Defensa, obligada a informar sobre los firmantes del manifiesto de apoyo a Franco

El Ministerio de Defensa pierde, al menos parcialmente, un pulso a cuenta del manifiesto que cientos de militares firmaron en 2018 como “Declaración de respeto y desagravio al general Francisco Franco Bahamonde”, en respuesta a la intención del Gobierno de Pedro Sánchez de sacar del Valle de los Caídos los restos mortales del dictador.

Confidencial Digital ha podido consultar una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que estima el recurso de un particular que pidió al departamento de Margarita Robles información sobre los firmantes de ese manifiesto.

En agosto de 2019 esa persona registró una petición de información en la que reclamaba los siguientes datos:

-- “Una copia del expediente abierto a los 5 militares en la reserva que firmaron el manifiesto Declaración de respeto y desagravio al general Francisco Franco Bahamonde.

Además, solicito conocer si se les ha impuesto alguna sanción o no y, en caso afirmativo, cuál.

Por último, solicito también conocer si entre los otros 181 firmantes hay algún otro militar en reserva o que aún tenga algún tipo de relación las Fuerzas Armadas (y en caso afirmativo, qué tipo de relación). Sobre este último punto, si hay algún otro firmante relacionado con las Fuerzas Armadas solicito exactamente lo mismo pedido para los 5 militares en la reserva que firmaron el manifiesto.

Solicito que si se me deniega parte de la información se me aporte el resto en lugar de realizar una denegación completa”.

Defensa contestó tarde

El Ministerio de Defensa no dio respuesta a este expediente de Transparencia, por lo que el impulsor de las preguntas presentó en septiembre una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Dicho consejo remitió el expediente al Ministerio de Defensa, que ya en octubre informó que el 24 de septiembre había respondido al peticionario de la información. la respuesta la dio el director del gabinete técnico de la ministra de Defensa, es decir, el actual JEMAD, general del Aire Miguel Ángel Villarroya.

La contestación sólo informaba de que -como ya era conocido- se había incoado expediente a cinco personas y en cuatro casos acabaron en sanciones por la comisión de falta grave.

Pero denegaba facilitarle más información sobre estos expedientes, porque “mediante Acuerdo de Consejo de Ministros, de 28 de noviembre de 1986, las conceptuaciones, informes individuales y sanciones del personal militar se encuentran acogidas a la clasificación de Reservado con arreglo a lo dispuesto en la Ley 9/1968, de 05 de abril, sobre Secretos Oficiales, por lo que se inadmite la solicitud de información en esta materia”.

La respuesta no satisfizo al impulsor de las preguntas, que presentó alegaciones ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: “Solicito que a pesar de que acabaran resolviendo fuera de plazo, el Consejo siga adelante con el proceso de reclamación, ya que la Administración no ha satisfecho la totalidad de mi petición”.

Transparencia estima parcialmente

Finalmente, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, a través de la Subdirección General de Reclamaciones, resolvió estimar parcialmente la reclamación frente a la negativa del Ministerio de Defensa.

La resolución procede a “estimar parcialmente la reclamación presentada por [el nombre aparece tapado] con entrada el 13 de septiembre de 2019, contra el Ministerio de Defensa”.

En base a ello, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno insta al Ministerio de Defensa “a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita a la siguiente información, relacionada con el expediente abierto a los 5 militares en la reserva que firmaron el manifiesto Declaración de respeto y desagravio al general Francisco Franco Bahamonde: - Si entre los otros 181 firmantes hay algún otro militar en reserva o que aún tenga algún tipo de relación con las Fuerzas Armadas”.

Además de remitir la información al solicitante, Defensa también tenía que enviar copia de ello al propio Consejo de Transparencia.

Ni secretos oficiales ni datos personales

En su resolución, el Consejo de Transparencia indica que “en cuanto a la solicitud relativa a conocer si entre los otros 181 firmantes hay algún otro militar en reserva o que aún tenga algún tipo de relación con las Fuerzas Armadas (y en caso afirmativo, qué tipo de relación), no existe una respuesta explícita de la Administración, más allá de indicar que han sido expedientados un total de cinco militares, lo que parece descartar a los demás”.

Pese a ello, argumenta que con esa pregunta “no se solicita identificación expresa de los otros militares afectados, sino una mera indicación de si existe algún otro relacionado con las Fuerzas Armadas y en qué consiste esa relación. La respuesta a esta primera cuestión, afirmativa o negativa, no vulnera los secretos oficiales ni la protección de datos personales, ya que no aporta conceptuaciones, informes individuales o sanciones vinculadas a ninguna persona física identificada o identificable”.

Eso sí, añade que “informar sobre la relación específica con las Fuerzas Armadas (servicios que se prestan, cargos que se ocupan, o cualquier otra) sí puede llegar a hacer identificable a las personas o personas de que se trate, lo que podría vulnerar la normativa de protección de datos personales, en los mismos términos señalados anteriormente. Por ello, en base a los argumentos desarrollados, concluimos que la presente reclamación ha de ser estimada parcialmente”.

Lo que Defensa no debe entregar

En una recapitulación, Transparencia resume que “lo solicitado y no entregado es i) una copia del expediente, ii) conocer si entre los otros 181 firmantes hay algún otro militar en reserva o que aún tenga algún tipo de relación con las Fuerzas Armadas (y en caso afirmativo, qué tipo de relación) y iii) si hay algún otro firmante relacionado con las Fuerzas Armadas saber exactamente lo mismo que se ha pedido para los 5 militares en la reserva que firmaron el manifiesto”.

Si bien indica que Defensa sí debe informar al reclamante si además de los cinco sancionados “hay algún otro militar en reserva o que aún tenga algún tipo de relación con las Fuerzas Armadas”, este organismo deniega las otras dos solicitudes.

Por ejemplo, confirma que el Ministerio de Defensa no debe entregarle copia del expediente instruido, ni contra los cinco sancionados, ni (si los hubiera) contra otros firmantes.

Lo justifica en base a que “en el presente caso existen datos de carácter personal relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas, por lo que la información solo se podrá publicar o facilitar en caso de que las correspondientes infracciones penales o administrativas no conlleven la amonestación pública al infractor, cuando se cuente con el consentimiento expreso del afectado o estuviera amparado por una norma con rango de Ley”.

En este caso del manifiesto en defensa de la figura de Franco, se señala que la Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas no prevé que la resolución que recaiga en un procedimiento sancionador se haga pública, salvo su notificación al expedientado, a quien hubiere formulado el parte y a quien tenga que anotarla en la hoja de servicios y a la autoridad disciplinaria que hubiera ordenado el inicio del procedimiento y al jefe de la unidad del expedientado (artículo 59).

Además, “no consta que las infracciones administrativas (disciplinarias) que se pretende conocer se hubieran hecho públicas previamente, al no llevar aparejada sanción por amonestación pública”; “no se cuenta con el consentimiento expreso de los titulares de los datos”; y “no existe norma con rango de Ley que permita proporcionar esa información”.

Por todo ello, el Consejo de Transparencia entiende que “resulta de aplicación el límite de la protección de datos y, en consecuencia, no puede proporcionarse el acceso solicitado”, por lo que “procede desestimar la reclamación presentada en este apartado concreto, tanto respecto a los 5 militares expedientados como a cualesquiera otros relacionados directa o indirectamente con el asunto”.

El Ministerio de Defensa podría interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contra esta resolución de Transparencia ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid.