Varias asociaciones de jueces planean llevar a Estrasburgo las 20.000 firmas para cambiar el sistema de elección del CGPJ

Tres de las cuatro asociaciones judiciales entregaron el pasado viernes al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, un documento en el que recogían 20.000 firmas para cambiar el actual modelo de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. La determinación de estos jueces es tal que están dispuestos a llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si el Ministerio de Justicia no accede a sus peticiones, según fuentes presentes en la reunión. 

Existe malestar con Campo porque se negó a recoger personalmente estas firmas contenidas en el Manifiesto Ciudadano por la Independencia Judicial, algo que estas fuentes tachan de falta de respeto. Los representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y del Foro Judicial Independiente (FJI) -que suman más de 2.500 de los 5.341 jueces y magistrados españoles- transmitieron al ministro la urgencia de cambiar el modelo de elección de los vocales del CGPJ, que actualmente deciden la mayoría de los diputados del Congreso porque consideran que es un modelo agotado. 

Aunque la cuarta asociación, Jueces y Juezas para la Democracia, no firma el escrito también se ha mostrado favorable a rehacer este punto de la Ley Orgánica del Poder Judicial. De hecho, han propuesto en un comunicado emitido este lunes la creación de un grupo de trabajo en el que se analice la situación y se aporten estudios de derecho comparado para ver qué sistema de elección de vocales sería el idóneo.  

Juan Carlos Campo, por su parte, estos últimos días ha mostrado su preocupación porque considera que “se está produciendo un deterioro de la imagen de la Justicia” por el bloqueo a la renovación del Poder Judicial que lleva ya más de dos años con el mandato caducado.  

Han cambiado las dinámicas 

Para la mayoría de asociaciones judiciales el actual modelo de elección de los 20 vocales que pactan entre Gobierno y oposición no cumple con los estándares Europeos de justicia independiente. Por eso, están valorando en el ámbito del Convenio de Derechos Humanos acudir al Tribunal Europeo para que se pronuncie sobre este asunto. 

“Cuando se hacía un nombramiento antes la gente se callaba porque tenían miedo de que eso pudiera afectarles en futuros procesos. Ahora las cosas han cambiado”, explican fuentes de la judicatura. Hacen referencia, por ejemplo, al caso de la magistrada Pilar Alonso que alega que el CGPJ la discriminó en un nombramiento de 2016 porque ella tenía más méritos que el elegido. El TEDH ha preguntado al Consejo que dirige Carlos Lesmes sobre este asunto y debe pronunciarse antes del próximo 5 de febrero. 

Para este grupo de jueces si los vocales son nombrados por un poder del Estado como es el Congreso no se garantiza la separación de poderes. Por eso, piden que 12 de los 20 vocales se elijan entre la propia carrera judicial y los otros 6, que se seleccionan no por el turno de magistrados sino por el de juristas de reconocido prestigio, sí sean elegidos desde la cámara baja. Así sucedía hasta 1985 y las asociaciones alegan que de esta manera se evitarían bloqueos prolongados. 

“En cuanto se sancione disciplinariamente a un compañero estamos decididos a acudir a la Unión Europea para explicar en el Consejo de Europa que no se están cumpliendo los estándares”, explican estas fuentes. Indican que conocen la vía de Europa es costosa y larga, pero dicen que el hartazgo de unos nombramientos que consideran partidistas durante años les llevan a ver este como el único procedimiento eficaz a largo plazo. 

El ministro en la reunión de la pasada semana no se mostró cerrado a este cambio aunque defendió el actual modelo del que dijo que es perfectamente válido y señaló que los modelos de Europa son “variopintos y son todos legítimos”.