Casas reales

Transparencia obliga a Moncloa a desvelar el coste de viajes de Felipe y Letizia cuando eran príncipes

La Secretaría General de Presidencia se negaba a dar cifras acogiéndose a la Ley de Secretos Oficiales. En 2020 se publicaron noticias que señalaban que la luna de miel la pagó un empresario y Villarejo apuntó al CNI

Los príncipes Felipe y Letizia, en un viaje a Portugal.
photo_camera Los príncipes Felipe y Letizia, en un viaje a Portugal.

El gasto de los viajes que los ahora reyes de España, entonces príncipes de Asturias, realizaron entre los años 2004 y 2008 sí es información que debe ser facilitada a los ciudadanos en virtud de la Ley de Transparencia.

Es la conclusión a la que ha llegado el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, al analizar la reclamación presentada por un solicitante de información, que no tuvo respuesta al pedirla a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno.

El solicitante envió su petición a esa instancia, que dirige Félix Bolaños, uno de los principales colaboradores de Pedro Sánchez en La Moncloa. La Secretaría General de Presidencia del Gobierno nunca dio respuesta a su solicitud, por lo que recurrió ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

La petición consistía en conocer “el detalle de todos y cada uno de los viajes realizados por los actuales reyes Felipe VI y Letizia en 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008”, es decir, cuando eran príncipes de Asturias.

El detalle de los viajes solicitado abarcaba “fecha de inicio y fecha de fin, a qué destinos y en qué fechas acudieron durante el viaje, cómo se desplazaron a los destinos (avión oficial, comercial o lo que fuera), en qué hoteles, lugares y alojamientos se alojaron en cada fecha (nombre, tipo de alojamiento, ciudad y dirección), gasto total y gasto desglosado de cada viaje y quién lo pagó (si fueron distintas personas u organizaciones solicito que se me detalle qué parte pagó cada cual), nombre de los acompañantes al viaje y las facturas de todos los gastos realizados en esos viajes”.

Argumentaba el solicitante que “se trata de información de interés público debido al cargo que ostentan y que se trata del gasto de fondos públicos. El Consejo de Transparencia lo ha considerado así en distintas ocasiones”, por lo que no debía haber ningún problema en facilitarle la información.

Transparencia requirió a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, para que presentara sus alegaciones para explicar por qué no había respondido ni facilitado esos datos.

Presidencia se limitó a señalar que “la información sobre los viajes y actividades de los miembros de la Familia Real está disponible en la página web oficial de la Casa de S.M. el Rey, en el apartado Actividades y Agenda, al que podrá acceder través del siguiente enlace: http://www.casareal.es/ES/actividades/Paginas/subhome actividades.aspx”.

A su juicio, cual dato más allá de lo que se puede ver en esta página se encuentra protegido por el artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

 

Además, subrayó que es materia clasificada “tanto los informes sobre movimientos de aeronaves militares como los planes de protección de autoridades y pasajeros sometidas a la misma, y en concreto, los informes y datos estadísticos sobre movimientos de fuerzas, buques o aeronaves militares, en virtud del Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986, en relación con la Ley 9/1968 de 5 de abril, reguladora de los Secretos Oficiales y modificada por la Ley 48/1978 de 7 de octubre, no cabe facilitar más información que la que se proporciona en dicho enlace”.

Así que pidió al Consejo de Transparencia que desestimara la reclamación formulada.

Gasto global y acompañantes

No fue así: finalmente el Consejo de Transparencia decidió estimar parcialmente la reclamación, y acordó instar a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno a que, en el plazo de 20 días hábiles, remitiera al reclamante “la siguiente información, relacionada con los viajes realizados por los actuales reyes Felipe VI y Letizia en 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008: 1) Acompañantes; 2) Gasto global de cada viaje”.

A Transparencia no le convence el argumento de Moncloa de que la información pedida entra dentro del ámbito de las materias protegidas por la Ley de Secretos Oficiales. En primer lugar, señala que el Gobierno no demuestra que los datos solicitados, concretamente, hayan sido declarados secretos.

