Banqueros y bancarios, más cerca del banquillo de la Audiencia Nacional. La admisión de las querellas de Manos Limpias y de UPyD conducen a un macroproceso

La presión para judicializar la crisis bancaria se ha puesto al rojo vivo, y la Audiencia Nacional se perfila ya como el órgano que siente en el banquillo a banqueros y directivos bancarios, tanto por las irregularidades en la salida a Bolsa de Bankia y Cívica, como por la colocación fraudulenta de participaciones preferentes.

Según fuentes jurídicas y económicas consultadas por El Confidencial Digital, parece cantado que la Audiencia entienda de las demandas de responsabilidad civil y penal en la gestión de las entidades y los excesos jubilatorios de los directivos bancarios.

Hacia un macroproceso

La admisión de las querellas de Manos Limpias y de UPyD contra Bankia ha sido el empujón para abrir esa puerta. Tanto más cuando hay demandas del FROB contra gestores de Banco de Valencia, y de accionistas minoritarios de varias cajas en diversos juzgados de España que pueden acumularse también en la Audiencia Nacional a petición de los demandantes.

Lo nuevo en este caso es que las asociaciones de consumidores, las asociaciones de accionistas minoritarios, Manos Limpias, y el partido de Rosa Díez convergen ya en la presión procesal para que la Audiencia Nacional asuma todas las demandas dispersas en distintos juzgados, abra diligencias y termine dictando a la mayor brevedad posible apertura de juicio oral.

Los grupos implicados coinciden en ese objetivo y redoblarán la acción de comunicación para tener la garantía de un macroproceso, con instructor único, que tome velocidad en el procedimiento y genere repercusión mediática, según han confirmado a ECD las asociaciones ADICAE y FACUA.

Devolución del dinero de las preferentes

Las asociaciones mantienen como prioritario el objetivo de la devolución del dinero de las emisiones de participaciones preferentes, por valor de 6.000 millones, que están en manos de unas 700.000 personas.

Las demandas sostienen que las participaciones fueron colocadas sin informar de que eran deuda perpetua y no tenían el interés garantizado, sujeto al logro de beneficios por las entidades emisoras.

En esas colocaciones están implicadas 50 entidades financieras, tanto bancos como cajas, que están ofreciendo canjes en condiciones muy variadas pero que los clientes no admiten en su mayoría por ser poco ventajosas.

 

Tanto ADICAE como FACUA señalan “que las entidades están ofreciendo canjes por renta variable o acciones o depósitos que implican notables pérdidas de rentabilidad y mantener en sus manos varios años estos productos financieros”.

Las demandas por las preferentes van a seguir adelante pero, mientras tanto, estudian seriamente unirse a las demandas de anulación de la salida a Bolsa de Bankia y Banca Cívica que interpondrá AEMEC (Asociación de Accionista Minoritarios), y a las acciones de responsabilidad contra gestores y directivos por todo el rosario de irregularidades e ilícitos penales detectados.

Poca diligencia de la Fiscalía

Por otro lado no confían en la diligencia de la Fiscalía Anticorrupción. Los afectados y sus abogados ven ya muy claro que no tienen por qué esperar la acción de la fiscalía, y que nos les conviene un rosario desperdigado de demandas por toda España.

Un macroproceso les daría también bazas para obligar a las entidades financieras a negociar el resarcimiento del quebranto a cambio de retirar las demandas. De lo contrario, el juicio se convertiría en una campaña funesta para las entidades.

En lo que sí se abstienen los consumidores de banca y los accionistas minoritarios asociados es en respaldar las querellas a “la islandesa” contra Aznar, Zapatero y Rajoy planteadas ante el Tribunal Supremo por los sindicatos ELA-STV y CGI de Galicia, como presuntos causantes de la crisis financiera.

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