Estamos en la ruina. El Gobierno perjudicado a quienes hemos realizado inversiones en instalaciones fotovoltaicas

Del mismo modo que otros muchos miles de ahorradores españoles, mi esposa y yo somos propietarios de varias sociedades con las cuales, al amparo del RD 661/2007, hemos realizado inversiones en instalaciones fotovoltaicas, que necesitaron sus respectivas financiaciones. Se nos concedieron créditos ICO gestionados por la Caja de Burgos que nos exigió que los avaláramos con todo nuestro patrimonio, y que fueron estudiados de tal modo, que con las recaudaciones por la producción de energía, se pagaban tanto los gastos de mantenimiento como las amortizaciones y los intereses de estos créditos, todo ello con un margen suficiente, con el fin de evitar derramas para compensar diferencias que nos podían causar desequilibrios en nuestra economía.

Con posterioridad a la puesta en marcha de nuestras instalaciones, el RD 1614/2010 y el RDL 14/2010 establecieron una limitación de las horas equivalentes con derecho a prima, lo que ha supuesto una reducción del 35 % en la recaudación durante los años 2011, 2012 y 2013 y del 10 % durante el resto de la vida de las instalaciones, lo que nos imposibilita cumplir con nuestros débitos financieros, con lo que se da la paradoja de que, el mismo estado que no cumple sus compromisos y modifica de forma drástica las cuantías de nuestros cobros, nos exige que cumplamos todos nuestros compromisos de pagos de intereses y amortizaciones de los créditos, lo que resulta imposible con la reducción impuesta.

De modo que perderemos, además de la aportación inicial, todo el patrimonio que hemos podido ahorrar a lo largo de nuestra vida, incluida nuestra vivienda, cuando para realizar estas inversiones no hicimos una apuesta especulativa, sino que obteníamos una renta moderada que suponía nuestro plan de jubilación, contando con la garantía del estado y de la legislación en vigor, que se ha modificado por un RD posterior que, inexplicablemente, se aplica con carácter retroactivo.

El nuevo gobierno, para resolver un déficit tarifario que no hemos producido nosotros, está pensando aplicar una nueva tasa a la producción, con lo que culminará la ruina total y absoluta para todos los ahorradores de este sector, ruina que ya comenzó con los decretos del anterior gobierno.

En estos momentos, las diferencias entre las soluciones que tienen para este problema los ministerios de industria y de economía, han provocado un pequeño "rifirrafe" entre sus respectivos ministros, lo que nos tiene especialmente preocupados, pues tenemos la convicción de que todas las "bofetadas" que puedan darse entre ellos vendrán directamente a nuestra cara, ya que es donde menos les duele a los dos.

Por otro lado, estamos atados a nuestras instalaciones y a nuestra ruina, ya que la inseguridad jurídica generada por los dos gobiernos que hemos padecido hace totalmente inviable la existencia de un mercado para estos activos.

Somos conscientes de los graves problemas que atraviesa el país, que necesita del sacrificio de todos nosotros, y pensamos que a estas inversiones se les puede aplicar una presión impositiva tan rigurosa como sea necesario, pero aplicar la RESTRICCIÓN A LA PRODUCCIÓN supone no poder cumplir con nuestros compromisos de financiación avalados por todos nuestros bienes: pensamos que no se nos puede exigir la ruina total por confiar en la garantía del estado.

Podemos aceptar el sacrificio que supone un gravamen sobre el beneficio de estas inversiones, como contribución a la solución de esos graves problemas que tiene el país, pero las reducciones de producción y las tasas sobre esta producción, que han planteado como única solución nuestros dos gobiernos, resultan insoportables para la economía de un pequeño ahorrador, que no tiene ninguna capacidad para soportar este sacrificio.