Defensa

Los afectados por la repetición de las oposiciones de Defensa presentan un recurso Contencioso Administrativo

Alegan que la decisión de volver a hacer la prueba por la polémica del tatuaje les deja en una situación de desigualdad

Sede del Tribunal Constitucional.
photo_cameraSede del Tribunal Constitucional.

Los aspirantes que obtuvieron la plaza denuncian la “situación de desigualdad” a la que se ven sometidos a la vista de la repetición de las oposiciones. Los afectados pedirán dos medidas cautelares ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, una de carácter administrativo y otra de carácter constitucional, al considerar que la decisión vulnera sus derechos. 

Los 'aptos', que se han agrupado en el colectivo 'Defendiendo 7 plazas, denuncian que la repetición de las pruebas ha supuesto un “duro golpe emocional y psicológico” para los afectados que ya tenían asegurado el puesto, y no tanto para aquellos compañeros que la nueva convocatoria ha resultado ser una segunda oportunidad.

Desde el colectivo se “insiste” en que Defensa “debe dar una solución” y “dar respuestas a preguntas que han quedado en el aire”. Hacen referencia, entre otras cuestiones, a la no publicación del acta de promoción por acceso directo, al mismo tiempo que se publicaba la de promoción interna, como contó ayer ECD.

También hablan de la “falta de reconocimiento al mérito”, por los exámenes y pruebas superados, y al fundamento jurídico de “seguridad buena fe y equidad”.

Los derechos constitucionales

Por ese motivo, alegan que no están en la misma condición de igualdad que sus compañeros para afrontar la repetición de la oposición. Fuentes del colectivo aseguran que los hechos infringen los derechos constitucionales de los 7 firmantes, en concreto los derechos recogidos en los artículos 13, 23 y 24.

Esos artículos hacen referencia a las “libertades públicas” que tiene todos los españoles “en los términos de la ley”, sobre el derecho a “acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos” y sobre el derecho que tiene todo ciudadano a “obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses”.

Así mismo, piden que se den garantías de los derechos constitucionales recogidos en los artículos 14 y 23. El artículo 14 afirma que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

En ese sentido, el artículo 14 es complementado por el artículo 23, que en su punto 1 dice que: “los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos”; y en su punto 2 reafirma: “asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes”

Ya han puesto un requerimiento en Defensa

Los afectados ya interpusieron ayer en Defensa un requerimiento para intentar paralizar la nueva convocatoria de las oposiciones. Se amparan en la base duodécima de la resolución 452/38082/2018 que remite a procesos ya terminados, como consideran que es su caso.

El recurso que debe ser resuelto hoy, tras pasar el tiempo estipulado, aclarará si el Ministerio de Robles decide paralizar la oposición convocada para el próximo 10 de agosto. Fuentes próximas a los afectados señalan que “tienen esperanzas”, sobre todo tras “las contradicciones de Defensa” anunciadas en el artículo publicado en este medio ayer.

En el requerimiento también se invitaba a la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (DIGEREM) a que tomara “las medidas oportunas” para hacer efectiva la medida. Y se pedía a Defensa que se “ notifique personalmente” a los afectados.

Acudirán también a la vía administrativa

Las fuentes consultadas por ECD han confirmado que presentarán también medidas cautelares de carácter administrativo. La intención última es agotar todas las vías posibles. 

Añaden que en caso de que las medidas cautelares sobre sus derechos constitucionales no prosperasen, se agarrarían a esta alternativa para intentar acabar con la “injusticia” y garantizar sus derechos.

También aseguran que van a luchar por sus plazas “con todos los recursos que tenemos a nuestra mano”: desde “redes sociales” y diversas “peticiones” hasta los distintos “recursos”, y como ahora, “desde el ámbito legal”.

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