La mayoría de los Sindicatos policiales votan no a la ley de Marlaska para coartar la libertad de expresión de la Policía
Interior quiere imponer límites a la participación de los agentes en medios de comunicación
Hoy se ha celebrado la Reunión del Consejo de Policía del Ministerio del Interior.
La mayoría de los sindicatos policiales, con la excepción del Sindicato SSP que se ha abstenido, se han pronunciado en contra del proyecto de incompatibilidades en el que, entre otras cosas, se señalaba que “la participación en cualquier medio de comunicación social audiovisual, radiofónico, impreso o digital, independientemente de su habitualidad o no, que esté relacionada con la actividad policial o en la que se haga uso de información obtenida por razón de su condición de Policía Nacional, requerirá autorización expresa de la persona titular de la Dirección General de la Policía, quien podrá delegar esta competencia en la persona titular de la jefatura de la Oficina de Prensa y Relaciones Informativas”.
El redactado reserva un apartado para las intervenciones realizadas por los portavoces de los sindicatos policiales, pero limita sus apariciones en medios a las declaraciones "en defensa de los intereses laborales y profesionales del personal de la Policía Nacional en el ejercicio de la acción sindical".
Es decir, todo lo que se salga de esta estricta función, quedará dentro del campo de la censura. Los agentes se han convertido en mecanismos habituales de transparencia en los medios de comunicación.
Y esa transparencia, unida la libertad de expresión, no gusta demasiado en un Gobierno que ha llegado a tramitar toda una reforma legal para desproteger a la Policía y que sigue sin equiparar el sueldo de todos los policías españoles. ¿La respuesta? Censura en la Policía Nacional.
La norma de incompatibilidades de la Policía debería haber servido para controlar las actividades profesionales o lucrativas de los policías que pueden ser realizadas en paralelo a su labor como agentes de la ley y autoridad pública.
Pero el ministro Fernando Grande-Marlaska ha deslizado algo más en la norma. Algo que hará temer a muchos de los agentes de la Policía que intervienen en prensa, teles o radios que, a lo mejor, no es buena idea criticar al Gobierno.
Es más, con el régimen de autorización previa, dependiendo del policía en cuestión, es muy probable que no tenga ni que valorarlo: porque no será autorizado para intervenir en medios de comunicación.
Hoy en día, los agentes nunca hacen revelaciones sobre investigaciones en marcha, sino que se limitan a opinar, con nombres y apellidos, sobre diversos asuntos de la actualidad, opiniones que son valoradas por los espectadores, lectores u oyentes que las reciben.
Limitar las intervenciones a los asuntos sindicales, algo que ya está contemplado en la actual normativa, podría impedir la posible intervención de los agentes en los medios de comunicación en los que ahora intervienen, sin que se hayan producido, en general, problemas salvo las discrepancias que conlleva el uso de la libertad de expresión.
Además, si algún agente se extralimita existen procedimientos sancionadores, sin que sea necesaria la regulación que se propone en el anteproyecto.
Opinión mayoritaria de los sindicatos
"Consideramos que se trata de un ataque directo a uno de los derechos fundamentales como es la libertad de expresión. Estamos en total desacuerdo con su aprobación debido a que supone límites para nuestra funciones sindicales, que son velar por los derechos de nuestros compañeros.
Esto es una forma más de querer acallar voces, un reflejo más de lo que el Gobierno y la Administración quieren hacer con nosotros: silenciarnos y tener un control absoluto", declara Chus Nieto, portavoz de Justicia Policial (Jupol).
Este sindicato, mayoritario en el Consejo de Policía desde hace tres años, declaró el conflicto colectivo ante el Ministerio del Interior a mediados de mayo y por tanto sus ocho vocales no estarán presentes en la reunión extraordinaria de este miércoles.
Acallar a los críticos y sus voces
La disconformidad con la norma proyectada también la ha expresado públicamente Alternativa Sindical de Policía (ASP), sin representación actualmente en el Consejo de Policía.
De entrada, esta organización considera que "no existe ninguna necesidad" para desarrollar las incompatibilidades en el Cuerpo "de manera distinta al resto de funcionarios civiles del Estado", al tiempo que censura que se regulen "de manera más estricta" que para el propio personal militar.
A juicio de ASP, con la aprobación de este real decreto se intenta «poner un bozal» a los policías para que la única "opinión válida" sea la que exprese el ministro.
"Aparte de intentar acallar las voces críticas (especialmente asociaciones y particulares), también pretende detener la sangría de sentencias contra la propia Dirección General por la aplicación actual del régimen de incompatibilidades, especialmente las no remuneradas", denuncia la comisión ejecutiva nacional en un comunicado.
El ejecutivo seguirá adelante y desoye a los sindicatos
A pesar de la negativa de los sindicatos, el ejecutivo tiene previsto aprobar próximamente una norma sobre incompatibilidades en la Policía Nacional que prohibirá a los agentes acudir a tertulias de radio y televisión u opinar en medios impresos sobre cuestiones policiales o hacer uso de información obtenida por su condición de funcionario si no cuentan con "autorización expresa" del director general o del jefe de la oficina de prensa.
El ejercicio de la acción sindical queda excluido de esta limitación.
Así pues el Ejecutivo Interior quiere acabar con los policías pluriempleados en tertulias periodísticas y bufetes.
Sólo queda ya que Grande-Marlaska lo eleve al Consejo de Ministros para su aprobación y que entre en vigor a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
