Mandos militares, partidarios de auditar los grandes programas de armamento
Alemania investiga irregularidades en cuatro proyectos que comparte con España: el A400-M, el Eurofighter, el helicóptero Tigre y el NH-90
El calendario de pagos por armamento del Ministerio de Defensa se complicará en los próximos años, amenazando la operatividad de las Fuerzas Armadas. Mandos militares defienden la realización de una auditoría a los programas de Defensa, una iniciativa que ya ha puesto en marcha Alemania.
El Rechnungshöfe, el Tribunal de Cuentas Federal alemán, advirtió este mismo año al Ministerio de Defensa germano de la existencia de ciertos presupuestos de adquisición de armamento que no se ajustaban al “uso prudente de los fondos públicos”.
En concreto, las alarmas saltaron cuando el organismo de estudio financiero alemán detectó irregularidades en la renegociación del contrato para adquirir helicópteros NH-90.
Según la reordenación del contrato, Alemania pasaría de recibir las 122 unidades solicitadas según los pliegos originales a sólo 82. En total, el Ministerio de Defensa dejaba de recibir 40 unidades –un 33 por ciento -, aunque el descuento financiero tan sólo era de un 7 por ciento del montante total del contrato.
Tras varias dimisiones de altos funcionarios alemanes relacionados con la Defensa, el ministerio decidió ordenar una revisión de nueve programas especiales de armamento para detectar si se habían producido sobrecostes excesivos o no ajustados al contrato original de compra. Para ello se contrató a la consultora KPMG, a una empresa de ingeniería y a una firma de abogados.
Entre los programas que están siendo investigados figuran cuatro en los que España también está involucrada: el caza Eurofighter, el avión de transporte A400M, el helicóptero Tigre –no se ha recibido ninguno en propiedad aún- y el anteriormente citado NH-90 –sólo se ha recibido uno-.
“España debería copiar de Alemania”
El Confidencial Digital se ha puesto en contacto con diversas voces militares, algunos de ellos mandos y otros expertos en procesos de adquisición de armamento, para conocer su parecer sobre esta iniciativa alemana.
La mayoría de los consultados respaldan aplicar así estas medidas “para conocer hasta qué punto la industria militar puede haberse pasado de la raya” asegura uno de los mandos consultados.
Cuestionados por el caso concreto de los helicópteros NH-90, programa que motivó la investigación en Alemania, aseguran que los datos en España “son aún más preocupantes”: de 45 unidades contratadas, España redujo su pedido a 22, algo menos de la mitad. Sin embargo, el precio del contrato –unos 1.260 millones- “no sólo no se rebajó, sino que aumentó en unos 190 millones”.
En el caso español, el coste unitario de cada uno de los helicópteros ha pasado de 28 millones de euros -según el pedido original- a 65,9 la unidad. Unos 38 millones más cada aparato.
Presupuestos ‘legales’
“Sería positivo para mantener unos presupuestos saneados y equilibrados que se conociera si estos programas y sus descuentos responden a la legalidad vigente” aseguran a ECD las voces consultadas.
Para otros, realizar este tipo de auditorías resulta “un tanto idealista”, ya que según su criterio el sector tiene “unas peculiaridades diferentes a cualquier otro mercado. No es lo mismo hablar de tecnología de defensa, como un Eurofighter o una fragata, que de cualquier otro producto de uso civil. Las negociaciones con la industria de defensa son complejas y duras” aseguran quienes no ven clara esta vía.
19 programas cuestionados
En España, el Ministerio de Defensa mantiene abiertos 19 programas especiales de armamento. Fragatas F-100, F-105, submarinos S-80, helicópteros Tigre, NH-90, buques BAM, carros Leopard, misiles IRIS-T y Taurus, Eurofighter o el A400M figuran entre ellos.
El coste original de estas adquisiciones ascendía a 23.960 millones de euros. Tras años de incumplimiento de plazos de pago –y de entrega-, el montante total de la deuda superaba los 30.000 millones.
Cuando el Partido Popular llegó al Gobierno en diciembre de 2011, una de las prioridades en materia de Defensa fue la renegociación del calendario de pagos y la reordenación de los pedidos, reduciendo unidades a recibir de los distintos programas –en algunos casos incluía multas por ello-.
Esas gestiones derivaron en un retraso de los pagos –de 2025 como año límite hasta 2030-, pero también incrementaron el monto total en unos 2.000 millones de euros extra.
Tal y como publicó la pasada semana El Confidencial Digital, la formación UPyD ha realizado recientemente varias preguntas en el Congreso de los Diputados sobre esta materia, e incluso elaboró un informe en el que se pone en entredicho el calendario de pagos.
Además, dicho documento augura un periodo de “inoperatividad” en las Fuerzas Armadas en caso de que dichos pagos deban realizarse conforme a los presupuestos oficiales de Defensa, y no a los créditos extraordinarios de Industria con los que se afrontan actualmente. Ahora rondan los 1.000 millones anuales, pero en 2020 alcanzarán los 2.000.
