Diligencias judiciales contra un ex ayudante del JEME por abuso de autoridad a una cabo

El teniente coronel fue denunciado por el trato discriminatorio a una integrante de la escolta del general Varela Salas. El caso fue archivado en vía disciplinaria

Cuartel de Bétera (Valencia).
Cuartel de Bétera (Valencia).

“Acuerdo: 1º.- Declarar la competencia de este Juzgado para el conocimiento de los hechos objeto de la denuncia formulada por la cabo. 2º.- Continuar el conocimiento de las actuaciones para el esclarecimiento de los hechos denunciados con el carácter de Diligencias Previas. 3º.- Citar para comparecer ante este Juzgado Togado a la cabo, en calidad de denunciante, para la ratificación de la denuncia [...] Comuníquese la presente resolución y el escrito de denuncia al teniente coronel denunciado...”.

Confidencial Digital ha podido saber que el coronel al frente del Juzgado Togado Militar Central número 2, con sede en Madrid, ha iniciado de esta manera diligencias para investigar una denuncia contra el teniente coronel del Ejército de Tierra Javier Brunete, ya en la reserva.

Los hechos por los que ha sido denunciado ante un juzgado militar este teniente coronel se refieren a su etapa como ayudante del jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad de Bétera (Valencia). Eso incluye la etapa en la que ocupó ese cargo de jefe el ahora general de Ejército (entonces teniente general) Francisco Javier Varela Salas, actual Jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME).

Varela Salas fue jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad de Bétera entre febrero de 2016 y marzo de 2017, según la biografía oficial que ofrece la página web del Ejército de Tierra.

Denuncia de una cabo

La denuncia la presentó una cabo que formó parte del equipo de escolta del jefe del cuartel de Bétera durante años, y que acusa al teniente coronel en cuestión de presuntos delitos de abuso de autoridad en los términos de los artículos 45, 47 y 48 del Código Penal Militar.

El artículo 45 establece que “el superior que, abusando de sus facultades de mando o de su posición en el servicio, irrogare un perjuicio grave a un subordinado, le obligare a prestaciones ajenas al interés del servicio o le impidiere arbitrariamente el ejercicio de algún derecho será castigado con la pena de tres meses y un día a tres años de prisión”.

El artículo 47 castiga al superior “que tratare a un subordinado de manera degradante, inhumana o humillante, o realizare actos de agresión o abuso sexuales”.

Y el 48 pena con entre seis meses y cuatro años de prisión al superior “que, respecto de un subordinado, realizare actos de acoso tanto sexual y por razón de sexo como profesional, le amenazare, coaccionare, injuriare o calumniare, atentare de modo grave contra su intimidad, dignidad personal o en el trabajo, o realizare actos que supongan discriminación grave por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, orientación sexual, religión, convicciones, opinión, discapacidad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, será castigado con la pena de seis meses a cuatro años de prisión, pudiendo imponerse, además, la pena de pérdida de empleo”.

El expediente disciplinario acabó en archivo

ECD se puso en contacto con el teniente coronel denunciado, que señaló que no quería hablar del tema. Sólo añadió que “ya me tomaron declaración en su momento y se dijo que no había nada respecto a esta denuncia, y pese a ello vuelven con lo mismo”.

 

Se refiere a que los hechos por los que ha sido denunciado ante un juzgado togado militar ya fueron objeto de un procedimiento disciplinario interno en el Ejército de Tierra que acabó siendo archivado el pasado mes de diciembre. Fue archivado, precisamente, por el actual Jefe del Estado Mayor del Ejército, a propuesta del asesor jurídico que formuló esa propuesta de archivo del procedimiento disciplinario.

Fuentes de la defensa de la cabo denunciante aseguran que un buen número de las denuncias que se tramitan en los juzgados militares, incluso con éxito, proceden de expedientes disciplinarios internos de los ejércitos que son archivados, pero que sin embargo los jueces sí consideran materia punible.

De baja por “contingencia profesional”

Los hechos objeto de denuncia abarcan desde el año 2010 a 2019. Este último año la cabo terminó siendo dada de baja psicológica, y según destacan fuentes cercanas, es relevante que se encuentre de baja psicológica reconocida por el jefe del batallón de Bétera como “contingencia profesional” por posible acoso laboral por un superior. Además, en 2019 también terminó siendo cesada de su destino en el cuartel de Bétera.

La militar en cuestión era conductora del jefe del Cuartel General de Alta Disponibilidad. Se sacó el carnet de escolta, y conforme al criterio de antigüedad, al comenzar a trabajar en el equipo de escolta asumió el puesto de jefe de dicho equipo.

La escolta dependía orgánicamente del jefe del batallón, pero funcionalmente del teniente coronel denunciado, el ayudante del teniente general jefe del cuartel.

Pues bien: según el relato de hechos de la denuncia, pese a no tener potestad para ello, el teniente coronel Brunete dio orden (por persona interpuesta) para que la cabo no ocupase el puesto de jefe de equipo. Por tanto, durante todo ese tiempo no pudo ejercer el mando que, a su juicio, le correspondía: siguió siendo una más en la escolta, siendo mandada por cabos con menos antigüedad que ella.

Sucesión de hechos denunciados

A partir de ahí comenzó un goteo de actitudes y decisiones de este teniente coronel -siempre según la denuncia por la que el Juzgado Togado Militar Central número 2 ha abierto diligencias- que la cabo consideró como un intento de aislamiento, de retirarle competencias que tenía, de impedirle realizar viajes a larga distancia como conductora de la escolta del general, de “no transmitirle información relacionada con el servicio de conductor de la autoridad que prestaba habitualmente”...

Por ejemplo, relata que tras quedarse embarazada, y estando de baja por maternidad, le avisaron de que caducaba ese carnet de escolta. Asegura que la tramitación del mencionado carnet se fue retrasando, hecho del que culpa de nuevo al ayudante del general del cuartel, es decir, el teniente coronel denunciado.

También asegura que dicho mando le perjudicó en el Informe Personal de Calificación (IPEC).

Por todo ello, acusa de delitos de abuso de autoridad (en tres descripciones distintas del Código Penal Militar) al teniente coronel “en base a que la extralimitación de las funciones propias del oficial señalado se han producido de forma reiterada y, a su vez, han causado un perjuicio grave en la dicente, ejemplificado materialmente en el cese en su destino”.

A la espera de que el juez togado militar central número 2 de Madrid comience a tomar decisiones, la denuncia de la cabo solicita que se llame a declarar como testigos a numerosos miembros del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad de Bétera durante esos años.

Eso incluiría al ahora general de Ejército Francisco Javier Varela Salas, actual Jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME); así como cabos primeros, brigadas, un comandante médico y una capitán psicóloga que realizaron test psicotécnicos a la cabo denunciante para renovar su carnet de escolta, el teniente coronel jefe del batallón...

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