En segundo lugar, considera que “con el conocimiento de la información solicitada no se impide el ejercicio de los derechos fundamentales por parte de los ciudadanos, se pone en riesgo su integridad física, se trata de difundir información que altere los planes de defensa militar de nuestras fronteras o nuestra integridad territorial o de nuestra capacidad de repliegue militar, se halla en curso ningún procedimiento judicial penal que trate actualmente este asunto, ni afecta en modo alguno a la intimidad de personas físicas”.

Recuerda el Consejo de Transparencia que la solicitud no pedía conocer “itinerarios o fechas de vuelos previstas a futuro, horarios, pautas de vuelo ni otro tipo de información que pueda poner en riesgo la integridad física de los actuales Reyes, ni en el momento en que se solicitó la información ni ahora”.

Por ello, llega a la convicción de que conocer la información sobre viajes de hace más de diez años no puede implicar ningún perjuicio en la actualidad.

Encaja en el control del uso de fondos públicos

La resolución de Transparencia no concede el acceso a todos los datos pedidos, porque “el nivel de desglose solicitado, que incluye el detalle de los medios de transporte no oficiales utilizados por los Reyes, así como los lugares donde se alojaron en cada fecha con indicación del nombre, tipo de alojamiento, ciudad y dirección” requeriría “una labor expresa de recopilación que se remonta a viajes desarrollados dieciséis años antes de la solicitud” que excede la finalidad de control de la actuación pública en la que se basa la Ley de Transparencia de 2013.

Sin embargo, sí entiende el consejo que sí se debe proporcionar la información sobre “los gastos globales de los viajes realizados por los actuales Reyes y entonces Príncipes de Asturias, puesto que, como venimos argumentando, se trata de información cuyo acceso se conecta directamente con la finalidad de la Ley, concretamente, con la garantía del conocimiento y control por parte de los ciudadanos del uso de fondos públicos”.

Reclamaciones similares anteriores ya habían sido atendidas positivamente. Además, el Consejo de Transparencia argumenta que los datos de ejecución presupuestaria que ofrece la Casa del Rey en su página web permite ver el total de dinero destinado a los viajes de la casa: “Por lo tanto, puede indicarse que, en la actualidad y referidos a los Reyes de España, se hace pública de forma proactiva la información relativa a los viajes y desplazamientos realizados”.

En el caso de don Felipe y doña Letizia entre 2004 y 2008, “entendemos que los Príncipes de Asturias tenían a su disposición un presupuesto en el que, de igual forma, se consignaran los importes destinados a los distintos conceptos y clasificaciones económicas, entre los que se encuentran la relativa a los viajes”.

Así que “podemos considerar que los datos solicitados- siempre, no obstante, referidos a los gastos globales de los viajes, por lo que entendemos que es ésta la información cuyo acceso quedaría amparado en la LTAIBG- se trata de información disponible y cuyo acceso ha de quedar garantizado a nuestro juicio”.

La luna de miel

La persona o entidad que inició el proceso y preguntó todos estos datos pide, en un punto de su solicitud, que se determine si alguno de esos viajes no se pagó con fondos públicos. Al parecer, pedía conocer la identidad de las personas- físicas o jurídicas- a las que pudiera haber correspondido sufragar ciertos desplazamientos por cuanto esta información puede ser ciertamente ajena al uso de fondos públicos.

Aunque no se cita en la solicitud de información, esta insinuación podría referirse a distintas noticias publicadas en 2020 sobre el viaje de novios de los ahora reyes Felipe y Letizia, después de su boda en 2004.

Por un lado, el diario británico Daily Telegraph publicó que el empresario Josep Cusí, amigo muy cercano del rey Juan Carlos, pagó 269.000 de los 467.500 dólares que costó el viaje de luna de miel, aunque en ese relato había datos que no encajaban.

Por otro lado, en conversaciones intervenidas José Manuel Villarejo parecía dar a entender que el viaje de novios de don Felipe y doña Letizia costó un millón de euros, y lo pagó “una sociedad que maneja el CNI”.

Teaser tráiler de Lightyear, lo nuevo de Pixar

Comentarios
Somos ECD
¿Quieres formar parte de ECD?