Aparte de Lukoil, el Gobierno contactó con Total, British y un fondo árabe para la venta del paquete de Sacyr en Repsol
El Gobierno ha trabajado en cuatro direcciones distintas, con cuatro posibles compradores, para buscar una salida a Sacyr, que necesita vender su paquete en Repsol antes de final de año, única forma de que Luis del Rivero evite entrar en concurso de acreedores. La rusa Lukoil no ha sido, pues, el único contacto.
Fuentes empresariales a las que ha tenido acceso El Confidencial Digital cuentan que las gestiones se han realizado también con la francesa Total, con la inglesa British Petroleum, y finalmente con un fondo árabe.
Esta última opción, el fondo árabe, era la que menos gustaba al presidente del Banco Santander, principal avalista de Sacyr. Pero tampoco le place la opción de Lukoil, porque considera que no reúne suficientes avales para garantizar la compra. De hecho, Emilio Botín ha ejercido presiones directas para impedir la entrada de los rusos en la petrolera española. Estaría incluso dispuesto a quedarse él con el paquete de Sacyr, antes que dejarlo en manos de Lukoil.
Por el contrario, tanto La Caixa como Repsol se han pronunciado favorablemente a la opción rusa, y la caja catalana aceptar financiar el crédito que necesita, entre otras cosas porque son los el que más pagan: 26 euros por acción, cuando la cotización en la bolsa se sitúa en los 14. A 26 euros se alcanza la cantidad que “necesita” Luis del Rivero para salir del pozo en que se encuentra, porque es lo que él pagó, pero no sería suficiente si le pagan a 14 euros.
Ése es el problema de la opción francesa, o sea, de que el comprador pueda ser Total: que no estaría dispuesta a pagar, ni de lejos, los 26 euros por acción, aparte de que, como ayer apuntó Alfredo Pérez Rubalcaba (que sugirió que es la opción que a él le gusta), no tiene dinero. Como mucho, pagaría a 16 o 18 euros.
Precisamente la anomalía de que Lukoil ofrezca a Sacyr 26 euros por acción, frente a los 14 a los que se cotiza en el mercado continuo, plantea el problema de los minoritarios, que se verían perjudicados con una operación en la que ellos quedarían al margen. Este asunto puede plantear un problema legal que podría conducir incluso a la anulación de la compra, si se concluyera.
Además de todo esto, y de la evidente división que ha habido dentro del Gobierno sobre la entrada de Lukoil, la propia UE está presionando a España para que la venta no tenga lugar, por los riesgos que entrañan en general la economía y las empresas rusas, pero mucho más si una de ellas se convierte en operador energético destacado dentro del mercado europeo.
