lunes Casado en una entrevista a ‘El Confidencial’. 

La nueva línea roja parece que está ahora en la forma de elegir a los vocales. Hace ya décadas que es el Congreso el que elige a los 12 vocales que vienen de la carrera judicial y a otros ocho provenientes del turno de juristas de reconocido prestigio. Pero las asociaciones de jueces han estado estos últimos meses llevando a cabo una campaña para reclamar lo que, por otro lado, es una petición antigua: que sean ellos mismos los que elijan a esos 12 miembros y no los políticos. 

En este sentido, el ministro de Justicia Juan Carlos Campo nunca ha mostrado un rechazo, pero siempre lo ha afrontado como un asunto de futuro, para después de la renovación. Casado en sus declaraciones no parece estar dispuesto a dejarlo para más adelante “¿Le bastaría el compromiso de estudiarlo? Ya no me fío de Sánchez”.