Es ahora cuando juristas y no juristas debemos movilizarnos contra las tasas de Gallardón o desaparecerá la posibilidad de acceder al auxilio de los tribunales para la clase media
Ya está en tramitación parlamentaria y se pretende que entre en vigor el próximo 1 de enero, un espeluznante y manifiestamente inconstitucional proyecto de ley que pretende imponer unas tasas judiciales a todos los ciudadanos y empresas en casi todas las jurisdicciones, unas tasas que llegan a varios miles de euros por demandar o apelar. Verdaderamente está en juego el propio Estado de Derecho, cuya misma esencia es disponer de la protección de los tribunales.
Es ahora cuando juristas y no juristas debemos movilizarnos, o desaparecerá la posibilidad de acceder al auxilio de los tribunales para la gran masa de clase media.
Ni como ciudadanos ni como juristas podemos quedarnos impasibles ante un proyecto que tiene como efecto directo e inmediato la imposibilidad de control contra la arbitrariedad del Estado y de los poderosos, el fin del Derecho del Consumo y en definitiva que triunfe la ley del más fuerte.
Este proyecto de ley liberticida, obra del intervencionista ministro Alberto Ruiz-Gallardón, traiciona todos los principios programáticos con los que se presentó el Partido Popular a la elecciones generales, dejando en la más absoluta perplejidad a todos sus votantes involucrados en los asuntos la administración de Justicia.
Además, traiciona la propia Constitución Española ya que impedirá el acceso a la tutela judicial efectiva que la Carga Magna consagra como derecho fundamental de todos los ciudadanos
Y traiciona, finalmente, el concepto mismo de tasa, que estable la propia Ley General Tributaria y que la define como el pago que una persona realiza para sufragar los gastos que ocasiona por el uso de un servicio público. Pues bien, las tasas que paguen, por ejemplo, los empresarios por reclamar sus deudas a los morosos, lejos de servir para mejorar el tercermundista sistema judicial español, serán destinamos a pagar los costes de la justicia gratuita de, entre otros, chorizos y maleantes, que echan mano de los más que dignos abogados de oficio.
Ni jueces ni fiscales, ni abogados ni procuradores, ni secretarios judiciales ni peritos, ni oficiales ni auxiliares de justicia entienden esta ley. Pero el ministro les ha dado la espalda.
¿Se habrá planteado el ministro el ahorro que supondría para las arcas públicas que las comunidades autónomos devolvieran sus competencias en materia de justicia? No, claro, es mucho más fácil freír a tasas e impuestos al ciudadano, algo que ya sufrieron en sus carnes los madrileños cuando el ministro era alcalde de la villa y corte.
Otro ejemplo más de lo alejada que está la clase política de la realidad. Nefasto.
Antonio Martínez Alcalde.
Abogado y Perito Judicial.
