Judicial

El ponente del TC sobre la ‘ley mordaza’ propone prohibir las devoluciones en caliente contra el criterio de Estrasburgo

Se inclina también por eliminar las sanciones por fotografiar a policías y manifestarse ante el Congreso y el Senado. El texto final se debatirá este martes

Migrantes intentan pasar la valla de Melilla
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El borrador de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ‘ley mordaza’, plantea anular varios artículos de la polémica ley, entre ellos las denominadas ‘devoluciones en caliente’. El proyecto de sentencia estaba a la espera de llevarse al Pleno cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se pronunciase sobre este asunto. Y lo hizo, declarando que la devolución que agentes españoles hicieron de dos migrantes subsaharianos a Melilla no violó la prohibición de las expulsiones colectivas del Convenio Europeo, es decir, fue legal.

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Ahora, se debe debatir en el TC dicho borrador de la 'ley mordaza' que, en un principio, sí declaraba inconstitucionales estas ‘devoluciones en caliente’, que consisten en expulsar a los migrantes sobre la marcha si sortean la frontera, sin ofrecerle la posibilidad de pedir asilo, asistencia jurídica o médica. Fuentes del Tribunal de Garantías aseguran a Confidencial Digital que no se va a cambiar ni un punto, a pesar del criterio de Estrasburgo.

El magistrado ponente de la sentencia, Fernando Valdés Dal-Ré no va cambiar su posición inicial. Este considera claramente inconstitucional el punto de la ley de Seguridad Ciudadana que incluye una disposición adicional especial, permitiendo el rechazo de los extranjeros que intenten entrar ilegalmente en España de vuelta a Ceuta y Melilla.

Estas fuentes consultadas, afirman que la sentencia del TEDH “no es decisiva”. Serán los demás magistrados los que debatan en el Pleno de este martes sobre este tema. No obstante, en el Constitucional el ponente asume siempre el criterio de la mayoría, se ajuste o no al suyo propio.

La sentencia de Estrasburgo

La gran sala del Tribunal de Derechos Humanos de Europa falló, por unanimidad el pasado 14 de febrero, que la devolución de dos migrantes subsaharianos que saltaron la valla de Melilla en 2014, fue legal.

España no violó la prohibición de realizar expulsiones colectivas de la Convención Europea de Derechos Humanos ni tampoco el artículo 13 sobre el derecho a un recurso efectivo, según esta sentencia. “Los demandantes se pusieron ellos mismos, de hecho, en una situación ilegal cuando intentaron de forma deliberada entrar en territorio español”, dicen los 17 jueces de la corte. “Decidieron no usar los procedimientos legales que existían para entrar en territorio español de manera legal”. 

El fallo contradice, de esta manera, a una sentencia anterior que obligaba a España a indemnizar con 5.000 euros a cada demantante.

Declaraciones cruzadas de los políticos 

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha afirmado este lunes que el Ejecutivo dejará de realizar estas expulsiones. “Cualquier acción que vaya en contra de los derechos humanos y en contra del acuerdo de Gobierno no se puede producir”, ha dicho Iglesias.

También la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha expresado publicamente su desacuerdo con el fallo y el diputado de Podemos Rafa Mayoral la ha calificado de “impresentable”.

Sin embargo, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska no ha aclarado qué consecuencias tendrá esta sentencia en el día a día de la frontera, únicamente expresó que “la violencia [en referencia a los saltos de la valla] era un límite al ejercicio de los derechos fundamentales”.

Otros temas a debate 

El proyecto de sentencia plantea también rechazar las sanciones actuales por manifestarse ante el Congreso y el Senado. La actual ley contempla como infracción grave, “la perturbación de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de reuniones y manifestaciones” frente a las sede del Congreso.

Asimismo, propone anular el artículo 36.23 de la 'ley mordaza' que sanciona el uso, sin autorización, de imágenes o datos de miembros de la Fuerza y Cuerpos de Seguridad.

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