Los tribunales se agarran a la conciliación para desatascar el colapso provocado por el Covid-19

Justicia, CGPJ y Abogacía empujan a magistrados y letrados para que los pleitos se resuelvan mediante acuerdo sin llegar a los juzgados

Juicio

El Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo General de la Abogacía están tratando de impulsar con fuerza la mediación para desatascar el colapso en los tribunales tras el Covid-19. Este método de acuerdo extrajudicial es una de las vías que los actores judiciales ven más útil para evitar la paralización de asuntos en los juzgados. En España la mediación no está tan extendida como en otros países. 

El Parlamento Europeo ha recomendado a los Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos en el impulso de la mediación en litigios. Algo a lo que el ministro, Juan Carlos Campo, le está poniendo especial empeño. En sus últimas intervenciones públicas ha destacado continuamente la mediación como parte de la solución a la sobrecarga de trabajo que sufren la mayoría de los juzgados. 

Este método de resolución de conflictos consiste en confiar en una tercera persona, en este caso un mediador formado para ello, que ayude a alcanzar un acuerdo a las partes sin que terminen en los tribunales. La diferencia entre la mediación y el arbitraje está en que el árbitro dicta una resolución, mientras que el mediador intenta llegar a un punto común entre las partes. 

“El mediador no dice usted tiene razón y usted no. Es algo totalmente voluntario. Alcanzan un acuerdo si quieren y si no se levantan de la mesa y se van”, explica Manuel Díaz, mediador en el despacho Cuatrecasas. Su trabajo consiste en reunirse con las partes del conflicto de manera separada e ir sacando información. El acuerdo se lleva ante un notario y tiene el valor de una sentencia. 

El beneficio de la rapidez 

Este proceso no tarda muchos días y esta concretamente es una de las ventajas. Quizás, en una semana el conflicto puede estar resuelto. Por eso, los mediadores indican que puede tener especial interés para disputas por ejemplo entre empresarios que necesitan una solución rápida para seguir con sus negocios.  

El mayor éxito de la mediación está en las jurisdicciones civiles y mercantiles, por tanto. Procesos de divorcios o herencias familiares que en lo que tarda en resolverlos un juzgados el problema puede enquistarse o dar una vuelta de 180º. 

El Consejo General del Poder Judicial tiene una Guía Práctica para la mediación y ha formado una comisión de seguimiento que debe reunirse al menos una vez al año para velar por el cumplimiento del convenio, que tiene una vigencia de cuatro años.  

“Se está acudiendo más a conciliaciaciones”, explica la magistrada Natalia Velilla de Plaza de Castilla, “sería ideal recurrir a la mediación, pero para eso tienen que invertir porque si un particular tiene que pagar al mediador y no tiene claro que le vaya a ir bien prefiere ir a juicio”. 

Los colegios de abogados, la sede de la mediación 

Para ser mediador no hace falta estar graduado en derecho. Pueden ser personas con grados en temas sociales, psicología, etc, aunque el Ministerio de Justicia sí te exige estar habilitado para ello con una formación específica. 

 

Los 83 Colegios de Abogados tratan de velar por que se garantice la mediación. Por ejemplo, en el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) hay 184 profesionales que se dividen en las especialidades de civil y mercantil, familia, penal y penitenciario y laboral y en las organizaciones y que son designadas para llevar a cabo los procesos de mediación.  

El Poder Judicial con la abogacía 

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes y la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, firmaron un consejo a finales del mes de julio con un compromiso para colaborar en la implantación de la mediación para resolver conflictos. 

El primero de estos convenios fue en 2016 y desde entonces se ha ido renovando. Pero este año esta nueva rúbrica es más importante si cabe porque todos los proyectos que se pongan en marcha en las diferentes jurisdicciones irán en favor de evitar una mayor carga de trabajo en los tribunales. 

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