Una asociación militar alerta de la posible nulidad de los dictámenes de Junta Médico Pericial al estar presidida por un general farmacéutico
AUME pide al Ministerio de Defensa que aclare la situación creada, al no haber un médico al frente de ese órgano y de la Inspección General de Sanidad
Margarita Robles apostó por el general Juan José Sánchez Ramos para ocupar el puesto de inspector general de Sanidad, cargo desde el que se dirige la Sanidad Militar. Sánchez Ramos era general de Brigada farmacéutico, y la ministra optó por él para sustituir al general de División Antonio Conde.
Que sea un farmacéutico, y no un médico el que dirija la Sanidad Militar, provocó cierta polémica interna. Algunos médicos militares consideraron una afrenta esta decisión de Margarita Robles, y ya advirtieron de que podría provocar disfunciones internas.
Pasado el tiempo, la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) ha dado la voz de alerta por los efectos que la dirección del general Sánchez Ramos puede tener en los informes médicos que se emiten sobre las condiciones psicofísicas de los militares.
Esta asociación profesional de militares asegura que ha tenido conocimiento de que “la presidencia de la Junta Médico-Pericial Superior de las Fuerzas Armadas, que recae en un general de división farmacéutico, está produciendo la emisión de votos particulares de otros miembros de la misma que sí cuentan con la especialidad fundamental de medicina”.
Según AUME, el problema estriba en que sea un general de División de la Especialidad de Farmacia, y no de Medicina, el que dirija el órgano que emite unos informes periciales que son actos médicos.
Apunta esta asociación que la situación provocada por la presidente del general Sánchez Ramos “está provocando gran desasosiego entre los miles de militares que han de acudir a dicho órgano pericial médico y que, de no solucionarse el problema, podrían verse afectados por la hipotética nulidad de los dictámenes médicos e informes”.
Desde el inicio de la etapa de Sánchez Ramos, algunos médicos militares apuntan que los militares que se vean perjudicados por decisiones de la Junta Médico Pericial podrían tratar de recurrir esos dictámenes, argumentando precisamente irregularidades en la composición del órgano por no tener al frente a un médico.
Ante esta polémica, AUME pide al Ministerio de Defensa que aclare la situación de la Junta Médico Pericial y que, si es necesario, “modifique los nombramientos y/o las normas reguladoras de este importante órgano pericial médico, antes de que puedan producirse situaciones que perjudiquen a miles de militares”, como sería que se anularan los dictámenes aprobados por este órgano desde que lo preside el general Sánchez Ramos.
La Junta Médico-Pericial Superior de las Fuerzas Armadas se define como el órgano médico pericial superior de estudio, asesoramiento y coordinación en materia de medicina pericial en el ámbito de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil.
Depende orgánicamente de la Inspección General de Sanidad de la Defensa, cuyo inspector general la preside, de ahí la polémica con el nombramiento de un general farmacéutico para ese puesto.
Las críticas internas comenzaron desde que el general Sánchez Ramos se hizo cargo de la Inspección General de Sanidad de la Defensa, cuando Margarita Robles cesó al general de División médico Antonio Conde.
Vozpópuli reveló en mayo de 2021 que el general de Brigada médico José María Delgado, responsable de la Jefatura de Sanidad Operativa (del Estado Mayor de la Defensa), había enviado una carta al Ministerio de Defensa en la que ponía en duda la idoneidad de colocar a un general farmacéutico al frente de la Junta Médico Pericial.
Pese a esas quejas, la ministra acabó confirmando en el cargo a Juan José Sánchez Ramos. En julio de 2021 lo ascendió a general de División y ratificó su nombramiento como inspector general de Sanidad.
