Defensa

Defensa desestima las primeras alegaciones de los tenientes generales contra los desahucios de sus viviendas en Rota y San Javier

Están contactando con abogados para defenderse y recurrir a los tribunales si se dicta la orden de desalojo

Academia General del Aire, en la base aérea de San Javier (Murcia).
photo_camera Academia General del Aire, en la base aérea de San Javier (Murcia).

Las primeras alegaciones de los afectados no han tenido éxito. El Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED) sigue adelante con los expedientes de desahucio que hace unas semanas abrió a varios oficiales generales de las Fuerzas Armadas, entre ellos algunos tenientes generales, por el uso de las viviendas que tienen asignadas en bases como la de Rota (Cádiz) y San Javier (Murcia).

Así lo ha podido confirmar Confidencial Digital, por fuentes militares conocedoras de este proceso que podría acabar en el desalojo de las viviendas que algunos tenientes generales de distintos ejércitos mantienen en bases en las que actualmente no están destinados.

En estas páginas ya se contó a mediados de enero que el INVIED, un organismo autónomo dependiente del Ministerio de Defensa, había abierto esos expedientes de desahucio. En principio, el origen de los mismos son inspecciones rutinarias para detectar posibles usos fraudulentos de las viviendas.

Bases en las que estuvieron destinados

En algunos casos, los tenientes generales que se enfrentan al desahucio estuvieron hace años destinados en algunas bases ubicadas en distintos puntos de España. En esa etapa se les asignaron viviendas en esas bases, en las que se instalaron, ellos y sus familiares si era el caso.

La cuestión es que al ir ascendiendo, cambiaron de destino y en muchos casos fueron enviados a Madrid, a órganos centrales del Ministerio de Defensa, el Estado Mayor de la Defensa o los ejércitos de Tierra, de Aire y la Armada.

En la mayoría casos, estos traslados implican que dejen las viviendas y se les asignen otras, o pabellones de cargo, en sus nuevos destinos. Pero algunos oficiales y oficiales generales han mantenido las viviendas que se les asignaron en las bases por las que pasaron, aunque ya no están allí destinados.

Las viviendas que mantienen en esos otros puntos de España suelen ser de uso familiar, o las utilizan en fines de semana, vacaciones... Algunas fuentes señalan que estos altos mandos mantienen también estas segundas viviendas en bases militares con la esperanza de poder volver a ellas cuando pasen a la reserva y cesen en los destinos que tienen en Madrid.

Rechazadas las primeras alegaciones

El INVIED abrió los expedientes hace semanas. Los notificó a los afectados, e inició la investigación. El proceso de desahucio es largo, cuenta con varias fases y normalmente se extiende a lo largo de varios meses, con un plazo máximo de seis meses.

Tras la apertura del proceso y la notificación, los militares afectados tuvieron la oportunidad de presentar unas primeras alegaciones. Se trata de una defensa no tan jurídica, sino más básica: por ejemplo, plantear (si es el caso) que el INVIED se ha equivocado de titular de la vivienda, o aportar documentos básicos que demuestren que sí utiliza la vivienda.

 

ECD ha podido saber que, en el caso de varios tenientes generales y otros oficiales de las Fuerzas Armadas, estas primeras alegaciones no han sido aceptadas por el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa.

Este organismo ha desestimado las alegaciones, y ha decidido continuar con el expediente de desahucio. Es en ese punto cuando se abre formalmente el expediente, con un “pliego de cargos”.

Han contactado con abogados

Una vez que el INVIED concluye esta fase en cada expediente, los militares bajo amenaza de desahucio tienen otra oportunidad de defenderse. Estas segundas alegaciones deben ser más jurídicas, y se preparan con más detalle.

Es por ello que algunos tenientes generales, coroneles y otros oficiales a los que se ha abierto expedientes han puesto sus casos en manos de abogados. Estas segundas alegaciones, que en algunos casos ya se han registrado, son clave: normalmente en ellas se basan los posteriores recursos judiciales.

El INVIED analizará estas segundas alegaciones, y se espera que en tres o cuatro meses tome una decisión final: o bien cerrar el caso, o bien ordenar el desalojo de las viviendas.

Recursos judiciales

Fuentes militares apuntan que algunos aceptarán el desahucio, si llega a producir: son los que realmente sólo acuden a esas viviendas en bases como Rota y San Javier en vacaciones.

Otros, sin embargo, están completamente decididos a defender su derecho al uso de la vivienda que se les asignó, porque aunque trabajan en Madrid, sus familias residen en ellas, o bien acuden todos los fines de semana. Es decir, consideran que sí se justifica la utilización de la casa.

Frente a la resolución final que adopte el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, los militares desahuciados pueden recurrir a la justicia. Podrían presentar recursos en la jurisdicción contencioso-administrativo, y si se ha ordenado el desahucio, pedir como medida cautelar que se suspenda el desalojo hasta que se resuelva el recurso judicial.

En estos casos, lo habitual es que los jueces suspendan el desahucio como medida cautelar. La primera sentencia suele llegar en un año y medio o dos años, y después cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Por tanto, el proceso se puede aún extender varios años.

Gestiones ante el JEMAD

En estas páginas se contó que algunos de los oficiales generales afectados han mantenido contactos para intentar frenar el desalojo. Primero contactaron con la dirección del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, que tiene al frente a un general de Brigada de Intendencia (en la reserva) Sebastián Marcos Morata.

Pero algunos han llegado a presentar su caso ante el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el almirante general Teodoro López Calderón, para que medie ante el Ministerio de Defensa.

Sin embargo, las fuentes consultadas por ECD aseguraban en enero que desde la Secretaría de Estado de Defensa, de la que depende el INVIED, se muestran muy firmes en su intención de continuar adelante con los expedientes, y si así se decide, desalojar a los tenientes generales y otros oficiales generales afectados.

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