Batalla en el Canal Isabel II: las empresas de ‘call centers’ piden aclaraciones sobre el contrato a Atento, el gerente está en el aire

La adjudicación, en primera instancia a Atento, de Telefónica, provocó más que malestar entre las demás empresas candidatas, porque no era la que había presentado la oferta más económica. Pero más aún ha sorprendido, por falta de explicaciones, la decisión de suspender el concurso y dar marcha atrás.

El trasfondo es una nueva disputa entre el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad, ya que fueron los miembros del Consistorio municipal que forman parte del Consejo de Administración del Canal los que se opusieron al fallo del concurso, por no estar de acuerdo con el procedimiento.

Según informaciones publicadas ayer, Esperanza Aguirre ha exigido al presidente del Canal, Ignacio González, la destitución del gerente, Ildefonso de Miguel, quien se fue de vacaciones el pasado 5 de junio a pesar de haber importantes decisiones pendientes, como la adjudicación del ‘call center’.

Atento no era la oferta más baja

No se entiende tampoco la decisión del Canal de que el nuevo servicio de ‘call center’ se preste dentro de las oficinas de la sociedad, en su edificio de la calle José Abascal. Hasta ahora, y durante ocho años, se ha hecho desde las instalaciones de la compañía que prestaba el servicio.

Ubicar en el mismo lugar a trabajadores del Canal y a empleados externos puede ocasionar momentos difíciles, al unirse situaciones contractuales con distintos comités de empresa bajo un mismo control. Por ejemplo, un conflicto laboral en una de las partes puede ser secundado por la otra.

Por si fuera poco, con esta decisión el servicio de atención al cliente pasaría, de ser un teléfono 900 (gratuito), a un 902 (con coste para el ciudadano).

El concurso se publicó a finales del pasado año, y se presentaron diez empresas: Unitono, Eurocen, Konecta, Servinform, Sitel, Gss Venture, Qualitel, Unisono, Atento, UTE Iberphone-Eulen.

Según el pliego, la oferta económica tendría una valoración de 50 puntos sobre un total de 100, y la técnica, el otro 50%. Así, la oferta más económica obtendría 50 puntos, y la más cara 35,64 puntos, para una diferencia de casi 2 millones de euros entre un licitador y otro. Con esta fórmula, no se creaban grandes distancias en la valoración económica, por lo que realmente la ponderación real de la parte económica era inferior a 15 puntos, y no alcanzaba el 15% de la valoración total de las propuestas.

El pliego también establecía que la valoración económica debía hacerse de forma que la base de la valoración fuera homogénea para todos y poder así puntuarse con garantías de exactitud en la equiparación de las mismas. De este modo, lo lógico, antes de la valoración, era comprobar la homogeneidad de las ofertas, y en su defecto realizar la homogeneización necesaria para hacer comparables las mismas a efecto de su puntuación, si bien en el pliego no se señalaba ninguna descripción del método ni de los criterios para llevarlo a cabo.

Sin embargo, en fuentes de varias empresas licitadoras se indica que las valoraciones económicas no coincidían con las obtenidas a partir de las ofertas económicas anunciadas en la mesa de contratación, por lo que todo apunta a que se realizó algún tipo de “homogeneización” de las ofertas, aunque sin informar a los licitadores de la misma ni del procedimiento con el que se ejecutó.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad acordó, el 21 de mayo, adjudicar el contrato a la empresa Atento Teleservicios España, por un importe de 25.717.282,10 euros y un plazo de ejecución de 4 años. La de Atento no era la oferta económica más baja.

Ante ello, las mismas fuentes plantean la existencia de presuntas irregularidades en la valoración técnica y económica por parte de Canal de Isabel II a favor de un licitador concreto, Atento, una empresa, además, involucrada en los últimos años en huelgas, despidos masivos y problemas de absentismo laboral, y que el propio presidente de Telefónica, César Alierta, ha dejado de considerarla un negocio estratégico.