Adiós al oligopolio de las ITV. El Gobierno va a aprobar que concesionarios y talleres autorizados inspeccionen los coches: el precio de la revisión bajará un 30%

El Gobierno trabaja para liberalizar el sector de las ITV. Planea que los talleres y concesionarios puedan realizar también las inspecciones técnicas de vehículos, y acabar así con el monopolio que ejercen ahora las comunidades autónomas. Las ITV mueven un negocio de 500 millones de euros anuales.

Según ha sabido El Confidencial Digital de fuentes conocedoras de los planes del Gobierno, el ministerio de Economía tiene avanzado un Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales dirigido a liberalizar el sector de las ITV (Inspección Técnica de Vehículos), y también a abaratar dicho servicio.

Pasar la ITV en talleres y concesionarios

“Los talleres y concesionarios tienen estructuras preparadas que, para mayor comodidad del cliente, pueden dar un servicio de ITV”, explican fuentes competentes del Ejecutivo consultadas por ECD.

Dada esa realidad, el Gobierno se plantea ampliar las competencias de inspección técnica a estos dos sectores para que puedan realizar también las evaluaciones periódicas de los coches, con lo que, al darles posibilidad de participar en esa nueva actividad económica podrán aliviar la delicada situación financiera que padecen los talleres como consecuencia de la crisis.

También se tiene muy en cuenta que, según cálculos del sector, liberalizar las ITV rebajará un 30% el precio que hoy paga el consumidor por la revisión del vehículo.

Romper el monopolio de las autonomías

La ITV, inspección que deben pasar todos los vehículos españoles periódicamente, es un servicio que las comunidades autónomas sacan a concurso.

Esto significa que el número de centros homologados está limitado y las tarifas reguladas. En ese entramado autonómico se dan situaciones incomprensibles, sobre todo en cuanto a lo que se cobra por las revisiones. El precio de una ITV va, de los 25 euros que se cobra en Extremadura, a los 63 euros que hay que pagar en la Comunidad Valenciana.

El Gobierno se ha propuesto acabar con ese monopolio, donde muchas veces se han visto implicados dirigentes autonómicos en casos de corrupción, y posibilitar también la entrada de nuevos operadores.

 

Un sector rodeado de polémica

El sector ha estado tradicionalmente rodeado de polémica, por supuestas adjudicaciones a dedo de las estaciones de Inspecciones Técnicas de Vehículos por parte de los políticos de las Comunidades Autónomas.

Uno de los últimos casos de escándalo en este negocio es el que ha implicado a Oriol Pujol Ferrusola, hijo del ex presidente de la Generalitat, y a seis políticos y empresarios más, en una trama en la que presuntamente habrían amañado el sector de las estaciones de inspección de vehículos en Cataluña. Todos ellos están imputados por el juez.

Funciona en Alemania e Inglaterra

Las fuentes del Gobierno a las que ha tenido acceso ECD explican que este modelo de liberalización del mercado de las ITV se aplica ya en otros países, como Alemania e Inglaterra, donde han comprobado que funciona correctamente.

Allí, por ejemplo, existen inspectores que van visitando aleatoriamente los talleres y concesionarios para certificar que las revisiones se realizan de manera objetiva y segura. La legislación prevé elevadas multas económicas a los talleres en caso de que se detecten “prácticas interesadas”.

Ante la posibilidad de que, al pasar a talleres particulares y concesionarios, pudieran producirse fraudes y que las inspecciones no se realizaran de verdad, desde la Administración se responde que los talleres se jugarían demasiado como para admitir irregularidades.

Se ha abierto un fuerte debate

Según las fuentes consultadas, el borrador de este anteproyecto de ley se encuentra ya en manos de las partes afectadas, lo que ha generado un fuerte debate interno en el sector.

Fuentes próximas a Faconauto (Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción) explican a ECD que la financiación es ahora uno de los grandes problemas de los 6.000 concesionarios españoles, en su mayoría pymes de propiedad familiar y con tinte local. “Existen concesionarios que han cerrado porque un banco no les ha apoyado, y la liberalización de las ITV supone para ellos un balón de oxígeno imprescindible”, explican.

En el otro extremo, AECA-ITV, la patronal de empresas de Inspección Técnica de Vehículos, rechaza de plano la liberalización total del servicio que prestan dichas empresas y defiende que debe seguir estando totalmente regulado por la Administración porque se trata de un servicio público de interés general.

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