Recurso al Supremo contra el archivo de la querella al Consejo de Ministros por la gestión de la pandemia

Los querellantes contra los miembros del Consejo de Ministros por la gestión de la pandemia no están dispuestos a dar un paso atrás y quieren llegar hasta el final con su causa. Después de que el pasado 18 de de diciembre el Tribunal Supremo inadmitiera la denuncia, se ha presentado un recurso de súplica para que el alto tribunal reconsidere su decisión. Si los magistrados vuelven a pronunciarse desfavorablemente, los afectados están dispuestos a acudir a Europa. 

En la denuncia se encuentran los familiares de 116 personas fallecidas en España, pero hay otras cerca de nueve mil familias a la espera de adherirse, según fuentes de la causa, en el caso de que algún tribunal abriera la investigación. 

Tanto la Fiscalía en su informe como el Tribunal Supremo consideraron que no debían imputar a los 23 miembros del Gobierno por un delito de homicidio, tal y como pedía la querella. En el recurso presentado ante el alto tribunal, al que Confidencial Digital ha tenido acceso, la defensa de las familias argumenta que los magistrados del Supremo no han entendido los motivos de la querella inicial. 

“Nuestra querella no se dirige, en modo alguno, a investigar la posible responsabilidad penal de los 23 miembros del gobierno en la propagación genérica de la pandemia, ni en su incumplimiento de dotar de medidas de protección al personal sanitario o servicios públicos, ni al presunto aprovechamiento lucrativo de la pandemia en la adquisición de medios o materiales de protección”, dice el escrito. 

Solicitan que “al menos” se practiquen unas diligencias de investigación encaminadas a depurar responsabilidades para esclarecer si la muerte de sus familiares pudo haberse evitado. “Y, sobre todo, si ese mal causado, e irreversible, no se debió a un incumplimiento doloso de las obligaciones que los ministros y el presidente juraron o prometieron cumplir”. 

La decisión del Supremo 

La decisión del Supremo, cuyo ponente fue el magistrado Manuel Marchena, se basa en que no cree que exista una relación de causa-efecto entre la desinformación del Gobierno y las consecuencias de la extensión del Covid-19 en España: “No está debidamente justificada la autoría de los hechos punibles atribuidos a los miembros del Ejecutivo”. 

En paralelo, remitieron a los juzgados ordinarios la investigación de hechos susceptibles de tener relevancia penal, pero considera que no cabe responsabilizar a las personas aforadas. La Sala de lo Penal aclara que “no toda conducta socialmente reprobable tiene encaje en un precepto penal”. Para los querellantes lo “sorprendente” es que si el alto tribunal cree que carece de relevancia penal pida que se redirija a la jurisdicción ordinaria. 

Además echan reprochan a la Sala que se apoye en el informe del Ministerio Fiscal, puesto que creen que no está suficientemente fundamentado. El Ministerio Público, de la mano del entonces Teniente Fiscal del Tribunal Supremo Luis Salas, realizó un extenso informe pidiendo de igual forma que no se admitiera a trámite esta querella. 

Los familiares de las víctimas están convencidos de que “no se adoptó medida alguna para minimizar efectos letales del virus” y, por tanto, cabe investigar este hecho sobre los primeros meses de la llegada de la pandemia en España. 

La Fundación a la espera de ser constituida 

Todos estos familiares, junto a los abogados que están llevando la causa, están en el proceso de registro de una fundación bajo el nombre Después de la Pandemia. En ella pretenden esclarecer las responsabilidades de la gestión del virus en el territorio español. 

Aunque todavía no tienen web activa y están a la espera del permiso del Ministerio de Justicia para constituirse, sus fines son determinar el número de fallecidos en España así como construir un memorial virtual que les recuerde. Asimismo, pretenden fomentar el estudio de la naturaleza y el efecto del Covid-19, promover medidas paliativas y contribuir a la adopción de medidas que restauren las pérdidas sufridas por las familias y las empresas.