Un suboficial recurre a los tribunales para frenar el desahucio de su vivienda militar

El Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de Defensa no sólo inspecciona usos irregulares de casas en bases militares adjudicadas a tenientes generales, otros oficiales generales y oficiales de las Fuerzas Armadas.

Algunos expedientes a militares de estos empleos se están tramitando, como se ha ido contando en estas páginas en los últimos meses.

Confidencial Digital ha podido conocer también el caso concreto de un militar, pero de la Escala de Suboficiales, que ya ha llegado a la vía judicial por este asunto. Durante la fase administrativa no pudo convencer al INVIED de que ocupa una vivienda militar cumpliendo todos los requisitos, así que ahora va a intentar paralizar en los tribunales el desalojo de la vivienda.

Destinado en otra ciudad

Se trata de un suboficial que desde hace varias décadas ocupa la misma vivienda, en una base militar ubicada en la península. Hace ocho años, este militar fue trasladado de destino, a un acuartelamiento ubicado en otro punto de España.

El suboficial comenzó entonces a viajar semanalmente a su puesto de destino, pero mantuvo a su familia en la vivienda militar que tenía en esa primera base. Cada fin de semana viaja desde su actual destino a esta base, y pasa allí unos días con su familia, en esta casa que le adjudicaron hace muchos años.

El INVIED le informó en 2021 que se había iniciado un procedimiento de desahucio. El motivo principal que se alegó en su caso para iniciar los trámites fue que ya no estaba destinado en esa base, y por lo tanto había perdido el derecho al disfrute de la vivienda.

La Ley 26/1999, de 9 de julio, de medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas regula los motivos de pérdida del derecho de uso de las viviendas militares no enajenables.

Una de las causas por las que cesa el derecho de uso de las viviendas militares que se declaren expresamente como no enajenables es el “cambio de destino cuando implique cambio de localidad o área geográfica o, según lo establecido en el apartado 1 del artículo 8 de esta Ley, cuando la vivienda esté vinculada al citado destino”.

Recurso judicial

Este suboficial presentó, durante la tramitación del expediente, distinta documentación para acreditar que sigue siendo la vivienda familiar: certificados de empadronamiento de su familia, justificantes de vacunación en ese municipio...

Además, aportó los billetes de los medios de transporte que utiliza para trasladarse fin de semana desde la localidad donde está destinado ahora, hasta la base donde reside su familia y tiene esa vivienda adjudicada.

Incluso presentó el justificante que le hicieron en su unidad para poder viajar durante los cierres perimetrales por la pandemia del coronavirus.

Nada de ello le sirvió. En fechas recientes, el INVIED le ha comunicado la resolución por la que se resuelve el contrato de adjudicación de la vivienda, que le da un mes para desalojar.

De inmediato, a través de un abogado ha presentado un recurso contencioso-administrativo, ante un juzgado, para evitar ser desahuciado. El recurso incluye la solicitud de medida cautelar de que se paralice provisionalmente el desahucio, hasta que se resuelva el fondo del recurso.

Expedientes a tenientes generales

Este es el mismo procedimiento que se está siguiendo con algunos oficiales generales, incluidos tenientes generales, que tienen viviendas militares adjudicadas en bases como Rota (de la Armada) y San Javier (del Ejército del Aire).

En estos casos, muchos de estos altos mandos se encuentran destinados fuera de esas bases, por ejemplo en puestos de la estructura central del Ministerio de Defensa, del Estado Mayor de la Defensa o de los ejércitos y la Armada, en Madrid. Hasta ahora mantienen el disfrute de viviendas en otras bases en las que estuvieron destinados, pero el INVIED plantea desahuciarlos.

Los expedientes de desahucio se han disparado en los últimos meses, dentro de un plan del INVIED por intensificar las inspecciones y las investigaciones en aquellas viviendas con las que se podría estar haciendo un uso indebido, es decir, que las ocupan personas que, según la normativa, ya no tienen derecho a hacerlo.

El malestar se ha extendido tanto entre los afectados, que se sienten perseguidos sin motivo, como entre muchos soldados y cabos de la Escala de Tropa y Marinería, que denuncian que no pueden optar a arrendar una de estas viviendas, por las que se paga un canon que suele ser más barato que un alquiler en algún municipio cercano a la base o cuartel en el que están destinados.

Los militares de Tropa y Marinería sólo pueden residir en residencias y alojamientos logísticos. Pero allí se adjudican habitaciones, no viviendas como tal, y por tanto no pueden vivir en ellas los soldados y cabos que tienen familia.

Denuncias de irregularidades

Las quejas son extendidas. Tanto quienes se ven incursos en proceso de desahucio, como otros militares, señalan que las situaciones irregulares son muy habituales en todas las bases y cuarteles con este tipo de viviendas.

Algunos suboficiales denuncian que otros oficiales destinados en una ciudad distinta a donde tiene la vivienda, no les expedientan para desalojarles.

También hay quien apunta que esta oleada de expedientes no está afectado a militares en la reserva o retirados que siguen viviendo en estas casas situadas en bases y acuartelamientos, sino sólo a quienes precisamente siguen en activo. Incluso afirman que algunos de esos militares, sobre todo oficiales, viven en otros lugares y sólo usan las viviendas de las bases como lugar de vacaciones.

Además, aseguran que hay casos de hijos de militares fallecidos que mantienen el disfrute de la vivienda adjudicada a su padre, sin tener una discapacidad que es la única excepción que actualmente se permite para que ese derecho se herede.