1.200.000 nuevos desempleados tardarán hasta 32 días en cobrar el paro

Más de un millón de españoles afectados por la crisis económica provocada por el coronavirus afrontan el mes de abril con una merma considerable de ingresos, debido a un ERTE o al cese de actividad laboral o empresarial. Ahora, tendrán que esperar en muchos casos hasta mayo para poder cobrar el paro y están encontrando dificultades para aplazar el pago de recibos.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha tramitado hasta el momento la prestación de desempleo para 620.000 trabajadores afectados por expedientes temporales de empleo (ERTE), según explicó el jueves 2 de abril la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. 

Sin embargo, no concretó cuántos se han reconocido hasta el 31 de marzo y, por lo tanto, se encuentran en disposición de poder cobrar el paro a principios de este mes de abril.

Fuera de la nómina de marzo

Así pues, fuentes internas del SEPE explican a Confidencial Digital que, aunque a los 620.000 ERTE citados por la ministra se les hubiese reconocido la prestación antes del cierre de las nóminas de marzo, las estimaciones de los técnicos del Ministerio cifran en más de 1,5 millones los trabajadores afectados por un ERTE, y medio millón de autónomos los que han solicitado la nueva ayuda por cese de actividad.

En el Servicio Público de Empleo calculan que alrededor de 1.200.000 prestaciones por desempleo y por cese de actividad han quedado fuera de la nómina de marzo por el retraso en la autorización de suspensiones de empleo temporal y subsidios a autónomos. 

Hasta 32 días para cobrar el paro

El aluvión de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) vinculados a los efectos de la crisis del coronavirus ha provocado el colapso de las Administraciones encargadas de su tramitación. 

Por este motivo, el pago a los primeros afectados del paro correspondiente al mes de marzo se verá retrasado en muchos casos hasta principios de mayo, en lugar de abonarse antes de la fecha en la que debería efectuarse (el 9 de abril), según han confirmado a Confidencial Digital fuentes del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

La demora en el abono de la prestación puede llegar a ser de hasta 32 días a contar desde este lunes 6 de abril, dependiendo de cuándo se fijara el inicio de la suspensión de empleo, salvo que el banco le conceda un adelanto al cliente en torno al 3 de mayo.

En el caso de los trabajadores de la hostelería o el comercio, los ERTE fueron presentados por causa de fuerza mayor y su aplicación podía solicitarse desde al menos el 15 de marzo, cuando el Gobierno ordenó el cierre de estos establecimientos. 

Para este colectivo numeroso, por tanto, la paga que ahora se retrasa sería de hasta dos semanas de paro, correspondientes a los quince días que dejaron de trabajar el mes pasado.

Desde el SEPE aseguran, sin embargo, que en otros casos la paga que se demora computa tan solo varios días, puesto que el ERTE entró en vigor en las últimas jornadas laborales de marzo, y por lo tanto el quebranto económico será más limitado.

Pero este problema afecta precisamente a los trabajadores incluidos en los ajustes laborales provocados por la pandemia, a quienes se les está denegando el aplazamiento de recibos de luz, agua y gas o las moratorias de hipotecas y alquileres, porque no pueden acreditar todavía su nueva situación laboral ante bancos, propietarios y empresas suministradoras.

“Ha sido imposible llegar a tiempo”

El SEPE, dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, no recibió hasta el pasado lunes 30 de marzo los primeros expedientes causados por el Covid-19 en la mayoría de comunidades autónomas y al día siguiente finalizaba el plazo para ordenar las pagas del mes de marzo. 

“No ha habido tiempo material para poder hacer la tramitación”, reconoce a  ECD un director provincial del SEPE en una destacada autonomía, quien justifica el problema por la complejidad del proceso y por el alto número de afectados. 

Explica que no se trata de un proceso automático, sino que se deben mecanizar los datos caso por caso para analizar y cotejar las diferentes circunstancias cada trabajador (base de cotización, periodo concedido, cargas familiares o salario, entre otras variables). 

“Muchos afectados por ERTE no van a poder cobrar en plazo. Ha sido imposible llegar a tiempo porque es un trabajo muy laborioso”, advierten también algunos técnicos del SEPE a nivel estatal.

No habrá retrasos con el paro de abril

Pese a ello, las fuentes consultadas por ECD aseguran que el cuello de botella generado por el alud de expedientes se irá resolviendo a lo largo del mes de abril y descartan que vuelva a producirse un retraso en la siguiente mensualidad, la que se deberá comenzar a cobrar en torno al 3 de mayo.

Precisamente, para evitar que vuelva a ocurrir, el Ministerio de Trabajo ha reforzado la plantilla del Servicio Público de Empleo (SEPE) con alrededor de 1.000 trabajadores interinos para intentar evitar el colapso en el reconocimiento de las prestaciones por desempleo, además de desviar a personal de otras áreas a la gestión de los ERTE. 

La plantilla del SEPE estatal es la encargada de recibir las solicitudes de las prestaciones de desempleo que les llegan desde las 17 direcciones generales de Trabajo de las comunidades autónomas, que son las que reciben, analizan y, en su caso, autorizan los ERTE de fuerza mayor.

Así, la competencia de autorizar estos ajustes es autonómica, pero la labor de reconocer la prestación por desempleo que cobrarán los afectados por ERTE, así como los trabajadores que hayan sido despedidos individualmente o terminado su contrato temporal y por despidos individuales, es una competencia estatal que realiza el SEPE.

Las autoridades laborales de las comunidades autónomas se encuentran asimismo desbordadas por la gran cantidad de procedimientos que deben acometer. Para dar respuesta a esta elevada carga administrativa, también se ha reforzado el personal de las direcciones generales de Trabajo que tramitan los expedientes en las autonomías 

Actualmente hay miles de técnicos dedicados exclusivamente a esta tarea: todo el personal de la dirección general, las subdirecciones provinciales de Trabajo y parte de las plantillas de la Secretaría General Técnica de las distintas regiones.