Alberto Cortina afronta una denuncia contra Repsol por no haber invertido 900 millones de dólares en Bolivia

Un informe oficial presentado recientemente por el Ejecutivo del actual presidente de Bolivia, Antonio Mesa, denuncia a Repsol YPF y otras tres petroleras por haber incumplido un acuerdo que les obligaba a invertir 2.325 millones de dólares en la explotación de pozos en el país andino. Repsol España guarda silencio al respecto.

Un informe oficial presentado recientemente por el Ejecutivo del actual presidente de Bolivia, Antonio Mesa, denuncia a Repsol YPF y otras tres petroleras por haber incumplido un acuerdo que les obligaba a invertir 2.325 millones de dólares en la explotación de pozos en el país andino. Repsol España guarda silencio al respecto.

Según la vigente ley de Hidrocarburos boliviana, cuando una empresa adquiere una zona para su explotación comercial tiene la obligación de perforar al menos un pozo por parcela adquirida. Si en el plazo de cinco años no se han realizado las perforaciones, la empresa deberá devolver la superficie sin explotar.

En 1995, Repsol YPF declaró como área comercial parte del llamado campo Margarita y adquirió 39 parcelas de terreno, de las cuales, al cabo de cinco años, sólo ha perforado tres. Se calcula que la inversión necesaria para la perforación de un pozo asciende a 25 millones de dólares. Esto supone una falta de inversión por parte de la empresa presidida por Alfonso Cortina de 900 millones de dólares.

Para evitar esta ley, Repsol se ha acogido hasta ahora al decreto 26.366, fechado en 2001 y aprobado por el entonces presidente boliviano Jorge Quiroga. Este texto permitía a las petroleras utilizar una argucia: tras devolver una parte de cada parcela al Estado se evadía la obligación contraída, argumentando que ya no poseía el número de parcelas completas declarado.

Las dificultades para Repsol YPF han comenzado con la derogación del mencionado decreto, ordenado por el actual presidente, Antonio Mesa, que lo ha calificado de inconstitucional, dado que según el ordenamiento jurídico boliviano un decreto no puede contradecir a una ley. En la misma tesitura se encuentran ahora Petrobras, que dejó de invertir 400 millones de dólares, Andina, con 250 millones, y la argentina Pluspetrol, que debe 325 millones.

Fuentes de Repsol YPF consultadas por ECD se han limitado a confirmar que las actividades de la empresa en Bolivia se han ajustado “estrictamente” al marco legal existente.

Sin entrar a valorar la denuncia en cuestión, desde la petrolera se insiste en que las inversiones realizadas por Repsol YPF en Bolivia desde 1997, en las actividades de exploración y producción, ascienden a 1.000 millones de dólares. Los impuestos pagados por la realización de sus actividades han sido de unos 800 millones de dólares. (29-07-2004)

 

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