El Ejército comienza la batalla contra el acoso sexual
Los equipos especiales con psicólogos, expertos jurídicos y médicos ya se han constituido. Serán los encargados de tramitar denuncias anónimas
Las Fuerzas Armadas ya han activado las unidades especiales creadas para evitar y responder ante casos de acoso sexual como el de la ex comandante Zaida Cantera. Cuentan con personal civil y militar e investigarán las denuncias anónimas que reciban desde cualquier cuartel de España.
El pasado mes de noviembre, el Consejo de Ministros aprobaba el protocolo de actuación contra el acoso sexual en las Fuerzas Armadas. Un documento que no entró en vigor hasta los últimos días de 2015, cuando fue publicado en el Boletín Oficial del Estado.
Según ha sabido ECD, transcurrido un mes desde que se oficializaron las nuevas medidas para impedir e investigar este tipo de casos, las UPAs (Unidades de Protección Frente al Acoso) ya están constituidas y tienen personal dedicado exclusivamente a ellas.
Se trata, por el momento, de cuatro unidades: una en cada ejército (Tierra, Aire y Armada) y una más que estará destinada de forma permanente en el Estado Mayor de la Defensa –que será la encargada de recopilar anualmente los datos de actuaciones y presentar un informe al ministerio-.
Están formadas por personal militar y expertos civiles en materia de género. Cada una de ellas cuenta, explican fuentes militares, con dos psicólogos, un asesor jurídico, y un médico. A través de esas unidades se canalizarán a partir de ahora todas las denuncias de casos similares a los de la ex comandante Zaida Cantera.
Ello supone, por ejemplo, que los superiores directos de una víctima no tendrán conocimiento de la denuncia, ya que estas unidades trabajan “de forma autónoma y con amplio margen de acción”.
Tal y como ha sabido El Confidencial Digital de fuentes militares, el proceso de creación y puesta en marcha de estas unidades “cuenta con la supervisión personal del Jefe del Estado Mayor de la Defensa”, el Almirante General Fernando García Sánchez.
El plan cosechó críticas en su fase inicial, cuando el Gobierno presentó la iniciativa. Las asociaciones militares criticaron entonces que la medida llegaba “con severo retraso y no se dirige a erradicar el problema sino a responder a la alarma social" generado por el caso Zaida Cantera.
