Dinero

Alfredo Sáenz, consejero delegado del Banco Santander, mantendrá el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional a pesar del indulto del Gobierno

El Gobierno de Zapatero acordó, en el primer consejo de ministros tras las elecciones generales del 20 de noviembre, indultar al vicepresidente y consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz. Pero el número dos de Emilio Botín no va a quedarse ahí: busca la nulidad de la condena.

Según ha sabido El Confidencial Digital, de fuentes próximas a Sáenz, el primer ejecutivo del Santander mantendrá el recurso que tiene presentado ante el Tribunal Constitucional pese al ‘perdón’ del Gobierno. El banquero considera “lógica” la concesión del indulto pero espera que su recurso de amparo también prospere. Considera que el indulto del Ejecutivo “no es suficiente” porque no supone la eliminación automática de los antecedentes penales.

Esto no va a quedar aquí. Voy a ir a por todas”, ha hecho saber Sáenz a su entorno más próximo. De hecho, ya ha dado orden a sus abogados de continuar adelante con su petición de amparo al Constitucional con el objetivo de declarar nula toda la causa que comenzó en la Audiencia Provincial de Barcelona hace 17 años.

Tal como se contó en ECD (ver noticia), la concesión del indulto, y sobre todo el momento de aprobarlo, fueron medidos al milímetro y pactados mano a mano, directamente, entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, mirando a los intereses políticos de ambos. Lo negociaron pocos días antes del comienzo de la campaña electoral del 20-N, según fuentes de Presidencia del Gobierno.

El acuerdo buscaba dos objetivos, de mutua conveniencia: por un lado, no perjudicar la campaña del candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba; y, por otro, no pasar esa responsabilidad al Gobierno siguiente, previsiblemente del Partido Popular.

Un delito de hace 17 años

El delito por el que Sáenz ha sido condenado se remonta a 1994. Banesto, presidido por él tras la intervención por el Banco de España, presentó una querella criminal por estafa y alzamiento de bienes contra los empresarios Pedro Olabarría, Luis y José Ignacio Romero y Modesto González Mestre, a los que reclamaba una deuda de 600 millones de pesetas por las empresas del grupo Harry Walker a las que representaban.

El juez Luis Pascual Estevill dictó prisión preventiva para los denunciados. Esta decisión fue considerada injusta por el Supremo y el juez fue condenado en 1996 por prevaricación y detención ilegal.

Una vez archivada la causa, los empresarios y Rafael Pérez Escolar -consejero de Banesto durante la etapa de Mario Conde, ya fallecido- presentaron una querella contra Sáenz y los otros ejecutivos relacionados con Banesto.

Investigado el caso por el juzgado de instrucción número 20 de Barcelona, los directivos de Banesto lograron que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) diera por archivada la causa, por entender que las acusaciones de algunos de ellos habían prescrito y las dirigidas a Sáenz y otro acusado no eran constitutivas de delito.

Sin embargo, en mayo de 2006 el Supremo anuló esta resolución y ordenó al TSJC que continuara con la tramitación de la causa.

Condena

En diciembre de 2009, la Audiencia Provincial de Barcelona condenó a Sáenz a seis meses de prisión por los delitos continuado de acusación y denuncia falsa, pero le absolvió del de intento de estafa procesal.

En marzo de 2011, el Tribunal Supremo rebajó la pena: le condenó a tres meses de prisión y de inhabilitación para ejercer funciones en banca por el delito de acusación falsa.

Alfredo Sáenz pidió el indulto, algo que rechazó entonces el Supremo porque “no apreciaba la concurrencia de razones de justicia o equidad para la concesión del indulto”, e informó negativamente la solicitud, mientras que la Fiscalía se pronunció a favor.

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