PSOE y ERC pactan una malversación que rehabilite a Oriol Junqueras para las próximas elecciones y salve de la cárcel a José Antonio Griñán
Junts acusa a ERC de favorecer la extradición de Puigdemont, mientras Unidas Podemos se divide: Echenique pide un "debate de fondo" y afirma que hoy no tienen posición unitaria
La reforma del delito de malversación de caudales públicos, planteada en noviembre por el presidente catalán y líder de ERC, Pere Aragonès, hizo saltar las alarmas en algunos de los grupos cuyo apoyo en el Congreso sería imprescindible para que saliera adelante. El PSOE y una parte de Unidas Podemos consideraban viable estudiar una rebaja de las penas para quien no consiga un enriquecimiento personal a través de la malversación, lo cual implicaría rebajar las condenas a varios de los condenados por el procés. Pero varios socios del Ejecutivo, así como la parte mayoritaria de Unidas Podemos, tenian sus reservas ante la posibilidad de que una modificación de este delito pudiera beneficiar también a condenados por casos de corrupción.
A mediados de noviembre Aragonès se limitó a señalar durante una entrevista en RAC1 que, una vez pactada con el Gobierno la modificación del delito de sedición, "ahora toca abrir esta otra batalla en el ámbito de la utilización perversa de la malversación". El president no ofreció muchos detalles sobre esa posible modificación del tipo penal, si bien apostó por "revertir" la reforma del Código Penal que llevó a cabo el PP en 2015 y que permitió, entre otras cosas, que los condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 pudieran ser encausados por este delito.
Tras varias jornadas de largas negociaciones en estas últimas dos semanas el Gobierno y ERC han llegado a un acuerdo para reformar el delito de malversación. Serán los separatistas los que tomarán la iniciativa, vía enmienda a la modificación legislativa del Código Penal que se tramita en el Congreso, con la seguridad de que los de Pedro Sánchez lo apoyarán. El texto consenduado, contradice el compromiso del presidente del Gobierno de no retroceder en la lucha contra la corrupción pues con la reforma que plantea ERC, José Antonio Griñán evitaría entrar en prisión y Oriol Junqueras estaría rehabilitado para presentarse como candidato en las próximas elecciones catalanas.
La enmienda de los independentistas plantea condenas de hasta ocho años de cárcel para malversación con «ánimo de lucro» y de hasta cuatro años cuando no haya enriquecimiento personal. Este último es el caso del ex presidente de la Junta de Andalucía, cuyo ingreso en prisión debería ser inminente, según la orden de la Audiencia Provincial de Sevilla. De momento, sigue en la calle, y todo indica que lo estará durante un tiempo largo dado que, al ver rebajada su condena de 6 a un máximo de 4 años, puede evitar el ingreso en prisión mientras el Tribunal Constitucional no resuelva su recurso.
La reforma del delito de malversación es una petición de ERC, que junto a otras formaciones independentistas tiene a varios miembros del partido condenados por este tipo penal y otros tantos con causas pendientes, por las acciones que se llevaron a cabo en 2017 para intentar hacer efectiva la independencia de Cataluña. Además de por malversación, los líderes del procés fueron condenados por sedición, delito que el Gobierno ya se ha comprometido a eliminar y por ello el PSOE y Unidas Podemos registraron en el Congreso un la proposición de ley que se tramita aceleradamente en las Cámaras para que entre en vigor en enero.
Una reforma del delito de malversación como la apuntada por el Gobierno y ERC podría beneficiar a al menos 24 políticos independentistas actualmente investigados, procesados o condenados por este ilícito penal a causa del 1-O, entre ellos, los que fueran presidente y vicepresidente de Cataluña Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, respectivamente.
Varios dirigentes independentistas se enfrentan aún a penas de cárcel al estar acusados de malversación o prevaricación. Los primeros beneficiados por la reforma podrían ser el diputado de ERC en el Parlament Josep Maria Jové y el actual presidente del Port de Barcelona, Lluís Salvadó. Ambos están pendientes de ser juzgados en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya por su "participación activa" en los preparativos del referéndum unilateral del 1-O. Otros 28 cargos o excargos del Govern están procesados por los delitos de malversación, desobediencia, falsedad y prevaricación. En paralelo, hay abierto un proceso penal por la internacionalización del 'procés' en el que están implicados el 'exconseller' Raül Romeva, el exsecretario de Govern Víctor Cullell y el exsecretario del Diplocat Albert Royo. Y, por supuesto, los exlíderes del 'procés' huidos al extranjero, como el 'expresident' Carles Puigdemont y la número dos de ERC, Marta Rovira, también podrían ver rebajadas las acusaciones y las hipotéticas condenas.
La reforma del delito de malversación obligará a revisar centenares de sentencias en las que se condenó por este delito, porque el propio Código Penal, la Constitución y la jurisprudencia europea obligan a trasladar a todos los condenados cualquier modificación normativa que sea más beneficiosa para ellos. Ahora bien, las hipotéticas rebajas de pena dependerán de la redacción de la enmienda, que ERC trata de blindar para evitar los efectos indeseados que ha tenido la ley del solo sí es sí. Entre otras sentencias, habría que revisar la de los ERE de Andalucía, la del caso Nóos y la de la primera época de la trama Gürtel, que condenó al PP como partícipe a título lucrativo. El caso más reciente, y que genera más suspicacias por ser un exdirigente del PSOE, es el del expresidente andaluz José Antonio Griñán, pendiente de cumplir 6 años de prisión por malversación y prevaricación. Fue condenado por canalizar subvenciones públicas para prejubilaciones en ERE fraudulentos y ayudas arbitrarias a empresas, pero sin beneficio personal.
