El conflicto laboral de AENA bloquea y pone en peligro la privatización de la empresa. La huelga se convierte en una pésima señal para Ferrovial, Indra, FCC y ACS
El conflicto laboral desatado en AENA es una mala noticia para los proyectos del Gobierno de privatizar la empresa, porque lanza la imagen de una compañía conflictiva y por tanto puede asustar a los posibles inversores.
La preocupación primera del ministerio de Fomento en estos momentos es cómo evitar la huelga anunciada para Semana Santa y el próximo verano. La segunda preocupación, según el ministerio, es que no se retrase de manera inopinada o impida la privatización de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea.
Expertos económicos consultados por El Confidencial Digital explican que el conflicto se convierte en una muy mala señal para las empresas interesadas en la privatización. Tanto si se soluciona cediendo a las pretensiones de los trabajadores de seguir siendo empleados públicos, como si el conflicto se alarga, los futuros inversores se van a enfriar mucho.
Con consecuencia, el Estado tiene en el aire ingresar 9.000 millones por la venta del 49% de la venta del capital de AENA. Si era una privatización complicada, ahora está directamente bloqueada.
Fomento confía en que unas mínimas garantías de estabilidad en el empleo y derechos adquiridos desactiven el conflicto, pero no está seguro de que sea suficiente. De hecho, los primeros contactos han sido muy fríos.
Ferrovial, Indra, FCC y ACS
En cuanto a las posibles empresas interesadas en la privatización, como son ACS, Ferrrovial, INDRA y FCC, guardan silencio mientras observan con preocupación el desarrollo del conflicto.
Las firmas interesadas siempre han sido reticentes al volumen de plantilla de AENA, 12.000 trabajadores; a las pérdidas de la mayoría de los aeropuertos (sólo son interesantes por tráfico Barajas, El Prat y Palma de Mallorca); y a la deuda que arrastra la empresa, de 12.700 millones hasta el año 2034, que se debe a inversiones. Con estas cuentas la propia AENA calcula que no estaría en beneficios hasta el 2014 o 2015.
Todo indica que el Estado va a tener que poner muy fácil y barata la privatización, ya que nadie entra de minoritario en una empresa sin otras contrapartidas a futuro, como la venta total o un saneamiento que al final compense a los inversores privados.
