Defensa

Defensa subvencionará por primera vez a las asociaciones de militares

Era un compromiso que llevaba años pendiente de aprobación. También va a facilitar la actividad que pueden desarrollar en los cuarteles

Representantes de asociaciones profesionales militares, en una imagen de archivo.
photo_camera Representantes de asociaciones profesionales militares, en una imagen de archivo.

El Ministerio de Defensa trata de reconstruir los puentes con las asociaciones profesionales de militares, después de que en el último Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas cuatro de las cinco asociaciones presentes se levantaran de la mesa, indignadas por la falta de avances en la mejora de las retribuciones.

Cada comienzo de año se certifican los socios de cada asociación, y según el requisito del número de socios que se exigen para entrar en ese consejo, se publican las asociaciones que han conseguido acceder al mismo.

Para 2022 se mantienen las mismas asociaciones que en 2021: la Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (Asfaspro), la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), la Unión de Militares de Tropa (UMT) y la Asociación Profesional de Oficiales de Carrera de las Fuerzas Armadas (APROFAS).

Contactos de la ministra y de la subsecretaria

El Consejo de Personal aún no se ha reunido desde diciembre, pero tanto la ministra, Margarita Robles, como la subsecretaria de Defensa, Amparo Valcarce, sí han contactado telefónicamente, al menos, con los presidentes o portavoces de las cinco asociaciones con representación en ese consejo.

En el marco de esas conversaciones, Robles no sólo respondió a las preguntas de algunas asociaciones sobre sus planes para subir los salarios de los militares; preguntas a las que respondió señalando que la situación actual no permite por ahora aprobar mejoras retributivas.

Confidencial Digital ha podido confirmar, por fuentes de todas las asociaciones militares representativas, que tanto la ministra como la subsecretaria presentaron en esos contactos un proyecto para “potenciar el asociacionismo militar”.

Ya en los últimos meses, en alguna reunión se había deslizado esta posibilidad: por ejemplo, en un encuentro reciente de la comisión de trabajo para una posible revisión de la Ley de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, donde precisamente se regula la actividad de las asociaciones profesionales de militares.

Las novedades por ahora son sólo verbales: el ministerio no ha llegado a entregar ningún borrador ni documento concreto. Pero sí ha trasladado que la idea es aprobar dos reales decretos, para desarrollar ciertos aspectos de la ley de derechos y deberes.

Lo contempla la ley

Uno de los reales decretos regularía, por primera vez, la concesión de subvenciones públicas, del Ministerio de Defensa, a las asociaciones militares.

 

La Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas establece que “las asociaciones profesionales podrán financiarse a través de las cuotas de sus afiliados u otros recursos económicos que prevean sus estatutos”, y que “en ningún caso podrán percibir donaciones privadas”.

También abre la puerta a que reciban dinero público: “La percepción, en su caso, de subvenciones públicas se realizará con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones”.

No se ha regulado hasta ahora

Sin embargo, esa previsión de la ley de 2011 no se ha concretado hasta ahora. En diciembre de 2017, la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley presentada por Ciudadanos en la que se requería al Gobierno a regular, antes de seis meses, el derecho de las asociaciones profesionales militares a solicitar subvenciones públicas para su financiación.

El plazo pasó y no se había llegado a saber nada del tema, hasta que, como se ha indicado, en los últimos meses esa posibilidad empezó a sugerirse en algunas reuniones que han mantenido responsables del Ministerio de Defensa con representantes de las asociaciones de las Fuerzas Armadas.

Este proyecto de Margarita Robles ha sido recibido con frialdad y escepticismo entre las asociaciones propias de las escalas de suboficiales, y de Tropa y Marinería: UMT, ATME y Asfaspro.

Algunas ven esta idea de Robles como “un caramelo” que ahora trata de venderles el ministerio, para intentar cerrar la brecha que continúa abierta entre Defensa y las asociaciones profesionales, sobre todo por la falta de avances en la subida salarial.

También dudan de “a cambio de qué” pretende el ministerio conceder esa subvenciones, y si eso puede provocar una pérdida de independencia por parte de las asociaciones profesionales. Hay asociaciones que cobran cuotas a sus socios, otras optan por un modelo gratuito, pero hasta ahora no cuentan con subvenciones económicas directas del ministerio.

Créditos de tiempo y actividades en cuarteles

Desde la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), que agrupa a militares de varias escalas, sí celebran que el Ministerio de Defensa proponga cambios en la regulación del asociacionismo militar.

Señalan que las medidas van en la línea de lo que ellos pedían desde hacía tiempo, para potenciar la actividad de las asociaciones. Consideran positivo que el ministerio haya contactado con ellos para plantear estas novedades: creen que supondrán, si se concretan, mejoras sustanciales en derechos asociativos centrados en facilitar el trabajo de los representantes, así como la actividad dentro de los acuartelamientos, que se materializaran en reales decretos.

Y es que, junto al real decreto que regulará la concesión de subvenciones económicas, el ministerio también prepara otro real decreto que establecería avances en el apoyo a los representantes asociativos, con la concesión de créditos de tiempo de su jornada laboral para que la puedan dedicar a estas tareas.

Afectaría también a las actividades de información que pueden realizar las asociaciones profesionales en los acuartelamientos militares. Hay que recordar que en las Fuerzas Armadas no existen sindicatos, sino asociaciones profesionales, que tienen limitadas sus actividades frente a una organización sindical.

La Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas contempla que “en las unidades se habilitarán lugares y procedimientos adecuados para la exposición y difusión de los anuncios, comunicaciones o publicaciones de las asociaciones profesionales. El Ministerio de Defensa facilitará esa difusión a través de vías generales de comunicación electrónica”.

Se indica además que “en las Delegaciones y Subdelegaciones de Defensa se proporcionarán locales y medios adecuados para uso común de las asociaciones profesionales, mediante los acuerdos que se establezcan con las asociaciones”, y se regula el mecanismo para celebrar reuniones informativas, que se organizan preferentemente en esas delegaciones y subdelegaciones provinciales.

El plan de Defensa iría en la línea de potenciar y ampliar estos derechos de las asociaciones, para facilitar su actividad en las unidades, centros y organismos militares.

La asociación de oficiales se opone

Desde la Asociación Profesional de Oficiales de Carrera de las Fuerzas Armadas (APROFAS) se oponen al proyecto para conceder subvenciones a las asociaciones.

Subrayan que quienes dedican su tiempo a una asociación profesional de militares llevan años haciéndolo sin recibir subvenciones, que consideran innecesarias.

Sobre todo, señalan que no servirían para potenciar el asociacionismo: su reflexión es que los militares no declinan asociarse por no tener subvenciones, sino porque consideran que las asociaciones actualmente no tienen capacidad de mejorar las condiciones laborales de los miembros de las Fuerzas Armadas.

Denuncian que el problema es que el Ministerio de Defensa no atiende a las propuestas que las distintas asociaciones presentan desde hace años para tomar medidas en los temas que les preocupan: los sueldos, la movilidad geográfica y cómo afecta a las familias de los militares, los problemas de escolarización de los hijos y de vivienda, la promoción interna, la preparación, los medios materiales de que disponen las unidades...

Ante las propuestas y peticiones en estos ámbitos, que se plantean en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, la respuesta de los representantes del ministerio es rechazarlas o derivarlas a comisiones que se extienden en el tiempo sin llegar a acuerdos. Desde Aprofas critican también que muchas de sus peticiones se topan con la respuesta de que los ejércitos o el Ministerio de Defensa no son competentes para cambiar ciertas normas. Sin embargo, no se comprometen a impulsar su modificación.

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