Democracia española, dictadura de los funcionarios
En 1975 cuando falleció el General Franco (de muerte natural, que todo hay que decirlo), España contaba con 700.000 funcionarios. Y funcionaba.
Había tres administraciones, la local, la provincial y la central, cada una con competencias exclusivas en determinadas materias. Sabías perfectamente a dónde tenías que acudir, ante un problema concreto y determinado.
Ahora tenemos cinco administraciones, por lo menos en Aragón: la local, la comarcal, la provincial, la autonómica y la central.
Soy abogado pero ante determinados problemas la verdad es que no se ni a donde acudir, pues las competencias son compartidas, y a sensu contrario, ante cualquier problema todas las administraciones tienen un “listo” en plantilla que, cual torero de salón, te desvía hacia otra administración, que también es competente en la materia… Y a la inversa, cuando sucede cualquier catástrofe, todas las administraciones les echan las culpas a las otras.
En resumen, un sistema que no funciona, o funciona muy mal, y no hace falta ser catedrático de derecho administrativo para saberlo. Basta con tener sentido común, y un mínimo de conocimientos, a un nivel de estudios primarios (de los de antes, casi equivalentes a una carrera actual).
Pero, eso sí, ahora tenemos más de 3.500.000 empleados públicos, entre funcionarios, laborales, interinos, contratados temporales, indefinidos pero no fijos (una creación jurisprudencial), personal eventual, de confianza, putas y putos…
A este paso acabaremos con el paro contratando a los 6.000.000 de parados como nuevos empleados públicos. (Ya hay partidos que proponen aumentar las plazas en grandes cantidades).
Esos funcionarios metidos a políticos, legislan siempre a su favor, como parte interesada que son: excedencia en situación de servicios especiales cuándo se ocupa un cargo público, que los trienios, la antigüedad, etc., sigan corriendo, como si se estuviera en activo, etc.
Por no hablar del vergonzoso complemento de alto cargo, que perpetúan en su nómina todos los que hayan sido altos cargos, con un nivel equivalente a director general, durante dos años consecutivos o tres alternos… ¡Y a vivir, que son dos días!
En resumen, un país gobernando por funcionarios, - que encima son abogados la mayoría, es decir, miel sobre hojuelas -, es imposible que funcione bien, pues hecha la ley, hecha la trampa.
Y a las pruebas me remito…
Actualmente más del noventa por ciento de los diputados y senadores son funcionarios, y los que no lo son de iure resultan serlo de facto, pues son políticos profesionales, o más bien profesionalizados, que sólo están dispuestos a abandonar el barco por jubilación, y con todos los honores: todos los ex presidentes autonómicos, “escondidos” en esa madriguera que se llama el Senado, que es la cueva de Ali Babá y los cuarenta bandidos, dónde están protegidos con la inmunidad parlamentaria, que les permite continuar siendo impunes.
En fin, no sigo, que me deprimo más todavía. Si fuera más joven, me iría de España, pues creo que este país no tiene solución, por lo menos a corto y medio plazo.
Ramiro GRAU MORANCHO,
Abogado,
Académico Correspondiente
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.
