Defensa empieza a notificar a oficiales la orden de desahucio de las viviendas que ocupan en bases militares
Ha desestimado las alegaciones de la mayoría de afectados, varios de ellos coroneles, que están contactando con abogados para recurrir a los tribunales
El Instituto de Vivienda y Equipamientos de la Defensa ha empezado a notificar a oficiales de las Fuerzas Armadas que tienen que desalojar las viviendas que ocupan en diversas bases militares de España.
Así lo ha podido confirmar Confidencial Digital, por fuentes conocedoras del proceso que se inició hace unos meses, y que afecta a numerosos oficiales, e incluso a algunos oficiales generales con el empleo de teniente general.
El INVIED, organismo autónomo del Ministerio de Defensa, notificó hace meses a un buen número de oficiales y oficiales generales el inicio del proceso de desahucio, al considerar que esos militares estaban ocupando viviendas militares sin tener derecho a ellas.
En algunos casos, se trataba de viviendas en bases como Rota (Cádiz) y San Javier (Murcia) en las que esos generales, coroneles, capitanes... habían estado destinados en el pasado. Durante la etapa en la que mandaron unidades de esas bases se les adjudicó una vivienda militar, de las que gestiona el INVIED, y allí se instalaron con sus familias.
Una vez fueron ascendiendo, algunos de estos militares han sido trasladados a otros destinos. Por ejemplo, algunos han sido enviados a Madrid, a puestos en el organigrama central del Ministerio de Defensa, en estados mayores de los ejércitos, o en otros puestos de la estructura de las Fuerzas Armadas en la capital.
Pese a ello, mantuvieron el uso de la vivienda en esas otras bases militares. Algunos utilizan esas viviendas como segundas residencias, y sólo acuden en vacaciones de verano u otros momentos puntuales del año, pero también hay oficiales y oficiales generales que tienen aún allí residiendo a parte de su familia.
Tras recibir las primeras notificaciones, los afectados tuvieron oportunidad de presentar unas primeras alegaciones, más elementales (para descartar, por ejemplo, errores en la dirección de la vivienda), y después unas segundas alegaciones más fundamentadas.
Como ya se contó en estas páginas, las alegaciones de estos tenientes generales, coroneles y otros oficiales fueron desestimadas por el Instituto de Vivienda y Equipamientos de la Defensa.
Ahora, ECD ha podido saber que algunos de los militares afectados han empezado ya a recibir la notificación de las resoluciones finales del INVIED. Y, en los casos en los que se están conocimiento, la decisión es desestimar los argumentos del inquilino y seguir adelante con el desahucio.
Eso no significa que ya se hayan formalizado los desalojos. Sí se han notificado las órdenes de desalojo, pero se da un plazo de un mes para ejecutarlo. Además, los afectados tienen dos meses para recurrir a los tribunales, por la jurisdicción contencioso-administrativa.
Algunos de los afectados ya están contactando con abogados para recurrir judicialmente la orden de desalojo de las viviendas que ocupan en bases militares.
Las fuentes consultadas apuntan que en estos procesos de desahucio, cuando el afectado llega a la vía judicial, en el recurso se suele solicitar al juez que adopte como medida cautelar que paralice el desahucio mientras se resuelve el asunto de fondo y hasta que haya una sentencia judicial firme.
No todos los militares afectados por esta tanda de expedientes de desahucio en viviendas del INVIED han recibido ya la resolución definitiva. Algunos todavía esperan respuesta a sus últimas alegaciones.
Entre los afectados por estos procesos de desahucio se encuentran varios tenientes generales de distintos ejércitos, así como un número mayor de coroneles.
Anteriormente, como se contó en estas páginas, ha habido casos como el de un suboficial que ya recibió la resolución de desahucio, y por ello ya ha presentado el recurso contencioso-administrativo.
Y hay sentencias judiciales que ya confirman el desahucio, por ejemplo, de la hija de un militar fallecido hace décadas.
La revelación de que incluso tenientes generales estaban inmersos en procesos de desalojo, supuestamente por disfrutar de viviendas militares sin tener derecho a ello, provocó la indignación de algunos militares de la Escala de Tropa y Marinería.
Soldados y cabos temporales denunciaron los beneficios que tienen los militares de carrera -suboficiales y oficiales-, que sí pueden ocupar esas viviendas pagando un canon que consideraban muy ventajoso, frente a los precios del alquiler en las localidades cercanas a las bases militares.
