Un general del Tribunal Militar Central ficha por un despacho de Derecho penal militar

El Tribunal Militar Central se ha quedado con un único miembro, su auditor presidente interino, el general auditor Francisco Luis Pascual Sarría.

El pasado 8 de octubre cesó por pase a la situación de retiro el otro vocal que quedaba, el general consejero togado Rafael Eduardo Matamoros Martínez, después de que en julio ocurriera lo mismo con el general auditor Alfredo Fernández Benito.

Confidencial Digital ha podido saber que, tras cesar en su puesto en el Tribunal Militar Central, el general consejero togado Rafael Matamoros ha comenzado a colaborar con uno de los principales despachos de abogados que en España se dedican al Derecho penal militar.

Se trata del Gabinete Jurídico Suárez-Valdés, que dirige el abogado Antonio Suárez-Valdés. En el Cuerpo Jurídico Militar comenzó a circular la información sobre este fichaje en los últimos días, y ECD ha podido confirmar con el propio despacho de abogados que el general Matamoros ha empezado a colaborar con Suárez-Valdés.

Cabe apuntar que general consejero togado es el empleo máximo en el Cuerpo Jurídico Militar, equivalente a general de División.

No tuvo que pedir autorización a Defensa

El ya ex vocal del Tribunal Militar Central -antes fue presidente del mismo órgano- ha pasado a ser abogado independiente colaborador externo del Gabinete Jurídico Suárez-Valdés desde su pase a retiro por edad.

El bufete especializado en Derecho penal militar realizó un análisis de legalidad antes de plantear la colaboración del general consejero togado.

Concluyó que, según el artículo 115 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar, el pase a la situación de retiro pone fin a la relación de servicios profesionales del militar con las Fuerzas Armadas: el militar deja de estar sujeto al régimen general de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas y a las leyes penales y disciplinarias militares.

Al estar ya retirado, por tanto, el general Matamoros no necesitó solicitar ninguna autorización del Ministerio de Defensa para ejercer actividades jurídicas de cualquier tipo en colaboración con el Gabinete Jurídico Suárez-Valdés.

Además, entendió el despacho que el cargo que desempeñaba hasta su pase a retiro, como vocal togado del Tribunal Militar Central, era de carácter judicial y no un alto cargo de la Administración Pública.

Por ello, y siguiendo los criterios fijados por una resolución de la Oficina de Conflictos de Intereses de 8 de julio de 2019, Eduardo Rafael Matamoros no queda sometido al régimen establecido por la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo, ni a la supervisión de la Oficina de Conflictos de Intereses, que es la que debe autorizar a los ex altos cargos de la administración a trabajar en el sector privado.

Por contra, le es de aplicación lo establecido en los artículos 389 al 397 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, al que remite el artículo 119 de la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de la competencia y organización de la Jurisdicción Militar.

En virtud de este análisis, esas normas “no determinan incompatibilidad para el ejercicio de la abogacía para quienes no sean ya titulares de un cargo judicial”, y por tanto “el general no tiene ningún tipo de impedimento para colaborar con Gabinete Jurídico Suárez-Valdés”, indican desde el despacho.

No en casos en los que intervino

Fuentes militares conocedoras de este movimiento apuntaban que el fichaje está provocando numerosos comentarios, por el hecho de que un vocal del Tribunal Militar Central vaya a colaborar con uno de los mayores despachos especializados en Derecho penal militar.

De hecho, apuntan que no son pocas las sentencias que el general consejero togado Rafael Matamoros dictó en las que una de las partes del caso estaba defendida por Antonio Suárez-Valdés como abogado.

Sobre si esta circunstancia supone algún tipo de incompatibilidad, desde el Gabinete Jurídico Suárez-Valdés explican que ninguna de las partes -ni el despacho ni el general- se plantean la colaboración profesional en asuntos en los que Rafael Matamoros hubiera intervenido como vocal togado del Tribunal Militar Central, ya que lo prohíbe el artículo 18.1.a) del Estatuto General de la Abogacía Española.

Asesor jurídico general de la Defensa

El general consejero togado Matamoros no es el único oficial general del Cuerpo Jurídico Militar que colabora con Suárez-Valdés. ECD ha podido confirmar que también es abogado independiente colaborador externo el general consejero togado Juan Manuel García Labajo.

Este segundo general del Cuerpo Jurídico Militar llegó a estar al frente de la Asesoría Jurídica General de la Defensa, es decir, fue el asesor jurídico máximo del Ministerio de Defensa entre 2013 y 2017.

Desde el bufete explican que la situación del general García Labajo resultaba de inicio distinta a la del general Matamoros. Al haber sido asesor jurídico general de la Defensa, sí tenía consideración de alto cargo de la administración militar.

Por eso “se podría entender una inicial incompatibilidad durante dos años para el desempeño de funciones privadas relacionadas con el cargo”.

Pero cesó en el puesto en 2017, y no fue hasta después de su pase a retiro en 2020 cuando empezó a colaborar con el Gabinete Jurídico Suárez-Valdés como asesor externo. Desde entonces, el general retirado García Labajo ha ejercido como abogado en distintos procesos judiciales.

La incorporación del general Rafael Matamoros, nada más pasar a retiro y dejar el Tribunal Militar Central, sumada a la del general García Labajo, está siendo muy comentada en ámbitos militares.

Destacan que dos de los máximos responsables del Cuerpo Jurídico Militar (generales consejeros togados), que ocuparon la presidencia del Tribunal Militar Central y la Asesoría Jurídica General de la Defensa, se encuentran ahora trabajando para el mayor despacho penal militar de España, que ha sido parte en algunos de los casos en los que ambos generales pudieron intervenir en el ejercicio de sus cargos.