Judicial

Querella contra la cúpula policial de Rajoy: grabaciones ilegales de las reuniones de la policía y el CNI

El escrito enviado al juez relata cómo se pinchó una cita de los mandos de asuntos Internos de la policía con el servicio de inteligencia. Se denuncia el boicot de altos mandos a la investigación sobre Villarejo

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Obstrucción a la justicia, represalias, acoso, injurias y calumnias a funcionario público, organización criminal, falsedad documental, prevaricación administrativa o revelación de secretos son solo algunos de la larga lista de delitos que el inspector de la Policía Rubén Eladio López atribuye a la cúpula policial de Mariano Rajoy. Quince acusados y otros seis responsables civiles -como medios digitales o programas de televisión- a quien otorga la responsabilidad de, entre otras cosas, grabar y filtrar ilegalmente reuniones con el CNI. 

La extensa querella de 114 páginas, a la que Confidencial Digital ha tenido acceso, relata un ambiente hostil dentro de la policía para encubrir las actividades del excomisario José Manuel Villarejo entre los años 2013 y 2017 y boicotear la investigación de su relación con el ‘Pequeño Nicolás’. Un rompecabezas de nombres de comisarios y agentes que incluye amenazas y espionajes ilegales a funcionarios. 

Los hechos, que se relatan cronológicamente, se remontan al inicio de la causa conocida como ‘Operación Nicolay’ en octubre de 2014 cuando el entonces Director Adjunto Operativo (DAO), Eugenio Pino, encomendó al jefe de la Unidad de Asuntos Internos Marcelino Martín-Blas la investigación de este joven que se hacía pasar por un alto cargo de la vicepresidencia del Gobierno para llegar a esferas policiales, empresariales y políticas traficando con información que aún estaba por determinar. 

La guerra que luego se desató entre Pino y Martín-Blas se saldó con la destitución de este último en 2015 y el cese de Rubén Eladio López en la Unidad de Asuntos Internos. Pero hasta ese momento, según la querella, sucedieron muchos capítulos por el camino. 

La grabación de una reunión del CNI 

El 14 de octubre de 2014 la Policía detuvo a Francisco Nicolás Gómez Iglesias y tras el registro de su domicilio encontraron anotaciones de reuniones con Villarejo y con su socio Rafael Redondo. “Se dio en aquella época comienzo a una campaña orquestada y concertada entre todos los querellados en la que no se dolieron prendas tanto en denunciar y acusar falsamente a los investigadores en el ejercicio de sus labores como en obstruir el normal funcionamiento de la justicia”, dice el escrito que presentado en el Juzgado de Instrucción 49 de Madrid. 

Con este objetivo de “contaminar” la investigación, y siempre según el querellante, Villarejo gestó la grabación y la difusión ilegal de una reunión que miembros del CNI mantuvieron en el despacho de Martín-Blas con él y con Ruben Eladio el 20 de octubre de 2014. 

El documento explica que un periodista cercano a Villarejo llamó a Martín-Blas mientras estaba reunido con la Inteligencia y por medio de esta llamada empleó un programa espía o un ‘malware’ que virtualmente secuestró el teléfono para convertirlo en micrófonos remotos que grabaron el encuentro. 

El Juzgado de instrucción número 2, que era el que estaba investigando al ‘pequeño Nicolás’ abrió una pieza separada para aclarar este asunto, después de que la grabación se publicara en ‘Infolibre y, posteriormente, se difundiera en medios como ‘Información sensible’ -el ya extinto digital de la esposa de Villarejo Gemma Alcalá- o el programa de Telecinco ‘Un tiempo nuevo’. 

El inspector Rubén Eladio López recuerda en la querella que el exDAO Pino y su jefe de Gabinete José Ángel Fuentes Gago mantuvieron reuniones con una empresa israelí en septiembre de 2014 para adquirir dispositivos tecnológicos y programas espías para intervenir móviles. Además, de que solo ellos sabían que la reunión con el CNI se iba a producir. 

 

El error de Asuntos Internos con Villarejo en el Canal Isabel II 

Mientras Asuntos Internos continuaba rastreando todos los movimientos del ‘pequeño Nicolás’, cometieron un error al situar a Villarejo en un escenario que luego se demostró que no fue tal. El joven se reunió con dos periodistas en el parque del Canal II el 17 de noviembre de 2014 y en un informe de la policía se barajaba la posibilidad de que en ese encuentro también estuvieron Villarejo. Algo que luego resultó ser un error en el posicionamiento del teléfono del excomisario. 

Según la querella, Pino reunió a Rubén Eladio y le dijo que Villarejo había amenazado con denunciarle por esta equivocación y que “ningún abogado ni sindicato te va a defender”, así como que corría peligro su “seguridad jurídica” o que le iba a mandar “a Kuala Lumpur”. 

Reuniones a espaldas de Marcelino: “bienvenido a la primera división” 

Rubén Eladio acusa en la querella a Eugenio Pino de actuar como el brazo ejecutor de Villarejo dentro de la Policía para ponerse al corriente de las investigaciones que cercaban al excomisario ahora en prisión. Y, además, a este de luego filtrarlo a periodistas afines. 

La querella habla de varias reuniones organizadas por el exDAO Pino a espaldas de Martín-Blas para saber cómo avanzaba la investigación que estaba bajo secreto de sumario. De hecho Pino requirió hasta en dos ocasiones por escrito -una el 21 de enero de 2015 y la otra el 3 de febrero - saber si Villarejo estaba siendo investigado. 

Además, acusa al exDAO de prohibirle expresamente contarle a Martín-Blas -que era su jefe directo- nada sobre estos encuentros y de amenzarle con abrirle un expediente si lo hacía. Cuando el jefe de gabinete de Pino, Fuentes Gago, le acompañó fuera del despacho le dijo: “bienvenido a la primera división”. 

Mientras tanto, en febrero de 2015, dice la querella que Villarejo se persona ante el juez instructor, que en ese momento era Arturo Zamarriego, para ofrecer sus servicios porque dice que se están produciendo irregularidades en la instrucción. 

El juez abre la Comisión Judicial 

Ante esta lucha interna dentro de la propia policía el juez Zamarriego decide el 21 de abril de 2015 crear una Comisión Judicial para que un grupo de agentes de Asuntos Internos ya no tengan que rendir cuentas a sus superiores jerárquicos, sino que solo informen al propio juez de las actuaciones. 

La querella denuncia que la Comisión tuvo que hacer frente a numerosos obstáculos por parte del exDAO como la denegación de más personal o la negativa de acceso a algunas bases de datos policiales, al registro mercantil central, a la sede electrónica del catastro o incluso, la negativa de la titularidad de los teléfonos corporativos. Asimismo, se declinó también el historial laboral de Villarejo bajo el pretexto de que se vulneraba el derecho a la intimidad. 

Cese de Martín-Blas 

El cúlmen de la lucha entre Pino y Martín-Blas se materializó con el cese de este en abril de 2015 como jefe de la Unidad de Asuntos Internos, si bien el juez decidió mantenerlo liderando la Comisión Judicial. 

El puesto de nuevo jefe de Asuntos Internos lo ocupó el comisario Francisco Migueláñez, quien permanece actualmente. Dice la querella que Migueláez requirió personalmente a Rubén Eladio López que le informara sobre la instrucción y le reprochó haber incluido en la investigación a su amigo el comisario Miguél Ángel Barrado. 

Según el escrito, Migueláñez dijo que iba a cerrar la Comisión rápidamente y en junio de 2017 se presentó en el despacho de la jueza Pilar Fernández Gamo -quien se incorporó a la instrucción en mayo de 2017. Un mes más tarde, la magistrada dictó un auto en el que cerraba la Comisión Judicial, a pesar de que el 12 y el 14 de julio los agentes le habían presentado varios informes en los que afirmaban que creían que debían seguir investigando.  

Las cámaras ocultas para espiar a los agentes

Una vez la jueza disuelve la Comisión, el Director General de la Policía cesa definitivamente en septiembre a los miembros de la Unidad de Asuntos Internos. Entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre de 2017 se intalaron unas cámaras en el exterior del piso donde trabajaban estos investigadores, como contó ECD, dice la querella sin que en ningún momento se abriera una investigación policial ni hubiera una resolución judicial motivada para colocarlas. 

Esto dio pie a que se abriera otra pieza separada en el Juzgado de Instrucción 2, la número siete, para investigar si los agentes estaban sustrayendo información de la Comisión. Pieza que, finalmente fue archivada, aunque el inspector Rubén Eladio presentó una queja ante el Consejo General del Poder Judicial por estos hechos. 

Las “represalias” de su puesto 

El inspector Rubén Eladio López fue apartado de Asuntos Internos en octubre de 2017. Acusa al DAO que sustituyó a Pino, a Florentino Villabona, de tomar decisiones arbitrarias en cuanto a su plaza. El 7 de septiembre de 2017 se le destinó a la Inspección de Guardia, destino que según la web “aceptó con carácter voluntario”. Sin embargo, expresa que lo firmó en desacuerdo y lo recurrió en la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo. Acusa a Villabona de utilizar este destino para profesar una sanción encubierta. 

El inspector jefe, que ahora trabaja de director de Emergencias y Coordinación y Gestión de Crisis del Ministerio de Fomento junto a Ábalos, recibió el pasado 1 de febrero una buena noticia para él: la Audiencia Provincial le da la razón y obliga al Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid a abrir esta causa.  

Tanto Pino como Villabona, Fuentes Gago, Villarejo, el ‘pequeño Nicolás o Migueláñez entre otros tendrán que ser llamados a declarar como investigados así como Martín-Blas o el magistrado Arturo Zamarriego pueden ser citados como testigos. 

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