Los resultados del 27-S serán determinantes

El gigante del juego Cirsa está dispuesto a abandonar Cataluña si declara la independencia

Altos ejecutivos de la compañía han manifestado en privado que una de las posibilidades es el traslado de su actual sede en Tarrasa a otra región de España

Uno de los casinos de Cirsa.
Uno de los casinos de Cirsa.

En la multinacional del juego Cirsa, con sede en Tarrasa, no hay ningún planteamiento concreto sobre un hipotético escenario de independencia en Cataluña. Al menos, oficialmente. La compañía continúa centrada en el día a día, aunque con la vista puesta en las elecciones del 27-S. Pero abandonar la región no se descarta como una de las posibilidades.


Según fuentes conocedoras de la situación empresarial en Cataluña, consultadas por El Confidencial Digital, los planes de importantes multinacionales para abandonar la comunidad se han intensificado en los últimos meses, ante lo que consideran incierto escenario (salida de la zona euro, problemas de aduanas, rechazo del resto de España, etc.) en el que se está adentrando la Generalitat.

Más aún, se han acelerado e incrementado notablemente las reuniones de las cúpulas de importantes compañías con los máximos responsables de sus departamentos de Recursos Humanos, para diseñar operaciones de traslado de sus sedes corportivas fuera de Cataluña.

El amago del gigante del juego Cirsa

En este escenario, según ha sabido El Confidencial Digital, a través de fuentes empresariales catalanas, altos ejecutivos de Cirsa, la primera compañía de juego y ocio en España y Latinoamérica, han dejado entrever en conversaciones privadas con importantes dirigentes en la región que están dispuestos a abandonar Cataluña “si las cosas se ponen muy feas”.

Cirsa es una empresa española de juego y ocio fundada en 1978 y uno de los líderes mundiales en el sector. Tiene más de 14.000 empleados y 212 empresas presentes en más de 70 países. Cuenta con 88 bingos, 25 casinos y más de 50.000 máquinas recreativas en funcionamiento.

Fuentes de la compañía aseguran a ECD que, sin embargo, no existe un planteamiento concreto en este asunto porque no hay ningún hecho en firme que permita trazar un escenario u otro. “La situación es imprecible y con resultados inciertos”, concluyen. Consideran que lo mejor, en este momento, es “esperar y ver” y dedicarse mientras a sacar la empresa adelante.

No obstante, en línea con la intención manifestada en privado por algunos directivos de la compañía, sí sostienen que, “en función de la deriva que tomen los acontecimientos, se tomarán las decisiones oportunas”.

Algunos ejecutivos se han pronunciado en público

Algunos otros ejecutivos, como el presidente de Volkswagen Audi España Ludger Fretzen, ya lo advirtió hace dos años en público, después de la gran manifestación de la Diada en Barcelona.

Lo hizo al mismo tiempo que otros importantes empresarios como el desaparecido José Manuel Lara (Planeta) y José Luis Bonet (Freixenet). Declaró: “Si Cataluña continúa por la vía de declararse independiente, sacaremos nuestra sede de Barcelona”.

Tras esa advertencia, Volkswagen Audi España no ha negado en ningún momento que estén diseñando planes para sacar su sede corporativa de Cataluña, concretamente para trasladarla de El Prat de Llobregat a Madrid, si la independencia perjudica gravemente los intereses de la compañía.

 

Desde 2010, son ya más de 1.500 las firmas que han dejado Cataluña para instalarse en la capital de España, una comunidad con una fiscalidad más atractiva y, frente a un hipotético proceso de secesión, con un marco jurídico y político mucho más estable.

El Gobierno facilita la salida de empresas

La deriva secesionista preocupa a las grandes empresas ubicadas en Cataluña que quieren estar preparadas para salir del territorio si finalmente se consuma la independencia de la región. Así se lo han hecho saber al Gobierno, que se ha hecho eco de estas peticiones facilitando los trámites para cambiar el domicilio fiscal dentro de España. El cambio legal, que tan sólo modifica tres palabras de la Ley de Sociedades de Capital, entró en vigor en el BOE el pasado 26 de mayo.

Hasta ahora, las empresas que querían cambiar su sede social debían convocar una junta de accionistas para aprobar la medida, salvo si se trasladaban a una dirección en el mismo municipio. En ese caso, el órgano de administración podía decidir unilateralmente el cambio de sede sin consulta alguna.

La nueva ley permite que el consejo de administración de una gran empresa pueda aprobar el cambio de sede a cualquier lugar de España sin consultarlo a la junta. El cambio legislativo, según reconocen fuentes oficiales, se introdujo por presiones de algunas grandes cotizadas catalanas contrarias a la independencia que deseaban, ante una posible secesión, trasladar su sede a Madrid.

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