Los tribunales ya hacen fijo al personal interino con solo tres años en el puesto
Una sentencia acaba de convertir en indefinido a un médico contratado como eventual en el Gregorio Marañón. El Gobierno legalizará consolidar las plazas a partir de los cinco años
Los tribunales se han pronunciado sobre un nuevo caso de abuso de la temporalidad. Cabe recordar que en el sector público se limita a tres años.
El Hospital General Universitario ‘Gregorio Marañón’ deberá hacer fijo, en la categoría de empleado público, a un médico que trabaja desde 2017 en calidad de interino, es decir ocupa un puesto estructura desde hace cuatro años. Además, había encadenado contratos eventuales desde 2005.
Así lo ha dictado una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid. Esta resuelve una demanda del sanitario obligando a la Comunidad de Madrid a reconocerle la condición de empleado público fijo, permanencia en el puesto de trabajo que desempeña y adecuar su situación jurídica al régimen de estabilidad e inviolabilidad que rige para los funcionarios de carrera, sin adquirir dicha condición.
Tres días después de que un juzgado de Madrid dictara esta sentencia, el Gobierno ha aprobado hacer fijos sin opositar a los interinos que lleven cinco años en su plaza. Es un acuerdo alcanzado por el PSOE y Unidas Podemos con ERC y PNV en la negociación de la ley de estabilización de la función pública.
Aun así, los tribunales siguen haciendo fijos a interinos que ocupan puestos estructurales en menos tiempo que el Gobierno, ya que el tiempo está limitado a tres años.
Solicitó la estabilidad al hospital, que se la denegó
El sanitario solicitó al hospital el régimen de estabilidad que rige para los funcionarios de carrera como consecuencia del abuso en que incurrió la Administración encadenando contratos eventuales y ocupando una plaza desde hacía más de tres años.
Argumentó que ante dicho abuso, conforme al artículo 70 del EBEP y la Directiva 1999/70/CE, debe declararse la relación laboral como fija, reconociendo que ostenta la condición de personal fijo o indefinido, con todos los derechos inherentes a dicha declaración.
La Dirección Gerencia del Gregorio Marañón desestimó la petición bajo el argumento de que la Administración no puede hacer fijos a interinos y eventuales.
Medida sancionadora
El derecho interno español no contempla una medida sancionadora para los casos de abuso de la temporalidad.
Por ello, bajo el precedente que sentó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 3 de junio de 2021, en estos casos en que no existen medidas sancionadoras que garanticen el cumplimiento de la directiva europea, procede transformar la relación temporal abusiva en una relación fija equivalente a la de los funcionarios de carrera o empleados fijos comparables, pues de lo contrario la expresada práctica abusiva quedaría sin penalizar.
El plan del Gobierno para acabar con la temporalidad
El Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
La nueva norma responde a la exigencia derivada de la citada sentencia del TJUE y el Supremo, que comprometen la legislación actual y es un compromiso de reforma de la Administración Pública que debe cumplir en el Plan para la Recuperación, Transformación y Resiliencia.
La reforma introduce dentro de las modalidades del nombramiento de interinos la causa y término. Estas son cuatro: por vacante (3 años máximo), por sustitución transitoria de los titulares (el tiempo estrictamente necesario), para la ejecución de programas temporales (3 años máximo), por exceso o acumulación de tareas (9 meses máximo).
Los interinos podrá acceder a las plazas superando un proceso selectivo concurso-oposición, pudiendo alcanzar la fase de concurso un 40 por ciento de la puntuación total, en la que se tendrá en cuenta la experiencia en el cuerpo, escala, categoría o equivalente.
El plan contempla, además, dos medidas específicas para los afectados por la reforma. Las convocatorias podrán prever la inclusión en bolsas de interinos a aquellos que no superen el proceso selectivo pero sí hayan obtenido una puntuación considerada suficiente.
Además, a no superación del proceso selectivo por la persona que ocupe el puesto o plaza objeto de estabilización dará lugar a una compensación económica de veinte días de sus retribuciones fijas por año trabajado, hasta un máximo de doce mensualidades.
Las responsabilidades por incumplimiento
El Real-Decreto contempla, por primera vez, sanciones de carácter efectivo y disuasorio en tres niveles. Transcurridos tres años del nombramiento del interino se producirá el fin de la relación y la vacante solo podrá ser ocupada por funcionarios de carrera, salvo que el proceso selectivo quede desierto, en cuyo caso se podrá nombrar a otro interino.
Se exigirán responsabilidades en caso de incumplimiento de las medidas introducidas, clasificándose como nulo de pleno derecho todo acto, pacto, acuerdo o disposición reglamentaria, cuyo contenido directa o indirectamente suponga el incumplimiento por parte de la Administración de los plazos máximos de permanencia como personal temporal.
Además, habrá compensaciones para el personal. La reforma prevé que el incumplimiento de los plazos derive en una compensación económica para los interinos afectados equivalente a 20 días de sus retribuciones fijas por año de servicio. El derecho a compensación nace a partir de la fecha del cese efectivo.
En el caso de los laborales, la compensación se corresponderá en la diferencia entre el máximo de 20 días de su salario fijo por año de servicio y la indemnización que le correspondiera.
La reforma se aplica únicamente al sector de administración general, otorgándose el plazo de un año para la adaptación de la legislación específica para el personal docente y estatutario de los servicios de salud.
El cambio de última hora
El pasado jueves, PSOE, Podemos, ERC y PNV acordaron en la negociación de la ley de estabilización de la función pública rebajar a cinco años la exigencia para hacer fijo a un interino, sin necesidad de opositar.
La norma que se está tramitando aspira a reducir la tasa de empleo público temporal al 8% y fija vías para hacer indefinidos a unos 300.000 interinos de larga duración tras los varapalos judiciales a la administración por esta práctica.
