El caso de la militar embarazada suspendida trae consecuencias: Carme Chacón ordena que en esos tribunales de evaluación haya siempre una mujer
En 2010, una mujer militar de Valencia fue expulsada del Ejército de Tierra al no poder presentarse a las pruebas físicas para renovar su compromiso. Estaba embarazada. Para evitar que vuelva a ocurrir, la ministra Chacón ha ordenado que en las juntas de calificación que evalúen a personal femenino deberá haber siempre una mujer.
La orden ministerial, de septiembre de 2010 y firmada por Chacón, establece que en las calificaciones del personal militar de 2011 se introducirán cambios significativos. La más importante, la que hace referencia a las mujeres militares.
El proceso de evaluación se desarrollará los próximos meses de marzo y abril, cuando las denominadas Juntas de Calificación elaborarán el Informe Personal de Calificación (IPEC).
Este documento es esencial para renovar el compromiso en caso de los integrantes de tropa, o para optar a cambios de destino en caso de oficiales y suboficiales.
En 2011, todos los IPEC de mujeres militares deberán ser evaluados por juntas de calificación en los que al menos uno de sus miembros sea mujer. Estas juntas están formadas por tres personas: el superior jerárquico del evaluado y otros dos militares sin relación jerárquica entre ellos.
Según ha podido saber El Confidencial Digital de fuentes del Ministerio de Defensa, esta modificación de la normativa nace ante algunas quejas de mujeres militares que consideraron su evaluación “machista”.
El caso determinante fue el de una mujer militar embarazada, destinada en Valencia, que fue calificada por las juntas de evaluación como “no apta” después de que no se presentara a las pruebas físicas. Estas pruebas son necesarias para renovar el compromiso y continuar en el Ejército.
La afectada, sin embargo, denunció a Defensa por su expulsión. Alegó que el suyo era un “embarazo de riesgo”, ya que había sufrido dos abortos en años anteriores. En el informe negativo de sus superiores, figuraba el hecho de que había estado “de baja prolongada durante meses”.
Según la denunciante, sus examinadores –todos hombres, al parecer-, ignoraron el Real Decreto que establece que, en caso de embarazo, la mujer militar podrá posponer sus pruebas y calificaciones.
