Judicial

La Universidad Carlos III contrata a Sagardoy Abogados para la defensa por el caso de los ‘falsos becarios’

El despacho recibirá 90.000 euros por el asesoramiento. La Seguridad Social reclama 1,5 millones de euros a la institución

Universidad Carlos III.
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La Universidad Carlos III no puede asumir la defensa de todos los pleitos abiertos y los que calcula que se abrirán a raíz de la última Inspección de Trabajo. La Seguridad Social le reclama 1,5 millones de euros por contratar irregularmente a 570 becarios y, por eso, han contratado al bufete Sagardoy Abogados para que se haga cargo a partir de ahora de sus procedimientos judiciales. 

Los tiempos han sido rápidos. La Universidad tenía prisa y en menos de un mes han resuelto la licitación. Hasta el momento era el propio servicio jurídico de la Universidad el que gestionaba los procesos judiciales, pero la institución justifica este contrato por el “elevado número de estudiantes” al que hace referencia la Inspección y el escaso volumen de personal de su servicio jurídico. Lo componen únicamente tres letrados que además, dicen, “ninguno posee formación y experiencia acreditada en los procedimientos en materia de Seguridad Social”. 

Por ello, la Universidad no está dispuesta a perder más dinero y pagará 90.000 euros a este despacho especialista en asesoramiento laboral. Tendrán que llevar a partir de este momento dos los procedimientos, incluidos los posibles recursos de casación que correspondan ante el Tribunal Supremo. 

Inspección de Trabajo 

Inspección de Trabajo visitó la Carlos III en el último trimestre del año en varias ocasiones, según fuentes cercanas a la institución, para evaluar el papel que realizan los estudiantes con prácticas extracurriculares. 

Ya en julio el Juzgado de lo Social número 21 de Madrid reconoció la relación laboral de la universidad con una becaria que trabajaba en el archivo general de la biblioteca. 

El organismo de control laboral considera que la Carlos III utiliza a becarios como trabajadores estructurales y le ha impuesto el pago de un millón y medio de euros con carácter retroactivo por las cotizaciones que el organismo ha dejado de recibir durante los últimos cuatro años. 

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