Cerco a las bajas laborales abusivas. Los médicos tendrán que justificar en cinco días por qué alargan un permiso de incapacidad para trabajar

Según ha sabido El Confidencial Digital de fuentes conocedoras de la reforma que prepara el Gobierno, el ministerio de Empleo elabora ya un borrador para introducir cambios en la Ley de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.

El objetivo del departamento que dirige Fátima Báñez es reducir el gasto en prestaciones por incapacidad temporal en los Presupuestos del año que viene, es decir, el dinero que destina el Estado para pagar a los trabajadores las bajas laborales por enfermedad. En 2013 se ha destinado una partida cercana a los 6.000 millones de euros.

Mayor justificación de las bajas

Pues bien. Las fuentes a las que ha tenido acceso ECD explican que la nueva normativa exigirá a los facultativos de la Seguridad Social, tanto a los médicos de cabecera como a los especialistas, un informe razonado que justifique por qué rechazan un alta y, por tanto, deciden prolongar la baja de un trabajador.

Actualmente, los profesionales del Sistema Público de Salud deben pronunciarse en un plazo de 15 días a la petición de las mutuas privadas sobre bajas de contingencia laboral por enfermedades comunes. Ahora, se pretende reducir a cinco días ese plazo para que los médicos de la Seguridad Social tomen una decisión.

Las mutuas solo pueden dictaminar, al menos hasta ahora, altas en las bajas producidas por un accidente laboral o enfermedad profesional reconocida, por lo que necesitan la firma de un facultativo de la sanidad pública para conceder el alta a un paciente por una enfermedad común.

Que las bajas no se alarguen

Según las fuentes consultadas, los responsables de la Seguridad Social persiguen que las bajas médicas de los trabajadores no se alarguen más allá de lo necesario por el paciente.

“Ahora hay médicos de cabecera y especialistas que demoran en el tiempo la tramitación de las solicitudes de alta”, explican fuentes de la administración sanitaria.

Esto implica que si el profesional del Sistema Público de Salud que debe dar el alta no contesta en esos 15 días que marca la actual legislación, el trabajador sigue automáticamente de baja y cobrando la prestación por incapacidad laboral.

Acceso a los historiales clínicos

Otra de las medidas que se incluyen en el borrador de la reforma es una mayor coordinación del Estado con las Comunidades Autónomas, que permita a los inspectores del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) el acceso informático a las historias clínicas de los diferentes servicios públicos de salud.

De esta manera, el ministerio de Empleo podrá tener un control estricto, especialmente, de los procesos médicos de corta duración (entre 1 y 30 días), donde se concentran la mayor parte de estas bajas laborales abusivas.

Menos bajas y más cortas

Fuentes del Gobierno reconocen que buscan aprovechar la tendencia que muestra que las bajas médicas están descendiendo considerablemente para fulminar totalmente las prácticas abusivas que aún existen. En 2012 se contabilizaron un 30% menos de bajas en España que el año anterior.

Explican que muchos trabajadores prefieren no faltar al trabajo por miedo a ser despedidos, o ausentarse el mínimo tiempo posible, salvo en procesos estrictamente obligados por el médico. Incluso, añaden, se están produciendo algunas bajas voluntarias.