La renovación del CGPJ se atasca por los líos judiciales de Podemos
El PP frena la negociación con el PSOE por las investigaciones que apuntan a una presunta financiación irregular del partido de Iglesias. Carlos Lesmes retomará en septiembre los nombramientos si persiste el bloqueo
La renovación del CGPJ va camino de convertirse en la más larga de la historia de España. Las negociaciones entre PP y PSOE –los dos partidos que suman la mayoría de dos tercios necesarios- han sido intermitentes en los últimos meses. Ahora que parecía que el acuerdo estaba cerca, de nuevo se ha frenado. El principal escollo es el socio del Gobierno, Unidas Podemos, y fuentes del partido de Pablo Casado confirman a Confidencial Digital que no habrá pacto al menos por el momento.
Las razones son principalmente dos. Por un lado, los “líos judiciales” que en los últimos meses cercan el partido fundado por Pablo Iglesias. El ‘caso Dina’ que se investiga en la Audiencia Nacional y, más concretamente, la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid que, por el momento, ha imputado a Podemos como persona jurídica por presunta financiación ilegal del partido han hecho que Pablo Casado haya decidido frenar ahora la negociación.
El segundo de los motivos es la discrepancia de opiniones entre PP y Podemos sobre el papel de la monarquía. En Génova no han gustado las declaraciones de algunos líderes de la formación morada sobre la jefatura del Estado, después de que la Fiscalía haya comenzado a investigar también al Rey Emérito por un posible delito de fraude fiscal.
La apertura del año judicial con el Consejo renovado
El verano comenzó con cierto optimismo. La renovación del CGPJ parecía desatacarse. Hubo negociaciones discretas y el presidente Carlos Lesmes decidió congelar los nombramientos de magistrados al Tribunal Supremo al constatar que las conversaciones marchaban por buen camino.
Sin embargo, todo parece haber concluido una vez más en un callejón sin salida. De poco han servido los contactos entre el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el responsable de Justicia en el PP, Enrique López.
Fuentes del CGPJ explican que la idea de los propios vocales era que para el día 7 de septiembre, cuando tendrá lugar el acto de apertura del año judicial, el Consejo iba a estar renovado.
“A estas alturas evidentemente eso ya es imposible”, comentan las mismas fuentes. Hay un espacio temporal mínimo, entre que se constituye y se nombra a un nuevo presidente, que es de una semana. A no ser que haya sorpresas, el actual CGPJ será el que vuelva a sentarse al lado del rey Felipe VI, encargado de presidir esta ceremonia.
Septiembre como línea roja
El mandato del actual órgano de Gobierno de los jueces venció hace más de años y medio. Un tiempo en el que el actual equipo ha seguido nombrando presidentes de Tribunales Superiores, Audiencias o del Supremo. Así fue hasta el pasado mes de enero, cuando Carlos Lesmes decidió paralizar las designaciones y dar tiempo a una negociación.
Al no llegarse a buen puerto, en marzo se hizo un intento de reactivarlos pero con la pandemia como telón de fondo no fue hasta junio cuando realmente se convocaron más de treinta plazas pendientes.
En el último Pleno del CGPJ que tuvo lugar en julio, antes de las vacaciones, tenían que decidirse tres puestos en la Sala de lo Penal, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y el de la Audiencia Provincial de Ourense. Se trata de puestos delicados, especialmente el de la Sala Segunda. En ese momento, Lesmes paralizó una vez más las designaciones: tenía constancia de que había conversaciones avanzadas para renovar el órgano.
Sin embargo, fuentes del Poder Judicial indican ahora que Lesmes no está dispuesto a esperar mucho más. Septiembre es un mes clave para reactivar los nombramientos en caso de que no haya un acuerdo entre las principales fuerzas políticas.
